PUEBLA, Pue. (proceso.com.mx).- Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, fundador de la Unión de Vendedores y Ambulantes “28 de Octubre”, aseguró que el arraigo domiciliario que le impuso el gobierno de Puebla, más que una concesión humanitaria, equivale a una “ejecución extrajudicial”, pues lo que buscan es que muera en su casa para librar de responsabilidad al Estado. En la primera rueda de prensa que ofrece desde que fue reaprehendido el 19 de diciembre de 2014, Sarabia Sánchez acusó al gobierno de Antonio Gali Fayad de aplicar, a través de su secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, la misma política represiva y autoritaria que Rafael Moreno Valle. Instalado ya en su departamento en la unidad habitacional Villa Frontera -luego de que el 30 de marzo un juez ordenó su arraigo domiciliario supuestamente en atención a su “precario estado de salud permanente”- el luchador social aseguró que la situación de prisión domiciliaria más que facilitar, dificulta la atención médica que requiere. “Sí padezco graves problemas de salud, pero no son ni inmediatamente mortales, sino crónico-degenerativos. Me mandan a morir a mi casa, con mis familiares”, expresó al explicar que ahora, cada que requiera atención hospitalaria, tendrá que hacer una serie de trámites que dificultarán aún más su recuperación. El líder de los vendedores ambulantes reveló que padece enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y cirrosis. “Es un discurso faccioso, mentiroso, dicen que es por mi salud (el arraigo)”, señaló Simitrio, “pero ustedes ven el espacio de estos departamentos, no puedo acercarme a los perímetros de la casa sin el riesgo de que agentes nuevamente me lleven a prisión otra vez. “Alerto al pueblo en lucha sobre el riesgo de que se pretenda aplicarme alguna forma de ejecución extrajudicial”, expresó, al hacer referencia que desde el 30 de julio de 2016 obtuvo un amparo de la justicia federal que lo debió poner en libertad, pero que el gobierno de Puebla ha recurrido a argucias legales para evitar hacerlo efectivo. Además, afirmó que el proceso 9/17 de lo penal, en el que lo acusan de narcomenudeo junto a sus dos hijos aún en prisión, fue armado por el entonces procurador de Justicia y ahora fiscal  general del estado, Víctor Carrancá Bourget. Simitrio reiteró lo que ya en otras ocasiones había revelado su hijo Tonatiuh Sarabia, que en febrero de 2014 el entonces secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, le pidió que pusiera al servicio del gobierno de Moreno Valle a la organización “28 de Octubre”, que en ese entonces había apoyado a diversas movilizaciones sociales. “Me explicó que el gobernador no quería sumisión ciega, no, pero sí subordinación total y entonces comenzó a amenazarme sutilmente mencionando que en el (mercado) Hidalgo se vende más del 80 por ciento de toda la droga que circula en Puebla…que uno de tus hijos está involucrado en la venta de protección a narcotraficantes”, recordó. Dijo que al no aceptar entregar la organización a Moreno Valle fue lo que derivó en la campaña de exterminio contra la “28 de Octubre”, como fueron los operativos contra agremiados, la incursión de vándalos en mercados, la pérdida de espacios, su encarcelamiento y el de otros cuatro miembros, así como órdenes de aprehensión contra su esposa Rita Amador y otros integrantes. En el penal de San Miguel, en esta ciudad, aún continúan presos sus dos hijos, Atl Rubén y Xihuel Sarabia Reyna quienes están acusados de narcomenudeo. También están recluidos Fernando Alonso Rodríguez, integrante del Consejo General de Representantes de la organización y José Muñoz Villegas, líder de los taxistas. Sergio León y Silverio Montes, otros dos miembros de “La 28” se encuentran libres bajo fianza. Aparte, narró las constantes amenazas a las que han estado sujetas las mujeres de su familia, como lo son su esposa Rita Amador y sus nueras, quienes reciben constantes llamadas anónimas para asegurarles que serán detenidas o que las asesinarán a ellas o a sus hijos. Sarabia Sánchez adelantó que la agrupación mantendrá sus movilizaciones para exigir la libertad de los 365 presos y perseguidos políticos en Puebla.