“El Yugo Zeta” en Coahuila: control de penales, secuestros, matanzas, quema de cuerpos…

La guerra entre Zetas y el CDG, telón de fondo en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (Proceso).- Llamadas de última hora les salvaron la vida a Enrique Martínez y Martínez y a Baltazar Hinojosa Ochoa. La mañana del 28 de junio de 2010 recibieron advertencias en sus celulares para que no acompañaran al aeropuerto al candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, quien se dirigiría a Valle Hermoso para celebrar el mitin de cierre de su campaña.

Ambos personajes eran colaboradores del candidato, pero también amigos muy cercanos del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba. Esa mañana Martínez (quien dos años después sería titular de la Sagarpa y ahora representa a México en Cuba) e Hinojosa (frustrado aspirante al gobierno en 2016) no abordaron las camionetas que los llevarían al aeropuerto.

Cuatro meses antes Los Zetas se habían separado de su matriz, el Cártel del Golfo (CDG). Para mediados de 2010 ambas bandas estaban en medio de una disputa por las principales plazas del estado y los primeros ganaban todas las batallas militares. Gracias a los documentos de la Corte Sur de Texas –que se hicieron públicos en días recientes– ahora se sabe que también estaban ganando la contienda política.

Los líderes zetas acababan de enviar 4.5 millones de dólares a Rodolfo Torre Cantú mediante el empresario Antonio Peña Argüelles –el enlace de ambos cárteles con los políticos– para financiar su campaña.

Con lo que no contaban Los Zetas era con que Jorge Eduardo Costilla, El Coss, líder del CDG, y los políticos que lo protegían –entre ellos Tomás Yarrington– echarían abajo sus esperanzas de tener un gobernador “aliado”.

A las 10:40 horas de ese 28 de junio, seis días antes de los comicios estatales, Rodolfo Torre Cantú fue asesinado.

Narcogobernadores

El acercamiento del CDG con los gobernadores tamaulipecos comenzó a estrecharse durante la administración de Manuel Cavazos Lerma. Antes, cuando el narcotráfico no tenía los alcances de ahora, los políticos importaban menos para los narcos. En esos tiempos se centraban en sobornar a jefes policiacos o a mandos del Ejército.

Pero en el sexenio de Cavazos Lerma el CDG “compró” a uno de sus familiares, que se desempeñó como comandante de la Policía Estatal en Reynosa y Miguel Alemán: Gilberto Lerma Plata, primo del gobernador.

Lerma tenía bajo su mando al joven policía Samuel Flores Borrego, quien años después se convertiría en el Metro 3. También al policía Aurelio Yankee Cano Flores, que posteriormente sería jefe de plaza del CDG en Los Guerra, localidad del municipio Miguel Alemán.

Gracias a la información que recibían desde la capital sobre los operativos de los policías judiciales federales y de los militares, así como a la protección que les brindaba el primo del gobernador, el cártel transformó a Los Guerra en su principal punto de cruce de mariguana hacia el norte.

La DEA conoció los detalles de ese trasiego; la agencia antinarcóticos estableció en Houston un wireless room, desde donde una empresa subcontratada monitoreó y grabó todas las conversaciones de los miembros de la organización en la Frontera Chica, pues éstos usaban celulares Nextel, los cuales buscaban las antenas de Estados Unidos en la frontera como repetidoras.

Así la DEA supo que Flores Borrego coordinaba el incipiente contrabando de armas AK-47 y R-15 para el CDG.

Dichas grabaciones fueron presentadas en la cortes de Estados Unidos cuando se juzgó allá a Lerma Plata y a Cano Flores.

Cavazos Lerma fue sustituido en el gobierno por Tomás Yarrington. Cuando éste ganó la elección, su relación con el CDG ya era muy estrecha. Gracias a esa amistad el cártel pudo elegir a los comandantes de la Policía Ministerial en las plazas que controlaba. También recibió de la oficina del gobernador, a cambio de sobornos, información relevante sobre operativos militares.

Los dólares que mandaron al siguiente gobernador, Eugenio Hernández Flores, les permitieron seguir su expansión y disfrutar de la protección estatal. La DEA y otras dependencias supieron que durante su administración Hernández recibió millones de dólares, primero del CDG, y al final de su mandato, de Los Zetas.

En las indagatorias contra ese gobernador participaron, además de la DEA, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El centro de operaciones se ubicó en Houston, donde se revisaron cuentas bancarias, llamadas y correo electrónicos de Eugenio Hernández. Así se supo de los sobornos del crimen organizado y, además, que el mandatario violaba las leyes para adjudicarse jugosos contratos de obra pública mediante una constructora que tenía en sociedad con el gobernador que lo sustituyó: Egidio Torre Cantú.

Los resultados de las investigaciones se hicieron públicos y para octubre de 2014 Hernández ya era considerado prófugo.

“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal trasnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, destacó la acusación de los fiscales de Texas.

