CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Poco le importó a la minera canadiense Almaden Minerals que las autoridades ambientales mexicanas le vetaran un informe preventivo, le negaran un permiso para realizar 69 nuevos barrenos en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, la investiguen por supuestas violaciones a las normas ambientales o que ejidatarios interpusieran un amparo contra sus proyectos de exploración en la zona: El pasado 7 de febrero, su director general, Morgan Poliquin, aseveró que los buenos resultados financieros de la empresa le permitirán “seguir las perforaciones de manera agresiva”. Es más: en enero de 2016, emitió 3.9 millones de acciones nuevas en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York para financiar una nueva fase de exploración minera en la región, cuyas venas de oro y plata suenan prometedoras, pese a la oposición de miembros de las 15 comunidades al proyecto, cuya superficie cubre alrededor de 13 mil hectáreas. Organizaciones de la sociedad civil, junto con grupos de pobladores de la región, descubrieron que la empresa empleó un triple discurso desde que inició sus labores de exploración, en 2009. Las organizaciones denunciaron que, ante las autoridades mexicanas, la empresa no dijo que había realizado 236 excavaciones más que las reportadas, ni que en algunas de ellas perforó el subsuelo hasta 700 metros, lo cual rebasa por mucho los 160 metros autorizados por ley. También sostuvo que sus operaciones se abastecerán con aguas superficiales y pluviales y no subterráneas. Según las organizaciones, ello es poco probable, ya que ninguna de las mil 250 minas que operan en el país funcionan con agua pluvial. Cuando se dirige a las comunidades aledañas, la empresa aminora los impactos sociales y ambientales de sus operaciones de exploración y no dice que su presencia desembocaría en un cambio del uso de suelo, lamentaron las organizaciones. En paralelo, la compañía realiza un trabajo de cabildeo en las comunidades: establece “relaciones clientelares mediante apoyos económicos para las fiestas patronales a cambio de firmas”. Las organizaciones aseveran que la empresa se llevó a más de 400 pobladores del municipio a 20 tours en distintas minas para convencerles de sus aportaciones a las comunidades. La minera, por su parte, asevera que estos tours tienen la finalidad de que “personas interesadas puedan tener sus propias opiniones sobre la minería, basadas en experiencias en primera persona”. El tercer discurso de la empresa se manifiesta en sus informes a inversionistas. En estos documentos, presentados ante la Comisión Bancaria y de Valores estadunidense (SEC, por sus siglas en inglés), la empresa no informa a sus accionistas sobre los problemas legales que enfrentan sus subsidiarias mexicanas, por ejemplo, que una comunidad indígena interpuso el amparo 445/2015. Tampoco menciona que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiga las denuncias de las organizaciones y las comunidades y omite decir que en febrero pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no le aprobó un informe preventivo en el que la empresa pidió permiso para realizar nuevos barrenos. “Una de las omisiones más sobresalientes de la empresa es la negación de que trabaja en un sitio habitado, pues en sus reportes señala que se trata de una zona ‘vacía’ o ‘despejada’, y con uso de suelo ‘nulo’, cuando en realidad es un municipio con 20 mil habitantes que realizan diversas actividades productivas”, señalaron las organizaciones. Actividad especulativa y desilusión A diferencia de las minas ya en operación, los trabajos de exploración –y sus consecuencias socioambientales-- permanecen relativamente ignorados por las comunidades porque las excavaciones se llevan a cabo de manera discreta. Patricia Legarreta, integrante de PODER, sostiene que, en la industria minera, la fase de exploración es “meramente especulativa” y rentable para las empresas involucradas. Abunda: Como estas empresas no extraen minerales, reportan pérdidas en el país donde operan y por ello no pagan impuestos. Sin embargo, esta actividad resulta muy redituable en los mercados de valores, ya que los hallazgos de minerales en una zona aseguran ganancias a futuro. Así, en 2016, Almaden Mineral reportó ganancias por cuatro millones de dólares, 2.3 millones de los cuales se destinaron en dividendos para nueve ejecutivos de la empresa. Legarreta asevera que la empresa pretende triturar 169 toneladas de roca para extraer 0.76 gramos de oro y 67 gramos de plata de cada tonelada. “La ciudadanía no ve las actividades de exploración porque aún no hay daños”, lamenta. En tanto, pobladores de la zona acudieron al gobierno municipal, la Semarnat, la Conagua, la Secretaría de Economía –que otorga las concesiones mineras— y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quienes entregaron un informe que documenta los riesgos que representa la empresa minera para los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud de la población en la región. Sin embargo, estos esfuerzos fueron en vano: las autoridades se echaron la responsabilidad unas a las otras. Alejandro Marreros, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, planteó: “nos decían que no les correspondía responder al problema en su conjunto (…) la Conagua nos quería ayudar pero nos dijo que no tenía capacidad de maniobra ni recursos”. “Todavía confiábamos en la legitimidad que les dimos para proteger a las poblaciones”, planteó el poblano. “El Estado mexicano es servil a los intereses de los capitales (…) bajo el discurso del desarrollo dice que con la minería llegarán empleos y se combatirá la pobreza, pero no ha comprendido que ese tipo de desarrollo no es el que quieren las comunidades”, sostuvo. Y añadió: “Los beneficios no son para los locales, excepto a muy pocos de ellos. Si se compara con las divisiones en las comunidades, los daños ambientales, al agua y a la salud, finalmente quienes terminan pagando son las comunidades. Hay que preguntarse qué tanto aporta para el desarrollo del país”. La activista Diana Pérez, quien forma parte del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (INDEC), recordó que esta zona de la Sierra Norte de Puebla se encuentra en la cuenca del río Tecotutla, que deriva hacia el estado de Veracruz y que la calidad del agua es buena todavía. Las instalaciones de salud, por su parte, se encuentran en un estado “precario”, y no cuentan con un protocolo para tratar intoxicaciones por metales pesados derivadas de las actividades mineras.