XALAPA, Ver. (apro).- Ana Cristina Ledezma, secretaria ejecutiva del Sistema y Consejo Estatal de Seguridad Pública en la entidad, retomó las denuncias que ese organismo interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto desvío de 59 millones de pesos destinados a la infraestructura del sistema policial. En entrevista con reporteros del Puerto de Veracruz, Ledezma destacó que la querella penal –de la que no proporcionó carpeta de investigación en curso– es por recursos federales etiquetados para construcción de edificios, infraestructura, mejoramiento de personal, de equipo, el cual –acusó– no fue ejercido. La querella penal fue puesta en contra de quien resulte responsable, aunque Ledezma dijo que se podría citar a declarar a sus antecesores, los duartistas Juan Antonio Nemi Dib (exsecretario particular de Javier Duarte y extitular de Salud) y a Francisco Portilla Bonilla (exdiputado local y alcalde de Córdoba en la gestión de Duarte de Ochoa). La funcionaria panista señaló que por esta malversación de fondos públicos quedaron pendientes la construcción de un Centro de Prevención del Delito y un inmueble para el Sistema Estatal de Coordinación. Esta es la quinta denuncia penal que recibe en un año la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Duarte, en el tiempo que fungió como titular Arturo Bermúdez Zurita, actualmente en prisión, pero por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y abusado de autoridad. En 120 días del gobierno de Yunes Linares, sus funcionarios han caído en una estrategia de “denunciatitis”, en donde presentan ante la Fiscalía querellas penales en contra de sus antecesores. Tan es así que el portal de transparencia de la FGE da cuenta de casi 800 denuncias en contra de exservidores públicos del gobierno de Javier Duarte, e incluso el propio fiscal Jorge Winckler ha dicho que hay 300 servidores públicos en investigación por malversación de recursos, peculado, enriquecimiento ilícito, coalición y abuso de autoridad, entre otros. Actualmente se encuentran en prisión el propio Bermúdez Zurita; el exgobernador interino Flavino Ríos –cuya prisión preventiva la cumple en un hospital privado, pues tiene problemas cardiovasculares–; el extesorero Mauricio Audirac, y el exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Francisco Valencia. Prófugos de la justicia se encuentran el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, y el exsubsecretario de Finanzas, Carlos Aguirre Morales. En el caso de Bermúdez Zurita, Apro resaltó que en cuatro años de gobierno (2011-2015) gastó 393 millones 23 mil 483 pesos en parque vehicular, según revela la solicitud de transparencia SSP/UAI/597/2015 –en poder del reportero–, recursos de los que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quedó a deber más de 200 millones, originando un daño patrimonial en la Cuenta Pública Consolidada 2014. La compra del parque vehicular, tipo de vehículos, costos, facturas y demás fue cataloga como “reservada”, “confidencial” y “restringida” por la SSP, ello pese a que Duarte y Bermúdez presumieron en noviembre del 2014 que “se compraron” tanques Gurkha, camionetas Suburban con el techo semidescubierto para llevar un francotirador de avanzada y con alto blindaje, camionetas pick up 4×4 todo terreno, vehículos deportivos Charger, cuatrimotos, motocicletas BMW –para la escolta de altos funcionarios del gobierno– y otras camionetas más austeras para el resto de la tropa. De este dinero, la ASF detectó un presunto “daño patrimonial” de 98 millones 160 mil 600 pesos del subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial. Sumado a ello, los proveedores y distribuidores de automóviles de Veracruz han venido publicando desplegados en periódicos locales en los que continúan quejándose de que el gobierno compró decenas de camionetas para seguridad que aún no liquida. Además, la ASF detectó otro manejo irregular de recursos. En el Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 2014, el gobierno de Duarte abrió una cuenta bancaria para la recepción de los recursos, donde se recibieron 29 millones 744 mil 900 pesos. De esa cantidad la entidad transfirió 28 millones 900 mil pesos “de manera anormal” a una cuenta bancaria a nombre del gobierno del estado en dos ocasiones: el 15 de mayo y el 24 de octubre de 2014. Sin embargo, no especificó el número de esa cuenta… y el numerario tampoco apareció. En marzo de 2013 un grupo de legisladores del PAN, encabezados por el senador Fernando Yunes Márquez, interpuso una denuncia penal en la PGR contra el gobernador Javier Duarte y varios de sus colaboradores por su presunta responsabilidad en el desvío de unos 5 mil millones de pesos. De ese desvío, en el rubro de seguridad pública, se hace énfasis en la dependencia que dirige Arturo Bermúdez, pues el recurso detectado por la ASF fue de 98 millones 160 mil 600 pesos del subsidio para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, en 2011 y 2012.. En estos pasivos resarcitorios ante la ASF no se consideraron las deudas a proveedores, contratistas y terceros institucionales, y actualmente la SSP debe unos mil 615 millones de pesos a más de 315 proveedores. En este caso destaca un pasivo de 196 millones 234 mil pesos a Abastecedora de Víveres SA; 22 millones 225 mil pesos a la empresa Cassidian México SA; 18 millones 417 mil pesos al Centro de Investigación en Seguridad SA, y 27 millones 717 mil pesos a Comercializadora Palveg, por mencionar sólo a algunos de quienes siguen esperando su pago. Apro tuvo acceso a la carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII, en la que se detalla la evolución patrimonial de Bermúdez Zurita –conocido al interior de la SSP como Capitán Tormenta–, quien reportó ingresos por un total de 8 millones 229 mil pesos en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, según recibos de nómina de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Sin embargo, adquirió bienes inmuebles por 42 millones 737 mil pesos, aunque con valor comercial de 86 millones 773 mil pesos, en el mismo periodo. Ello fue fundamental para que a Bermúdez se le girara orden de aprehensión en su contra derivada de la causa penal 13/2017. Un dictamen de evaluación patrimonial emitido por el perito Luis Miguel Olvera alude a que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales en 64 millones 733 mil pesos, lo que es discordante con los 8 millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio, y con su percepción anual de 2011 –primer año del anterior sexenio–, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil 241 pesos. El llamado Capitán Tormenta, criticado por colectivos de familiares de desaparecidos, medios de comunicación y reporteros de nota roja que padecieron en carne propia el ánimo represor de la SSP, fue protagonista en algunos memes en redes sociales este fin de semana. En el oficio 406 del Poder Judicial del Estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión en contra de Arturo Bermúdez, se puntualiza que su declaración patrimonial sólo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona, y no los del resto de sus familiares, cuyos propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya, así como operadoras de viajes turísticos. Otra observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016 señala que al término de 2012 Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, aunque con un valor comercial de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registró cambio alguno, pero en 2016 (con corte a agosto pasado), la fortuna del exjefe policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos. Entre los bienes de Bermúdez destacan lavanderías, propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en Xalapa, zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y la propia Ciudad de México.