El dinero de los sobornos fue lavado en bancos texanos por el empresario Guillermo Flores Cordero, originario de Torreón, quien mantenía cuentas en Texas por alrededor de 30 millones de dólares. Además, el gobierno estadunidense le confiscó a Hernández varias residencias.

Ese exgobernador también lavó y “escondió” parte de su dinero ilegal en México mediante su cuñado Óscar Gómez Guerra, quien fue investigado por las autoridades fiscales por “enriquecimiento ilícito”. Durante un breve lapso el fisco mexicano congeló sus cuentas, pero un juez le otorgó un amparo para mover su dinero y sacarlo del país. Manejó cuentas por montos superiores a los 4 mil millones de pesos, pese a ser un funcionario de tercer nivel en las administraciones estatales de Yarrington y Hernández.

Actualmente Hernández y Gómez están en la lista de criminales buscados por la justicia estadunidense. El FBI ofrece una recompensa por ellos.

No obstante, Hernández aparece regularmente en actos políticos en Tamaulipas. Se dejó ver como “invitado especial” en el último informe de Egidio Torre, y en la elección pasada acudió a votar como cualquier ciudadano. En cada acto donde aparece, ofrece improvisadas conferencias de prensa, resguardado por los escoltas que le proporcionó Torre Cantú.

El intermediario

A Eugenio Hernández lo remplazaría Rodolfo Torre Cantú, pero su asesinato hizo que su hermano Egidio llegara a la gubernatura de Tamaulipas.

Egidio Torre siguió los pasos de sus antecesores. Además se deslindó de las investigaciones sobre el asesinato de su hermano, cediendo la batuta a la Procuraduría General de la República (PGR). También proporcionó ocho escoltas a Yarrington.

Un año después del asesinato, los líderes zetas descubrieron que Antonio Peña Argüelles no había entregado los sobornos que le habían enviado a Rodolfo Torre Cantú, según las confesiones que están en poder de los fiscales de Texas.

Así que Miguel Ángel Treviño, El Z-40, ordenó secuestrar al hermano mayor del empresario, Alfonso, cuyo cuerpo apareció el 29 de noviembre de 2011 en el monumento a Cristóbal Colón, en Nuevo Laredo, sitio preferido por Los Zetas para tirar cadáveres.

El cuerpo de Alfonso Peña fue cubierto con un narcomensaje en el cual acusaban a su hermano de haber robado 4.5 millones de dólares y de “no cumplir con sus obligaciones”.

La mañana de ese día Antonio Peña Argüelles recibió un mensaje en su BlackBerry de parte del Z-40. El texto fue reproducido en la confesión que rindió ante la DEA.

En el mensaje le advierte que regrese el dinero o no tendrá lugar donde esconderse: “Además, su hermano anda diciendo aquí que usted y Tomás Yarrington, junto con Costilla, mataron al candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, porque estaba afectando al negocio de la construcción y estaba protegido…

“No sea pendejo y ponga atención a quién le anda robando de y sobre el candidato, fue por los negocios que usted tiene con Costilla, Tomás (Yarrington) y Osiel Cárdenas. Su hermano también me dijo de los prestanombres que tiene con las propiedades suyas y de Osiel y sabemos que están en Laredo, Texas y San Antonio.”

Tras la amenaza, Peña Argüelles viajó a San Antonio y se entregó a la DEA.

Presuntas órdenes de detención

Un día después de que se anunció la detención en Italia de Tomás Yarrington, el actual gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, declaró que esa captura ayudaría a resolver el homicidio de Rodolfo Torre.

“Queremos que se profundicen líneas de investigación, como el doloroso caso del cobarde asesinato de Rodolfo Torre Cantú, y que se pueda concluir con todas esas averiguaciones”, afirmó.

Destacó que en su administración se denunció que Yarrington y Hernández tenían a efectivos de la Policía Ministerial fungiendo como sus escoltas, los cuales fueron asignados por el anterior gobierno de Tamaulipas, pero que ya fueron retirados.

Agregó que buscarán recobrar los bienes ilegales del exgobernador. No obstante, hasta ahora la procuraduría estatal no tiene programada acción legal alguna contra Fernando Cano Martínez, principal lavador de Yarrington, con cientos de propiedades en el estado.

“La violencia desmedida que sufre Tamaulipas fue por la complicidad de Tomás Yarrington con el crimen organizado”, concluyó.

Ese mismo día comenzaron a circular en las redes sociales mensajes con rumores sobre “la llegada de personal de la SEIDO y PGR para rastrear todo lo relacionado a tres exgobernadores: Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington” y, además, para conocer la carpeta de investigación y todos los hechos asociados al asesinato del excandidato del PRI.

Otro rumor señaló que ya se habían girado órdenes de aprehensión y abierto averiguaciones contra jefes de grupo de la Policía Ministerial y mandos de la procuraduría y de la Unidad General de Investigaciones, por estar implicados en el asesinato de Torre Cantú.

Los textos incluían nombres de algunos comandantes y funcionarios en la procuraduría estatal que han permanecido desde la época de Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú y que el nuevo gobernador panista dejó en sus puestos.

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