Cacería de periodistas

Tres periodistas asesinados y uno herido fue lo que dejó marzo en México. El número de agresiones a comunicadores es inédito y llama la atención ya en todo el mundo. Defensores del gremio, preocupados por el nivel de impunidad con el que ocurren tales atentados, enumeran para Proceso las deficiencias de los mecanismos de protección instituidos y enfatizan la evidente falta de interés de los gobiernos estatales y del federal para ponerle fin a esa carnicería que, por principio de cuentas, atenta contra la democracia.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante marzo, los atentados contra periodistas evidenciaron la impunidad, la debilidad de las estructuras del Estado creadas para prevenir y sancionar los ataques contra el gremio y el desdén del gobierno de Enrique Peña Nieto para reaccionar de manera inmediata ante la tragedia que en ese mes dejó una estela de tres comunicadores asesinados, uno gravemente herido y uno más, intimidado por un intento de asesinato.

El “mes negro” para la prensa en México, como lo califican organizaciones de defensa de la libertad de expresión, fue motivo de comunicados de organismos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que aparenta ser un repunte peligroso de la violencia contra los periodistas.

Los asesinatos de Cecilio Pineda Birto, en Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz, y Miroslava Breach, en Chihuahua, así como los atentados contra Armando Arrieta, de Veracruz, y Julio Omar Gómez, de Baja California Sur, causaron alarma entre defensores, como Carola Hausotter, responsable de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, organización de 15 colectivos radicados en Alemania y dedicados exclusivamente a observar la situación de los derechos fundamentales en nuestro país.

De visita en México en esos días, Hausotter y Cristina Valdivia, de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, fueron a Chihuahua, donde se entrevistaron con defensores y periodistas, seis días después del asesinato de Breach.

“Había tensión entre las organizaciones sociales y los periodistas. Era claro que después del asesinato se sentía una intimidación tremenda; pero lo que más nos sorprendió es que hasta ese momento –habían pasado 24 días del asesinato de Cecilio, 11 del de Ricardo y seis del de Miroslava– no hubo reacción política ni de Peña Nieto ni de miembros de su gobierno”, reflexiona Carola en entrevista con Proceso.

Continúa: “Que no haya salido Peña Nieto a declarar algo inmediatamente es algo impensable en cualquier país europeo, pero es una señal del nivel de relevancia que tiene para ellos el problema de la violencia hacia los periodistas”.

La defensora, cuya labor es cabildear entre funcionarios y parlamentarios de su país y de la Unión Europea para que ejerzan presión política en México, dice que desde 2010 la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, con sede en Stuttgart, ha ido detectando un “incremento de violencia y de peligro” hacia el gremio periodístico, situación que desde entonces está presente en el Parlamento Europeo.

“México se vende muy bien en Europa como un país que firma todos los tratados de derechos humanos; por eso cuando se conocen noticias de asesinatos de periodistas y el alto nivel de impunidad, la mayoría de los parlamentarios y políticos no lo pueden creer”, apunta.

No hay interés

La revisión de los fondos destinados a las áreas encargadas de la atención a periodistas agredidos –en cuanto a protección y procuración de justicia– muestran qué lugar tienen los derechos humanos para la actual administración.

Aunque en la documentación pública de la Secretaría de Hacienda no se advierte dónde está el fideicomiso formado para financiar las tareas del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, en la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación se advierte que el área encargada de operarlo, la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos, tuvo un decremento presupuestal de casi 77%, al pasar de 279 millones 934 mil 171 pesos en 2016, a 64 millones 230 mil 588.

En tanto que dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), también se vio afectada con una disminución en sus aportaciones, al pasar de 26 millones 62 mil 324 pesos el año pasado, a 18 millones 433 mil 763 en 2017.

