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Caso Tarín García: una crónica de la complicidad y la desvergüenza

La descomposición política en el país, sumada al cínico afán del PRI por solapar los casos más grotescos de corrupción en sus filas, al legalismo de la Cámara de Diputados, así como a la impericia del gobierno de Chihuahua para actuar judicialmente, significó la salvación del legislador suplente Antonio Enrique Tarín García. Amigo y socio del exgobernador priista César Duarte, sobre quien pesa asimismo una orden de arresto con fines de extradición, es acusado por la administración de Javier Corral de incurrir en peculado en perjuicio de esa entidad.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La muerte del diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, ocurrida el 20 de marzo último, desencadenó una crisis política en la Cámara de Diputados: el suplente de este legislador, Antonio Enrique Tarín García, se agazapó durante 28 horas en el recinto legislativo para evitar ser capturado y que se le juzgue por peculado cometido contra el gobierno de Chihuahua.

Durante ese lapso se abrió la posibilidad de que la Cámara de Diputados fuera invadida por agentes policiacos. El grupo parlamentario del PRI y la Mesa Directiva de San Lázaro, a cargo del PAN, iniciaron un jaloneo jurídico, político y verbal, mientras el gobierno del estado de Chihuahua presionaba para que sus policías ministeriales cumplieran la orden de aprehensión.

Por un lado, la discusión sobre el principio de “inviolabilidad” del recinto, contenido en la Constitución, y por otro la pifia del gobierno estatal al no solicitar a un juez girar la petición al Legislativo, dieron el tiempo suficiente para que Tarín García –ante su fracaso de obtener el fuero– obtuviera de un juzgado local la “suspensión provisional” que le permitió abandonar tranquilamente San Lázaro con la certeza de que no sería detenido.

No obstante, de manera insólita, policías ministeriales de Chihuahua le cerraron el paso al integrante del Congreso federal durante poco más de 20 minutos. Ante la opinión pública, esta instancia legislativa proyectó la imagen de una institución que da refugio a presuntos delincuentes.

“La Cámara no protegió a nadie. El dipu­tado Tarín no tomó (en lugar de “rindió”) protesta”, dice a Proceso la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía.

Las 28 horas en las que el desprestigio ensombreció con mayor intensidad a San Lázaro fueron asumidas como “un daño menor” ante el ultraje que hubiera representado el ingreso de policías.

La responsable de velar por la integridad de los 500 diputados federales y las instalaciones de la Cámara afirma: “Cualquier otra medida hubiera sido considerada como un acto con sesgo partidista. Y yo estoy obligada a respetar las leyes, actuar con imparcialidad y objetividad”.

Desde las nueve de la mañana del martes 28 de marzo Murguía empezó a recibir llamadas desde Chihuahua. El secretario de Gobierno, César Jáuregui, le explicó la situación y solicitó que no se le tomara protesta como diputado propietario a Tarín García.

“Necesito un respaldo, una petición formal para hacerlo. De lo contrario no podría impedirlo”, fue la respuesta de Murguía, según las versiones recabadas por Proceso.

Eran las 11:00 horas y el caos reinaba en San Lázaro. Tarín García, quien desde las 9:00 horas estaba en el recinto, se paseaba aún por el pleno en espera de que se le tomara protesta como diputado titular. La Mesa Directiva convocó “tras banderas” a reunión urgente. Murguía explicó la situación y el PRI exigió el inicio de la sesión y del acto de investidura, pues la normatividad interna marca que al estar presente el personaje debe otorgársele su derecho.

El PAN y Morena se opusieron. Se pidió receso para consulta y a las 12:15 la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva recibió un escrito, sin sello oficial pero con la firma del fiscal general del estado de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel: notificaba que derivado de una carpeta de investigación, el juez de control del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua resolvió girar orden de aprehensión contra “el imputado”.

“Remito a usted el mandato judicial, solicitando su apoyo y colaboración”, indicaba el documento, al cual se anexó la orden de aprehensión, con fecha del 27 de marzo, girada por el juez, así como la causa penal 780/2017.

El caos aumentó: el PRI sostuvo que no se trataba de una notificación formal. El vicepresidente nacional del PAN, Javier Bolaños, propuso que la cámara hiciera “algún tipo de indagatorio”, recuerda Ernestina Godoy, integrante de la mesa y presente en la discusión. “El PRI lo rechazó tajante y aclaró que al no ser ejecutoria, los derechos de Tarín García no estaban suspendidos, por lo que insistió en tomar protesta”.

El área jurídica entró en acción y sostuvo que sí podía realizarse el protocolo, y como antecedente se recordó el caso del diputado por Michoacán Julio César Godoy, acusado de narcotráfico y quien, luego de burlar a la Policía Federal –que estaba apostada afuera de San Lázaro–, y con un amparo bajo el brazo, ingresó al recinto y logró que se le tomara protesta, aunque días después se dio a la fuga. Hasta hoy se desconoce su paradero.

