Luego de varios años de desempeños sobresalientes en justas nacionales e internacionales, el deporte paralímpico se hunde sin remedio. Las causas , aunque complejas, pueden sintetizarse en los siguientes fenómenos: caciquismo de federativos, ilegalidad, sanciones no acatadas, torpeza, guerra interinstitucional, apatía y desdén gubernamentales… CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las incongruencias del deporte nacional: Pablo Lárraga Anell fue forzado a marcharse de la presidencia de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas (Femedessir) el pasado 25 de marzo, luego de 12 años aferrado al cargo. Pero su suerte ya estaba echada desde antes, porque desacató dos sanciones que le impuso la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD). A pesar de que no cumplió con los requisitos para ser elegible en términos de lo dispuesto en el artículo 34 de los estatutos de la propia federación, el cuestionado directivo se marchó de ésta sin tener siquiera un reemplazo. En la asamblea extraordinaria del 25 de marzo volvieron a aflorar las irregularidades, al punto de que sólo cuatro de las 35 asociaciones pudieron acreditarse conforme lo que marcan los estatutos del organismo para votar en la elección interna que terminó por dejar acéfala a la Femedessir. El motivo principal del desorden radica en el manoseo del procedimiento, ya que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) sigue renuente a vigilar, asegurar y revisar las elecciones federativas conforme a lo previsto en la Ley General de Cultura Física y Deporte, vigente desde el 7 de junio de 2013. Casi cuatro años después de haber entrado en vigor la legislación deportiva, la Conade ni siquiera se ha preocupado por instalar el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved), la instancia que debe encargarse del proceso electivo. Ante ello, el 14 de febrero último la CAAD ordenó la realización de una nueva asamblea general extraordinaria electiva de la Femedessir, pero esta vez bajo la vigilancia del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), que se encargó de revisar las dos planillas aspirantes a liderar el nuevo comité directivo del organismo. La Planilla número 1 fue encabezada por la titular de la Asociación del IMSS del Valle de México, Martha Elena Hernández, y la Planilla número 2 estaba presidida por el director técnico de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, Alfredo Espinoza de los Monteros, aliado y candidato de Pablo Lárraga. Pero en el caso de este aspirante, el Comité Copame determinó que su planilla no procedía por anomalías en el registro. La ausencia de autoridades responsables y facultadas por la legislación deportiva sólo generó problemas y confusiones en el medio. Uno de esos desconciertos fue originado cuando el Copame exigió a las asociaciones deportivas el sello del Sired (el registro ante la Confederación Deportiva Mexicana y la federación nacional del respectivo deporte), aun cuando esta asociación civil ya no funciona en términos de la ley. Desde que la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) dejó de pertenecer al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), ahora las federaciones están obligadas a presentar su Renade (Registro Nacional de Cultura Física y Deporte) ante la Conade. Además, para la asamblea en cuestión se tomaron en cuenta los estatutos que estaban vigentes al 14 de noviembre de 2006, en los cuales se señala que para ser miembro del consejo directivo de la Femedessir no se debe estar sancionado ni haber sido expulsado por alguna asociación afiliada a la federación. A la asamblea no asistió ningún representante de la Conade. En cambio, la Codeme aprovechó la circunstancia en su intento por intervenir en la revisión de la documentación de las 35 asociaciones deportivas afiliadas a la Femedessir. Los interesados advirtieron a los representantes de la Codeme que por resolución de la CAAD, en cumplimiento de una orden expresa de un tribunal federal, correspondía al Copame vigilar el proceso electoral. Pese a todo, los representantes de la primera asociación civil se mantuvieron activos en la asamblea y hasta se sentaron en el presidium con el consentimiento del Copame. Pablo Lárraga Anell es vocal federativo del consejo directivo de la Codeme que intervino directamente en el proceso electivo. El Copame, que tampoco es autoridad competente para vigilar y asegurar los procesos electorales, acreditó con derecho a voz y voto únicamente a las asociaciones debidamente regularizadas: Baja California Sur, Querétaro y Universidad Nacional Autónoma de México, que compitieron contra la única planilla registrada en la votación por la presidencia de la Femedessir: el Instituto Mexicano del Seguro Social Valle