Siete días después del asesinato de Miroslava, en un acto público, Peña Nieto hizo mención de las “agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, como las ocurridas recientemente en Guerrero, Chihuahua y Veracruz”, sin dar cuenta de los nombres, luego de recibir el informe de labores de 2016 del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Luego de escuchar del ombudsman que el año pasado hubo 13 asesinatos de comunicadores o defensores de los derechos humanos, así como que ser alguno de ellos “siguió siendo una ocupación de riesgo en nuestro país”, Peña Nieto se limitó a ofrecer una “revisión del diseño y operación” del Mecanismo de Protección de ambos gremios, a nivel federal y estatal, al considerar que cuidarlos “es una responsabilidad que exige corresponsabilidad”.

En la víspera de la presentación del informe, González Pérez habló con Proceso de los agravios contra periodistas que, según los registros de la CNDH de 2000 a la fecha, suman 123 homicidios, 20 desapariciones, 51 atentados a instalaciones de medios, y acumulan desde 2010, 628 quejas. Del total de homicidios, la tercera parte (42) ha ocurrido durante el gobierno de Peña Nieto.

“Reprocho que en los tres niveles de gobierno no se generen las condiciones para que el ejercicio periodístico pueda ejercerse sin los riesgos tan graves como los que estamos viviendo, y que el mensaje es ese: quieren silenciar la libertad de expresión”, acusa González Pérez.

El ombudsman advierte que si bien los casos recientes no son los primeros con esas características de agresión, sí dan cuenta de que “el poder real es el crimen organizado, que intimida agrede y priva de la vida”.

Al destacar que las cifras de atentados contra la prensa en México coinciden con los 10 años de “guerra contra el narcotráfico”, el presidente de la CNDH advierte que las agresiones a los periodistas están presentes en las regiones afectadas en temas de seguridad, de ahí que “hay un efecto real por la incursión del crimen organizado, se volvió un factor real de agresión; no es necesariamente que lo haga solo, puede tener la tolerancia de policías que pueden estar coludidos”.

El año pasado, González Pérez emitió la Recomendación General 24, en la que hacía observaciones a autoridades de los tres niveles de gobierno sobre las medidas a tomar para garantizar la libertad de expresión, documento que, reconoce, “no ha tenido mayor incidencia” en el cambio de políticas públicas.

Sin embargo, la investigación que dio origen a dicha recomendación le permite identificar algunas fallas, tanto en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación, como en la FEADLE.

Del primero, expresa su “preocupación” por lo declarado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, de la falta de recursos para atender las medidas de protección para cerca de 600 beneficiarios del Mecanismo.

“Vemos con preocupación que la circunstancia no mejora y no sólo es cuestión de recursos, sino de voluntad política”, apunta González Pérez y señala que los gobiernos estatales “tienen que ser preventivos y generar condiciones que eviten el riesgo”.

Para el ombudsman, a final de cuentas, “lo principal no es dinero, sino la efectiva procuración de justicia que abata la impunidad; es lo que podría revertir el ­círculo vicioso de agresiones a periodistas, pues los casos no se esclarecen, y eso es problema de la federación y de las procuradurías o fiscalías estatales”.

En el caso específico de la FEADLE, alerta que pese a que se le ha revestido de la legislación necesaria, son pocos los casos que atrae, aunque, advierte, “no todos deben ser investigados por la federación, porque los gobiernos estatales también tienen que asumir su responsabilidad”.

Impera la impunidad

Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros sin Fronteras (RSF) abunda en las deficiencias de la FEADLE: “Tiene un mandato específico que es investigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión y eso no está ocurriendo; la PGR no tiene hasta el momento un protocolo de investigación de esos delitos”.

Señala que “la falla principal es que no ha habido una política sólida para combatir a fondo la impunidad”, y dice en entrevista que en la actual gestión del titular de la FEADLE, Ricardo Nájera, “lo que ha estado haciendo es devolver las investigaciones a las procuradurías locales”, en tanto que en los casos que ha decidido tomar, “lo cierto es que sólo abre carpetas de investigación que alimenta con lo que hacen las procuradurías locales”.

