CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y sus hijos Máximo y Florencia, fueron procesados por el caso conocido como Los Sauces, bajo la acusación de "asociación ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles". De acuerdo con el diario El Clarín, la orden del juez Claudio Bonadio incluyó también el proceso a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y ordenó el embargo contra la exmandataria por 130 millones de pesos argentinos. La decisión del juez implica que ninguno de los procesados podrá salir del país, incluidos los escribanos que participaron en diferentes operaciones. El reporte asegura que el Magistrado se declaró incompetente y sugirió que la investigación por conexidad siga a cargo del juez Julián Ercolini, quien procesó a Kirchner y a Báez por asociación ilícita en la indagatoria por corrupción en la obra pública. Los hijos del empresario preso, también fueron procesados. En cuanto a los hijos de la expresidenta, se trata de la primera vez que son procesados por corrupción. El juez los definió como "jefes de una banda" creada para recibir "pago de coimas". Máximo y Florencia tienen un embargo de 130 y 100 millones de pesos, respectivamente. Para el caso del empresario Báez, el embargo fue por 130 millones de pesos, mientras que a la sobrina de la exmandataria, Romina Mercado, le impusieron la medida por 100 millones. Y para los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, los embargos ordenados fueron de 100 millones cada uno. Osvaldo Sanfelice, socio del diputado de La Cámpora también fue procesado y embargado. De esta manera, las 21 personas indagadas en la causa terminaron procesadas. Según El Clarín, en el caso Los Sauces –que inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN)--,el juez Bonadio consideró que hay pruebas suficientes para determinar que Cristina y Máximo Kirchner son "los jefes de la banda" a la que se sumó después de octubre de 2010 "Florencia Kirchner contando con poder de decisión en la sociedad". Agregó que, después de las 21 indagatorias realizadas, se había "conformado una banda con el objeto de recibir dinero como pago a retorno de la concesión de obra pública mediante contratos de locación de la firma ‘Los Sauces S.A’ propiedad de Cristina Elisabet Fernández, Máximo y Florencia Kirchner por parte de empresas de los denominados Grupo Báez, Grupo Indalo, Grupo Sanfelice, Solvencia Crediticia S.A. y la Asociación Mutual Siempre Joven". El juez agregó que los procesados conformaron una organización que comenzó a desarrollar sus “designios criminales” desde mayo del año 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016 día, cuando se dispuso la intervención judicial de "Los Sauces S.A., y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner". Tal hecho, agregó, fue para "recibir dinero como ilegítima contraprestación del otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito". Según el reporte de El Clarín, el juez Claudio Bonadio dijo que la inmobiliaria de la expresidenta se valió para sus operaciones de un entramado societario conformado empresas del Grupo Austral, de Lázaro Báez (Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Construcciones, Valle Mitre S.A) y dos firmas del Grupo Indalo. Se trata de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia S.A. Además, aseguró que también participaron empresas de Sanfelice, Idea SA y Negocios Patagónicos. Estas firmas resultaron "beneficiarias de gran cantidad de contratos con el Estado Nacional", mientras que los dos principales accionistas de Los Sauces S.A. "ejercieron la primera magistratura de la República Argentina y cargos ejecutivos y legislativos en la provincia de Santa Cruz", de acuerdo con el juez.