MADRID (apro).— Hace más de 40 años, en diciembre de 1973, la banda terrorista ETA hizo explotar una bomba al paso del coche oficial que transportaba al almirante Luis Carrero Blanco, hombre de confianza del dictador Francisco Franco, quien le ungió presidente de España unos meses antes. La explosión provocó que el coche volara por los aires y dejara un cráter en la calle Claudio Coello de la capital madrileña, terminando con la vida del militar del régimen. Cuatro décadas después: ETA abandonó la lucha armada en 2011 y, el 8 de abril pasado, anunció su desarme y entregó a las autoridades francesas la ubicación de los depósitos de su arsenal y explosivos. Lo contradictorio es que cuando la banda está prácticamente derrotada, en España se vive una alarmante tendencia a la alza de aplicación de tipos penales como el enaltecimiento del terrorismo y el de humillación a las víctimas del terrorismo, que contrastan con los pocos casos de cuando la banda estaba operando. Esto encendió las alarmas porque se aplican estos tipos penales prácticamente en todos los casos están relacionados con la libertad de expresión. Es decir, se está generando un estado de opinión provocado desde el estamento político, judicial, policial y mediático más conservador, que llega casi al delirio. Como contexto se debe señalar que los reductos del franquismo parecen estar más vivos que nunca. El gobierno del Partido Popular (PP) que encabeza Mariano Rajoy, no se atreve a derogar la Ley de Memoria Histórica, que busca reconocer a las víctimas de la dictadura, pero tampoco destina presupuesto para su aplicación. Es más, el PP nunca ha querido condenar a la dictadura franquista y toda iniciativa en ese sentido la bloquea. Es bien conocido que la justicia española se negó a investigar los crímenes del franquismo, en especial la desaparición de 114 mil españoles durante la Guerra Civil (1936) y la dictadura (1939-1975); con los impuestos de los españoles, el Ejecutivo sigue manteniendo el Valle de los Caídos, donde descansan los restos de Franco –incluidas las flores que a diario le cambian a su mausoleo— y permite la existencia de la Fundación Francisco Franco, cuyo propósito es enaltecer “la obra” del dictador, la cual se beneficia con la deducción de impuestos y, durante el mandato de José María Aznar recibió subvenciones de fondos públicos, algo que sería impensable en Alemania con la figura de Hitler o en Italia con la Mussolini. Pero regresando al tema del enaltecimiento, en 2007 se produjeron tres sentencias por estos delitos, una en 2008 y seis en 2009, es decir, en los años que la banda seguía activa, de acuerdo a información del periódico digital Público. En el año 2015, la Audiencia Nacional emitió hasta 25 sentencias por delitos de enaltecimiento del terrorismo. Cinco veces más de las que produjo el mismo tribunal durante 2011, cuando ETA anunció el cese de la actividad armada. Con la llegada al gobierno del Partido Popular, las sentencias de la Audiencia Nacional por estos delitos se dispararon: 10 casos en 2012, 15 en 2013, 14 en 2014 y 25 en 2015. Y la tendencia continuó en 2016 y el actual año. El 29 de marzo pasado, la Audiencia Nacional condenó a un año de prisión a la tuitera Cassandra Vera por sus mensajes humorísticos sobre el almirante Luis Carrera Blanco. La sentencia de la sección cuarta de la Sala Penal de la Audiencia concluye que el delito cometido por Cassandra constituye “desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta” para quienes han “sufrido el zarpazo del terrorismo”. Una de las entradas de Cassandra más re-tuiteada, decía: “Kissinger le regaló a Carrera Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”, en alusión a las versiones que detrás del asesinato estaba la CIA y por el hecho de que el coche oficial voló por los aires por la potencia de la explosión. Otro: “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”. A esta joven no le valió que en enero pasado las nietas de Carrera Blanco calificaran como “desproporcionada y un absoluto disparate” la decisión de la fiscalía de la Audiencia Nacional de pedir cárcel contra Cassandra. El caso de esta estudiante murciana generó un gran debate porque su caso se suma a los muchos que la Audiencia Nacional ha llevado a juicio por la supuesta comisión de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas. El portavoz de Jueces para la Democracia, el magistrado Joaquim Bosch, explica que se trata de “una estrategia de recorte de libertades” y no lo considera casual. “Se debe a una progresiva criminalización de cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión y a un abuso por parte del gobierno de los conceptos jurídicos indeterminados en sus nuevas leyes, como es la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida aquí como Ley Mordaza). Cuando la interpretación es ambigua se facilita que la ley pueda ser utilizada por cualquier gobierno en la dirección que da a las fuerzas policiales”. También explicó que se aumentaron las penas en este delito de enaltecimiento al terrorismo. “Antes eran dos años de prisión, que no suele suponer el ingreso en la cárcel, pero este gobierno lo ha elevado a tres años, lo cual permite practicar más detenciones”. Advierte también que estos casos son temas que frecuentemente “se utilizan de manera política con todo tipo de fines”. Un ejemplo de ello, explicó, es que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz –en la primera legislatura de Mariano Rajoy— saliera a condenar a dos titiriteros que en ese momento eran sometidos a una investigación judicial, con el fin de “generar determinados estados de opinión”. Los ácidos comentarios en Twitter de Cassandra se produjeron en un contexto específico, cuando había un fuerte debate en España