Morena conminó en ese momento al PRI “a reflexionar, actuar con ética e impidiera la protesta hasta que se resolviera su situación jurídica”, relata la diputada Godoy. A la petición se sumaron PAN, MC, PES y Panal. El PRI cedió.

Entre tanto, Tarín García se refugió por espacio de media hora en la oficina del vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, para luego atrincherarse en la coordinación de los legisladores de Chihuahua, a cargo de Fernando Uriarte Zazueta, desde las 14:30 pm hasta las 9:00 del día siguiente.

Empezó entonces el jaloneo del PRI con la Mesa Directiva, y el de ésta con el gobierno de Chihuahua.

La diputada Murguía sostiene que habló con el secretario de Gobierno del estado, César Jáuregui, y le argumentó “la inviolabilidad” del recinto legislativo, además de señalarle que sin orden judicial dirigida a la Mesa Directiva no podía permitir el ingreso de los policías a San Lázaro.

Llegó entonces a sus oficinas un escrito, con sellos de la Función Pública local, en el que se informaba: “Con la anuencia, complicidad y autorización” de Antonio Enrique Tarín García, presidente del Comité de Adquisiciones durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua, funcionarios realizaron pagos ilegales por 246 millones de pesos, “sin que se hubieran recibido los bienes o prestado los servicios que fueron contratados”.

A continuación se detallaban cuatro contratos con clave, monto y objeto.

Mientras tanto, Tarín García desayunaba en el restaurante de San Lázaro en espera de la suspensión provisional. El fiscal chihuahuense, César Augusto Peniche, tenía apostados a cerca de 50 elementos policiacos distribuidos en cada una de las entradas de la cámara e hizo un último intento.

Se dirigió a la Secretaría Técnica, pero ahí se le repitió lo mismo que al secretario de Gobierno: sin orden judicial no se permitiría el ingreso de los agentes para la detención.

El tiempo transcurrido, el respaldo del PRI, “que no lo sacó de las instalaciones”, y la impericia del gobierno de Chihuahua, contribuyeron a que Tarín García obtuviera la suspensión y saliera protegido por elementos de resguardo de San Lázaro con rumbo desconocido. Murguía dijo que aún se indaga quién les dio la orden a esos elementos.

Clan de corruptos

Carlos Hermosillo Arteaga, el diputado titular fallecido; Tarín García, su suplente, y Fernando Uriarte Zazueta, coordinador priista de la bancada de Chihuahua, fueron funcionarios clave en la administración de César Duarte.

Tarín García, como director de Adquisiciones que presuntamente consintió el desvío de recursos públicos, logró crear tres redituables negocios: Pasturas y Forrajes Los Potrillos, en marzo de 2014, según folio mercantil 28992; al mes siguiente, Kurabu de Chihuahua, cuyos giros son bares, cafeterías, salones privados y discotecas, además de poder “obtener capital en préstamo, emitir títulos de créditos, endosar toda clase de documentos y comprobantes de adeudos, organizar sociedades, explotar franquicias, etcétera”, según folio 28840.

Para mayo del mismo año conformó una empresa más, Buta de México, “para criar, comercializar, procesar y demás todo tipo de ganado, (folio 7277): un negocio compatible con la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) que tenía su compañero de fórmula para la Cámara de Diputados y hombre clave de César Duarte: Carlos Hermosillo Arteaga.

Otro de los hombres de confianza de Duarte fue el diputado y coordinador de los legisladores federales de Chihuahua, Uriarte Zazueta, quien le dio refugio a Tarín García en San Lázaro.

A su paso por el gobierno estatal y antes de obtener fuero, este último ocupó los cargos de secretario de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano y Ecología y presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez. También tiene su negocio propio: la Promotora Prymus, que fue proveedora del estado.

Pero la pieza clave de los negocios de Duarte fue el fallecido diputado Hermosillo Arteaga, quien de chofer pasó a ser próspero banquero en la entidad, según datos del Registro Público del Comercio de Chihuahua.

De ser un modesto funcionario de Telégrafos en su ciudad natal, Parral, a la llegada de su jefe al gobierno de Chihuahua brincó a la Dirección del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas, y como empresario constituyó la sociedad Rastro Regional TIP Desarrollo Ganadero, S.A. de C.V.

En 2011 ya era accionista, junto con Duarte, de la Financiera División del Norte, S.A. de C.V. (Sofom). Tenía acciones por 2 millones 100 mil pesos, y Duarte, 34 millones 840 mil pesos, de acuerdo con el folio mercantil 24139.

También fungió como director general de Administración de la Secretaría de Hacienda y como presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento del estado.

Y, según reveló el activista Jaime García Chávez, formó parte en la conformación del Banco Progreso Chihuahua, para la que Duarte aportó un capital de 65 millones de pesos. El banco nació de una fusión de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo), Akala Financiera, Unión Progreso (Hermosillo Arteaga tuvo una participación accionaria en ésta de entre 6.55 y 9.20%) y la Casa de Cambio Única.

Este reportaje se publicó en la edición 2109 de la revista Proceso del 2 de abril de 2017.

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