de México. Antes de ceder la titularidad de la federación, Lárraga Anell, quien de hecho ocupó indebidamente el cargo en el último periodo de cuatro años puesto que había sido sancionado, reestructuró su grupo y hasta dispuso que el nuevo titular fuera el director técnico del organismo. Pero el ardid solo funcionó a medias: sin un candidato a quién respaldar, las asociaciones afines a Pablo Lárraga emitieron su voto en contra de la única planilla formalmente acreditada en las elecciones, presidida por Martha Elena Hernández. La Femedessir fue entonces descabezada. “Reventaron la asamblea”, sostiene la única aspirante al cargo. Ahora, la CAAD amaga con instalar una Comisión Reorganizadora con el interés de integrar el consejo directivo de la referida federación, pero está a expensas de un nuevo dictamen del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde está radicado el juicio de amparo número 1283/2016, promovido por Martha Elena Hernández el 12 de agosto de 2016 contra actos de las autoridades responsables: la CAAD, la Femedessir y la Conade. Más allá de las consecuencias legales del cuestionado procedimiento para elegir al consejo directivo de la federación, la situación se ha tornado compleja: En el gremio existen dudas y sospechas sobre la forma en que se habrá de elegir al nuevo responsable del organismo, máxime que la Conade rechaza involucrarse en el asunto. A su vez, la Codeme, que en otras épocas era la responsable de vigilar los procedimientos electorales –antes de quedar relegada de la legislación deportiva–, también pretende designar a la Comisión Reorganizadora, en tanto que la CAAD carece asimismo de facultades, conforme a la ley, para ordenar la instalación del citado órgano. Peor todavía: la asamblea general extraordinaria electiva evidenció las irregularidades de Pablo Lárraga en 12 años de gestión, como el hecho de que 31 de las 35 asociaciones deportivas no cumplen al ciento por ciento con la normatividad del organismo. Incertidumbre y zozobra Todo lo anterior genera tensión y malestar entre los involucrados, incluso entre los propios deportistas, que han visto cómo su disciplina dejó de trascender en los grandes escenarios deportivos, a lo que se agrega la falta de proyección de las nuevas generaciones de atletas. “Es la primera vez que nos encontramos con una situación así. Estamos en la incógnita total de qué es lo que procede, qué es lo que prevalece y qué es lo que las autoridades pretenden hacer con nuestra acéfala federación. Esto es lo que vive un atleta dentro de su ámbito. Estamos en una fase en la que no proceden las instancias ni las leyes, ni tampoco sirven de nada los reglamentos y lineamientos”, asegura la multimedallista paralímpica Amalia Pérez. Sostiene que a falta del dictamen que emitirá un juez federal, la CAAD hace y determina conforme a lo que considera conveniente. “En realidad no hay una línea, ni un parámetro que realmente indique lo que debe proceder en el caso específico de la federación”. Según Amalia, quien integra la única planilla que aspiraba a presidir la Femedessir, en la reciente asamblea extraordinaria electiva se vivió un proceso cuya costumbre es incumplir con todos los requisitos estatutarios. “Por ese motivo, de 35 asociaciones deportivas sólo cuatro pudieron votar”. Pérez reconoce que luego de esa asamblea ninguna autoridad se ha acercado a los titulares de las asociaciones deportivas, y menos aún a los atletas. “Desde ese día, todos estamos con la incógnita de qué se va a hacer, porque a las asociaciones que decidieron dejar acéfala la federación ni les ha interesado ni se dieron cuenta de cómo la estaban dejando”. –¿Los titulares de estas asociaciones no dimensionaron que votar en contra de la planilla de Hernández dejaba a la federación sin un titular? –Eso ocurrió por la ignorancia que ha prevalecido dentro de la federación y por el desconocimiento de los presidentes de lo que debe hacerse. Estamos frente a un ego de poderes. Ya no se trata de ir en contra del que está al frente sino del que pretende llegar y no está de acuerdo con la mafia del señor Pablo Lárraga. Lo anterior, refiere, tiene en picada al deporte paralímpico. “Éramos una de las federaciones con mejores resultados. Ahora estamos necesitados de esos logros. No sé qué esperan los presidentes de asociaciones para evitar que esto siga cayendo a fondo. Les hablas por teléfono, le preguntas y te dicen que quieren el cambio, pero al llegar el día de la asamblea ya no sabes qué pasó: si los compraron o vendieron su voto”. A decir de la atleta, la mayoría de las asociaciones de la Femedessir operan de manera irregular porque así están acostumbradas: los responsables “no saben realmente los requisitos que deben cubrir (en una asamblea), ya que toda la vida