Expertos, académicos y activistas conforman la “Plataforma contra la impunidad y la corrupción”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones civiles, académicos y especialistas de derechos humanos nacionales y extranjeros anunciaron este lunes la conformación de la “Plataforma contra la impunidad y la corrupción”.

Luego de denunciar que el principal obstáculo en la lucha contra la corrupción “es el pacto de impunidad del que gozan las elites políticas y la falta de voluntad para romperlo”, destacaron la necesidad de una cooperación internacional “para gestar mecanismos realmente independientes y efectivos de investigación y persecución del delito, que también asegure el derecho a la verdad”.

Los expertos se pronunciaron por el cumplimiento de las observaciones de organismos internacionales, entre ellas la creación de un Consejo Asesor para abatir la impunidad –recomendado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)–, y subrayaron que la urgencia radica en que al año se cometen en México más de 30 millones de delitos, de acuerdo con cifras oficiales, pero “sólo el 1% tiene alguna forma de conclusión ante los órganos de justicia”.

Mariclaire Acosta Urquidi, exdirectora de Freedom House en México y actual consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que ante los niveles de colusión de las instituciones con organizaciones criminales –como por ejemplo el caso del fiscal de Nayarit, Edgar Veytia–, la colaboración internacional es fundamental.

“Dado que nuestras instituciones de procuración de justicia están capturadas por intereses de diverso tipo, es absolutamente importante contar con un mecanismo internacional precisamente para garantizar la imparcialidad e independencia de las investigaciones”, puntualizó.

Acosta recordó que si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que para conformar el Consejo Asesor se cuenta con los expertos necesarios en el país, resaltó que el tema no es de experticia, sino de “la independencia, la autonomía y la capacidad real de investigación”, porque cuando existen “instituciones capturadas, lo que necesitas es apoyo internacional, justamente para garantizar la depuración de esas instituciones y la desarticulación de las redes de corrupción que operan en ellas”.

Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), tomó como ejemplo de la crisis el cierre de Norte de Ciudad Juárez ante la inseguridad para ejercer el oficio periodístico.

Es un ejemplo de que “en regiones del país se está construyendo una gobernabilidad criminal porque las bandas delincuenciales, de muy diverso tipo, tienen ya una presencia y han penetrado las instituciones, de tal manera que hoy muchas de estas instituciones no le responden a la sociedad, sino a los intereses criminales, a los gobiernos que están coludidos”, sostuvo.

En su oportunidad, Luis Daniel Vázquez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), explicó que quienes participan en la Plataforma coinciden que en el país “hay una crisis de derechos humanos que está relacionada con violaciones estructurales vinculadas con problemas de impunidad y corrupción, y que para solucionarlos se van a necesitar mecanismos especiales y mecanismos extraordinarios”.

De acuerdo con Vázquez, para combatir la impunidad y la corrupción se requiere “capacidad técnica y voluntad política, y aquí carecemos de voluntad política. Hay un uso político de la justicia y por eso es muy importante la autonomía de la Fiscalía General de la República y que haya órganos internacionales que permitan dotar de autonomía el esfuerzo por la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Ximena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, advirtió que “dado el cúmulo de violaciones a derechos humanos que tenemos en el país, el Estado, aunque tuviera la mejor voluntad política, no puede solo, por eso es fundamental contar la cooperación internacional”.

Agregó que la intención de que los promotores de la Plataforma busquen la colaboración internacional “no es para sustituir lo que tiene que hacer el Estado, sino para fortalecer a las instituciones y para garantizar que las víctimas tenga acceso a la verdad y a la reparación. Ante los casi 30 mil desaparecidos, los casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, es fundamental darle voz a las víctimas y encontrar estos mecanismos de verdad, mecanismos complementarios que puedan de alguna manera fortalecer las instituciones y desarticular las redes de corrupción y de impunidad que existen”.

Las organizaciones, añadió, pugnan por un Consejo Asesor, como lo recomendó el ACNUDH, lo que “sería un paso adelante siempre y cuando tenga una composición donde haya participación de expertos internacionales, que sean personajes que gocen de alta legitimidad y que realmente puedan hacer propuestas para avanzar en el combate a la impunidad y la corrupción”.

Sobre la incidencia que tendría la Plataforma en el proceso electoral federal de 2018, María Elena Morera, de Causa en Común, aceptó que entre los objetivos de las organizaciones que integran esta agrupación existe la intención de colocar el tema de derechos humanos en la agenda de quienes sean candidatos a la Presidencia.

“Dado que hay varios grupos con una agenda común, vamos a exigir al que vaya a llegar (a la Presidencia) que cumpla con esa agenda, porque hay que reconocer que hay una gran crisis, y los políticos no logran ver la gravedad de la situación de la gente en la calle”, apuntó.

Entre las organizaciones que participan en la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción están: Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

También respaldan la iniciativa: Comunicación e Información de la Mujer; la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana; Justica Pro Persona; Justicia, Derechos Humanos y Género; México Unido contra la Delincuencia; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Renacer Lagunero.

Entre las organizaciones internacionales destacan: Fundación para el Debido Proceso Legal; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Plataforma contra la Impunidad de Guatemala.
Y entre las personalidades que acompañan la Plataforma están Ina Zoon, experta internacional de Open Society Foundations Justice Initiative; Aleida Calleja, experta en libertad de expresión; Jacobo Dayán, experto en Memoria y Verdad, e investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Universidad Iberoamericana, entre otros.

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