CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este martes el sector empresarial repudió la creciente violencia y los casos de corrupción e impunidad que prevalecen en el país. Así, para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la debilidad institucional está llegando a “una situación límite”, mientras que para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el asesinato de periodistas “lastima el tejido social y debilita la confianza en nuestras propias instituciones”. Al emitir su mensaje semanal, el organismo presidido por Juan Pablo Castañón de plano comparó a México con Venezuela, donde en las últimas semanas “hemos sido testigos de los riesgos que representa la debilidad de las instituciones”. En Venezuela, precisó el CCE, la decisión de arrebatar facultades al Legislativo generó una oleada de protestas que continúan mermando la estabilidad del país y el bienestar de los venezolanos. Y sentenció: “Si bien en México tenemos un orden político más estable, también seguimos enfrentando retos para reconstruir la confianza de la sociedad en nuestras instituciones. El reciente asesinato de periodistas en el país es una afrenta a la libertad de expresión que es indispensable para la consolidación de la democracia; el incremento de la violencia es una amenaza contra la tranquilidad de las familias, lo mismo que para la actividad productiva”. El CCE reprobó estos crímenes y aseguró: “No podemos aceptar como normales dos fenómenos que lastiman el tejido social y debilitan la confianza en nuestras propias instituciones. Como sociedad y como generación, tenemos el desafío de fortalecer el combate al crimen organizado y la impunidad”. “Situación límite” La Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos Walther fue más allá al deplorar la debilidad institucional en el país. Enlistó una serie de conductas ilegales como la fuga del exgobernador de Chihuahua acusado de peculado y hoy prófugo de la justicia, César Duarte, quien ya es buscado por la Interpol. Asimismo, recordó la fuga de 29 reos del penal de Reynosa, Tamaulipas, y la detención por autoridades de Estados Unidos de Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, en el cruce fronterizo de Tijuana a San Diego, acusado de tráfico de drogas. “Por otra parte, ocurrieron hechos que evidenciaron fallas en el ejercicio de la función pública, ya que varios sectores de la sociedad mexicana expresaron su indignación ante el fallo de un juez de distrito del estado de Veracruz, que concedió amparo en contra de una orden de aprehensión favoreciendo a un presunto violador”, señaló. Por si fuera poco, mencionó la actuación de algunos diputados y personal del Palacio Legislativo de San Lázaro, quienes dieron su consentimiento y participaron para que un coacusado de Duarte Jáquez se ocultara en ese recinto para evitar ser detenido. La lista de casos impunes no quedó ahí. El organismo patronal recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al atender un recurso de la Consejería Jurídica de la Presidencia, resolvió revertir la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ordenó al Estado Mayor Presidencial publicar información sobre rutas técnicas, horarios y puntos de salida y llegada de su flota aérea. “Debilidad institucional” Ante el alto grado de impunidad, el sector patronal sentenció: “En México tenemos un marco legal sólido que castiga las conductas ilícitas, contamos con un Poder Judicial autónomo, sin embargo, la debilidad de las instituciones nos coloca en una situación delicada porque los ciudadanos ven día a día que no se aplica la ley sino que, por el contrario, prevalece la impunidad”. De Hoyos Walther alertó que los ciudadanos no confían en la procuración de justicia. “Las cifras de impunidad alcanzan niveles nunca vistos en México. El Inegi reporta que el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue cercana a 93.7%, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del año 2016”. Y remató: “Estamos llegando a una situación límite. Desde la sociedad convocamos a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad, a la academia, a los empresarios y a todos los ciudadanos a establecer un compromiso de fortalecimiento institucional del Estado mexicano, con tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad”.