se los había pasado la federación: si le convenía, les permitían votar; si no le convenía, no lo hacían. La mayoría de los presidentes de asociaciones estaban conformes. Ese era el procedimiento”. Amalia Pérez observa que Lárraga no pudo transformar este deporte por anteponer sus intereses personales. “Por una parte, me da gusto que se haya dado todo esto, para que vean que los deportistas estamos en manos de gente que no quiere trabajar… Los principales afectados somos nosotros, que somos el eje, y a final de cuentas lo que menos les importa somos los deportistas. Nos queda claro que aquí no habrá ley ni estatutos mientras no haya un orden dentro de las instancias que nos representan jurídicamente: la CAAD y la Conade”. –¿A quién le corresponde imponer el orden? –A los presidentes de asociaciones, que son los que deciden nuestra voz y voto para llevar a cabo las elecciones… (sin embargo), ya vimos que con los presidentes no hay por dónde cambie este rumbo, y tampoco por el lado de la Conade, que no quiere actuar ni ejecutar, y se está tardando en proceder. Tanto en la CAAD como en la Conade hay intereses más fuertes que ver, en lugar de vigilar por el desarrollo de las federaciones. Por reglamento, cada asociación deportiva debe contar con un mínimo de cinco clubes, conformados con ocho deportistas cada uno. Por lo tanto, si se toma como referencia las 35 asociaciones civiles, en el país hay al menos mil 400 atletas. Pero las nuevas generaciones de deportistas simplemente no llegan. Por lo general, la mayoría de los atletas de alto rendimiento son los mismos de siempre: ya son veteranos y algunos de ellos lucen una gruesa complexión física. Martha Elena Hernández, titular de la Asociación del IMSS del Valle de México, impugnó desde un principio ante la CAAD las asambleas extraordinarias electivas del presidente de la Femedessir cuando Pablo Lárraga Anell incurrió en graves anomalías reglamentarias en diversos procedimientos a partir de 2013. La ilegalidad como norma En marzo de 2015, Proceso (edición 2002) documentó que a comienzos de 2014 la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte concedió la suspensión provisional a la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del IMSS Valle de México para impedir que Lárraga celebrara elecciones. No obstante, éste desobedeció a la CAAD y se reeligió por un periodo de cuatro años más en junio de ese año. En los años posteriores aplicó la ley a su modo. Así, el 20 de febrero de 2015 firmó y publicó la convocatoria para la celebración de la asamblea extraordinaria electiva, así como de la asamblea del 7 de marzo de ese año. La CAAD concluyó que no se respetaron los estatutos vigentes de la Femedessir del 14 de noviembre de 2006. En consecuencia, el titular de la federación no era elegible para ocupar el cargo de presidente, toda vez que cuenta con dos sanciones impuestas por la Conade. Asimismo, la CAAD determinó que en la fecha de celebración de la asamblea extraordinaria, el 7 de marzo de 2015, Pablo Lárraga no cumplía con los requisitos para ser elegible –tampoco su planilla, al carecer de presidente en términos del artículo 34 de los estatutos–, y por ello no dio cabal cumplimiento a la resolución definitiva del 15 de diciembre de 2014 referente al recurso de apelación de la Asociación de Deporte sobre Sillas de Ruedas del IMSS del Valle de Mexico, en la que impugnó la validez de la asamblea general electiva de la Femedessir del 1 de marzo de ese año. En consecuencia, el 10 de enero de 2017 la juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y ordenó a la CAAD que emita una nueva resolución. Oficialmente, Pablo Lárraga ya está fuera de la Femedessir, pero lo cierto es que ante la falta de un nuevo líder, él continúa ejerciendo su poder en el organismo, denuncia Martha Elena Hernández: “El presidente de la Asociación de San Luis Potosí me informó hoy (miércoles 29 de marzo) que Sergio Durand, el director técnico internacional de la federación, le mandó un correo electrónico en el que le pide que le envíe la protocolización del acta inscrita en el Registro Público de la Propiedad. El compañero me preguntó si la federación está funcionando o no.” De última hora, el viernes 31 de marzo la juez Priego emitió una resolución en la cual rechaza la decisión de la CAAD de darle al Copame la atribución de vigilar el proceso electivo de la Fedemessir. Por lo anterior se desprende que el máximo órgano de impartición de justicia deportiva no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, número de expediente 1283/2016. Por tanto, la juez federal ordenó a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el término de 10 días. Este reportaje se publicó en la edición 2109 de la revista Proceso del 2 de abril de 2017.