por la aprobación de la “Ley Mordaza”, en marzo de 2015. El tribunal desestimó su argumento de que se trataba solo de hacer humor y polemizar, sin intención de hacer daño a las víctimas. Simple humor. El caso de Cassandra no es el único. Lo mismo sucedió con César Strawberry, el vocalista del grupo de hard-rap Def con Dos, para quien la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 20 meses de cárcel, ocho años de inhabilitación absoluta y dos de libertad vigilada por “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas”, con el contenido de seis mensajes de twitter. Strawberry fue objetivo de la llamada “Operación Araña” de la Guardia Civil, que convierte a este instituto armado en una ´policía de las redes sociales´, donde están escudriñando opiniones para iniciar acciones policiales. Es cierto que Strawberry es un personaje provocador e irreverente, pero de sus tuits no se desprende que esté incitando a cometer delitos, sino a criticar al estamento político más rancio. “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO”, donde no llama a atentar contra la ultraconservadora política del PP, sino como una simple ironía para comparar dos planteamientos políticos extremos, aludiendo a la banda terrorista GRAPO, derrotada por el Estado de Derecho. Otro decía: “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar… Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado”. Este irónico tuit, explicó el cantante en el juicio, lo escribió luego de que la directora del FMI hiciera una declaración sobre las pensiones y el alargamiento de la vida de las personas. Dos más en los que inicialmente la Audiencia aceptó la explicación de la defensa del cantante: “Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrera Blanco” y “Ya casi es el cumpleaños del rey. ¡Qué emoción! (le voy a regalar) un roscón-bomba”. Isabel Elbal, la abogada de Strawberry, decía recientemente en un debate sobre la aplicación de estos tipos penales para criminalizar el derecho de opinión en las redes sociales. Explicó que aunque no se reconoce en los procedimientos judiciales el nombre de la llamada “Operación Araña”, pero ella documentó que en las cuatro fases de esta acción de la Guardia Civil han sido detenidas 76 personas por subir comentarios ácidos a las redes sociales. La primera fase de la misma se produjo el 28 de abril de 2014, se detuvo a 21 personas por supuestos delitos de enaltecimiento al terrorismo. Dos semanas después de esta acción de la Guardia Civil, explicó, se produjo el asesinato de Isabel Carrasco, una dirigente del PP, que generó comentarios en las redes de mucho resentimiento contra ella y contra el PP. Muy molesto, el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz –impulsor de la Ley Mordaza— declaró que se iban a investigar estos casos de “apología del delito” y “de odio”. “Hay que limpiar las redes sociales de indeseables”, advirtió. La abogada advierte que ese es el punto de partida de una política consistente en reprimir la opinión en las redes sociales explícitamente buscando abiertamente cualquier opinión crítica o irreverente. Después, la operación tuvo una segunda fase, que se produjo el 6 de noviembre de 2014, donde se detuvo a 19 personas; la tercera fase el 18 de mayo de 2015, con 23 detenidos –cuando fue detenido Strawberry—. El ministro de Justicia, Rafael Catalá se congratuló de estas detenciones por considerarlo “una fortaleza del Estado de Derecho”. En la cuarta fase, el 13 de abril de 2016, se detuvo a 13 personas. Esto se produjo dos meses y medio antes de las elecciones generales de junio de 2016. En opinión de la abogada, no son coincidentes las acciones de la Guardia Civil con acontecimientos políticos, por lo que ella advierte que se trata también de una estrategia propagandística del PP. Critica el hecho de que el despliegue de una operación de este calado se aplica al combate a organizaciones de la delincuencia organizada, pero no tiene razón de ser para una serie de personas que son presentadas ante la Justicia en forma individual, con el fin de reprimir la libertad de expresión en las redes sociales. El abogado Gonzalo Boyé escribió un artículo en eldiario.es titulado “el franquismo sociológico”, en el que señala que estos dos casos, entre muchos otros, reflejan algo más grave: “pretender que asumamos una línea de continuidad entre dictadura y democracia y, sobre esa base, que aceptemos a Carrera Blanco como víctima del terrorismo. Tal planteamiento no solo es una reescritura de la historia sino la negación de la necesaria ruptura que ha de existir entre dictadura y democracia, matar a un tirano no puede ser considerado un acto terrorista, lo cometa quien lo cometa”. En su opinión, España promulgó un “enjambre legislativo” creado ad hoc para luchar contra ETA, pero disuelta la banda terrorista, “lo que corresponde es un trabajo de derogación de muchas de esas normas” y “de la adaptación de otras a un sistema y cultura democrática”. Consideró inaceptable que en el Código Penal español existen “al menos, 7 tipos penales que reprimen aquello que no es más, pero tampoco menos, que libertad de expresión”. Boyé sostiene que el problema de fondo es lo que llama “la línea de continuidad entre dictadura y democracia”. “El problema es mucho más complejo porque refleja la perpetuación del franquismo sociológico” de quienes dictaron esas normas y los que dictan esas resoluciones “con las cuales se construye y refuerza ese relato continuista”. Este abogado, quien inició una querella contra Estados Unidos por las prácticas de tortura institucionalizada en la guerra contra el terrorismo, critica que ahora se trate de “considerar a Carrera Blanco como una víctima del terrorismo”, síntoma de ese “franquismo sociológico”.