CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores se ha negado a hablar de la fosa común de Acapulco, donde autoridades ministeriales han depositado decenas de cuerpos sin control alguno y violando el protocolo para el tratamiento e identificación forense. “Le voy a pedir al fiscal (Xavier Olea Peláez) que dé alguna información, porque es la primera ocasión que escucho eso”, expresó el mandatario en una entrevista al término de un acto oficial en esta capital. Con esa declaración, Astudillo hizo caso omiso a la exigencia de familiares de personas desaparecidas de Acapulco para que se abra la fosa común ubicada en el panteón municipal de El Palmar, con objeto de exhumar todos los cuerpos y revertir las irregularidades cometidas por el gobierno estatal. De acuerdo con un trabajo realizado por Apro esta semana, el caso de la fosa común del puerto es similar al de las tumbas clandestinas haladas en Jojutla, Morelos, donde autoridades ministeriales inhumaron cuerpos sin cadena de custodia. Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe especial sobre “personas desaparecidas y fosas clandestinas en el país”, e informó que el estado de Guerrero ocupa el primer lugar a escala nacional en número de fosas clandestinas documentadas oficialmente, con 195 casos en 2016. Familiares de víctimas han acusado al gobierno de Astudillo de ser omiso e indolente frente al tema de los desaparecidos, fosas y cuerpos sin identificar en la entidad. Incluso integrantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas han protagonizado pleitos personales y se disputan el presupuesto asignado por el gobierno estatal, que asciende a nueve millones de pesos, en lugar de hacer un trabajo coordinado con familiares de desaparecidos. El pasado miércoles 5 Apro dio a conocer que las víctimas que integran el colectivo denominado ‘Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos’, reprocharon el “silencio cómplice” del mandatario. “A ninguna autoridad le interesa abrir la fosa de Acapulco porque no quieren afectar la imagen turística del puerto y se niegan a darle respuesta a las familias que buscan a sus desaparecidos”, expresó el profesor Ciro Fuentes Urióstegui, padre de un joven docente desaparecido desde 2013. Y subrayó que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) se niegan a intervenir en el caso de la fosa común de Acapulco, argumentando que los únicos tres peritos certificados que tienen se encuentran realizando labores en Jojutla, Morelos. El fiscal estatal Xavier Olea Peláez y el gobernador Astudillo, agregó, no han mostrado voluntad por abrir la fosa común para saber cuántos cuerpos fueron inhumados de forma irregular en bolsas de plástico, amontonados, sin cadena de custodia ni perfil genético. Fuentes Urióstegui también dijo que la mayoría del personal que labora en la dirección de Servicios Periciales –dependiente de la Fiscalía estatal y encabezada por Pedro Ocampo Lara, quien además no cuenta con cédula profesional– no está certificado, situación que calificó como grave. El lunes 3, Apro difundió el texto titulado “La pérdida de un cadáver en fosa de Acapulco exhibe violación a normas del tratamiento forense”, en el que se indica que la batalla legal de un padre que busca a su hijo desaparecido hace cuatro años exhibió el primer caso documentado sobre la pérdida de un cadáver que oficialmente se encontraba en una fosa común ubicada en Acapulco, donde el gobierno estatal ha inhumado desde 2010 y de manera inadecuada –sin cadena de custodia, apilados y cubiertos con tierra– un número indeterminado de restos humanos que permanecen sin identificar en ese destino turístico. Incluso desde el año pasado Apro ha documentado los negocios al amparo del poder del gobernador Astudillo, quien benefició a su compadre y actual dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, con recursos económicos destinados para darle trato digno a los cuerpos que han sido exhumados en fosas comunes y permanecen sin identificar. En septiembre pasado, funcionarios del gobierno de Astudillo anunciaron la creación del primer Panteón Forense Estatal, conocido ahora como “el cementerio de botellas”, construido en medio de la opacidad en un panteón particular propiedad de Huicochea Vázquez, al poniente de esta capital. A principios de este año las autoridades proyectaron depositar en “el cementerio de botellas al menos 460 cuerpos que permanecen sin identificar en las unidades del Servicio Médico Forense de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.