CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El neurocirujano Rodolfo Ondarza acusó la violación a sus derechos laborales por haber denunciado el crimen de lesa humanidad por cirugía experimental en humanos que se realiza en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN). En la edición de la revista Proceso número 2109 que está en circulación, el especialista aseguró que Miguel Ángel Celis, recién nombrado nuevo director del INNN, uno de los centros más reputados del país, es acusado por colegas y pacientes de participar en un esquema de experimentación médica en el que en los últimos años han sido usados, de plano, como conejillos de indias. “El ensayo afectó a unas 500 personas, algunas de las cuales han muerto y otras padecerán secuelas de por vida. Lo grave, así, no es sólo la designación de Celis, sino el hecho de que el caso no ha sido debidamente investigado ni sancionado por las autoridades del país”, aseguró a este semanario. Tras la publicación, Ondarza interpuso una queja en la Dirección General del Instituto y la Subdirección de Recursos Humanos porque, dijo, se le ha negado el registro de su asistencia desde el 3 de abril pasado, pese a que ya cuenta con medidas cautelares por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. “Después de una valoración de lo que resultó un riesgo alto para mi seguridad por tentativa de homicidio, como solicitar una patrulla en mi domicilio y la activación del botón de pánico, el Mecanismo de la Secretaría de Gobernación pidió a la Secretaría de Salud y al Instituto que me pongan a disposición listas de asistencia, sin embargo, no se ha realizado”, denunció en entrevista con Apro. En una denuncia de hechos presentada a María de los Ángeles Silva Mendoza, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control del Instituto, explicó que labora en el Instituto “Manuel Velasco Suárez” desde 1993 a la fecha, pero el 4 de abril se le ha impedido registrar su asistencia en el sitio que para tal efecto designó la Subdirección de Recursos Humanos a cargo de la licenciada Edith Páramo. “Dado que se me ha imposibilitado registrar la asistencia tengo el temor fundado de que se me imputen faltas administrativas y faltas de asistencia que me impidan gozar de los derechos laborales como el periodo vacacional”, dijo, pues ya se lo han negado en otras ocasiones. Dado que no existe resolución judicial o administrativa que determine el impedimento para registrar su asistencia, denunció que se están violando sus derechos humanos y laborales, y explicó: “En virtud de que al no registrar mi asistencia al trabajo, se podría concluir indebidamente que no laboré, por tanto, existe la posibilidad de que se me apliquen descuentos improcedentes, despido por faltas y se me niegue el derecho que tengo a los periodos vacacionales, hechos que de actualizarse contravienen nuestra Carta Magna que señala que nadie puede ser privado del producto de su trabajo”.