Ejemplifica con el caso de Armando Rodríguez, del Diario de Juárez, asesinado el 13 de noviembre de 2008: “Después de siete años la FEADLE consignó a dos personas, autores materiales del crimen, que ya estaban en prisión por otros delitos: es interesante que los haya consignado, pero se tardó mucho”.

Flores insiste en que RSF ha detectado que esa dependencia frecuentemente niega el acceso de las carpetas de investigación al Mecanismo de Protección, con el argumento de la secrecía en las indagatorias. “Pero en realidad niegan la información porque no hay avance en las investigaciones”.

En cuanto al Mecanismo de Protección, dado que de los recientes casos resalta que a Cecilio Pineda se le dio de baja como beneficiario en octubre del año pasado, en tanto que un escolta de Julio Omar Gómez murió en el atentado en su contra, para la corresponsal de RSF, después del “marzo negro”, urge que este órgano de gobierno haga una revisión profunda.

Dice: “Estos hechos nos muestra el debilitamiento del Mecanismo, que no es una instancia fuerte; no sabemos qué se está planteando para fortalecer sus áreas de seguimiento, de revisión de medidas, de monitoreo, y le acaban de matar dos escoltas”, otro de ellos caído el 24 de marzo, mientras resguardaba a la defensora sinaloense Alma Barraza.

Flores no oculta su indignación por lo ocurrido a la prensa en marzo: “Estoy enojada. Uno piensa que las cosas pueden cambiar, pero veo los casos de Miroslava, Cecilio y Armando, y me digo: ‘No puede ser que volvamos a ver una situación que ya hemos vivido’. En 2012, en un solo mes mataron a seis colegas de Veracruz, y ese también fue un año terrible para los periodistas en México”.

Desde Nueva York, Carlos Lauría, coordinador en jefe para América del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), reflexiona sobre la “profunda crisis de libertad de expresión” derivada de la violencia y la impunidad contra los comunicadores, y que para él las víctimas no sólo son los periodistas sacrificados, sino la sociedad mexicana.

En entrevista, Lauría observa “unos agujeros negros importantísimos en materia de información, que se producen en el clima de temor e indignación en el que trabajan los periodistas y los medios”.

Considera que “las oleadas de violencia dependen en muchos casos de la dinámica del crimen organizado y cómo se colude con las distintas estructuras gubernamentales y aparatos policiacos de distintos estados”, e insiste en que las agresiones contra la prensa “inhiben el debate de temas importantes, y al no producirse un debate abierto, la calidad de la democracia está siendo atacada”.

El representante de CPJ coincide con los demás entrevistados en identificar la falla central en el “sistema de justicia criminal, la FEADLE, y para el que no hay excusas; se han creado los mecanismos, los cuerpos procesales, se ha cambiado la ley y la cuestión sigue sin resolverse”.

En vísperas de presentar un informe sobre la situación de los periodistas en México, quienes para Lauría son los más afectados de esta crisis, dice convencido que tras 15 años de viajar por el país para documentar agresiones contra el gremio y de tener interlocución con funcionarios de distintos niveles de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no le queda duda de que “son conscientes de la dimensión del problema”.

Lauría, quien adelanta que el informe del CPJ se presentará en mayo en Veracruz, analiza “falencias del sistema de justicia, de los mecanismos y cuerpos que se han creado a partir de la situación de extrema violencia” en México, y apunta que de su trato con funcionarios de los tres presidentes señalados puede asegurar que “ninguno de ellos (de los mandatarios) ha decidido que este tema de la crisis de libertad de expresión, de protección de periodistas, incluida la cuestión judicial y de impartición de justicia, sea prioritaria en la agenda del gobierno para poner la voluntad política y todo el peso de la administración de gobierno a resolver el problema”.

Agrega que la situación es tan grave, que un estado como Veracruz es considerado por el CPJ como el “más peligros para ejercer el periodismo en el hemisferio”, de ahí que el reto rebasa las capacidades incluso de un gobierno.

Este reportaje se publicó en la edición 2109 de la revista Proceso del 2 de abril de 2017.

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