La clase política mexicana se protege entre sí

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La falta de acción del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los gobernantes y funcionarios públicos que incurren en delitos ha obligado a la intervención de gobiernos extranjeros, que así evidencian las fallas de la justicia nacional. Los casos más recientes son el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, de Tamaulipas, Tomás Yarrington; y el del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, los tres detenidos en otros países.

El gobierno mexicano ni siquiera se dio por enterado de que contra Veytia y Yarring­ton se habían formulado acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y nunca abrió una investigación.

De acuerdo con un reporte de la consultora Integralia, dirigida por el exconsejero presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, hasta el año pasado se tenía el registro de que en los últimos tres lustros 14 exgobernadores mexicanos eran investigados en México o en el extranjero por diversos delitos.

Según esa estadística, 52.92% de esos políticos son señalados de peculado; 23.53% de lavado de dinero; 17.65% de asociación delictuosa, y 5.8% de extorsión. De los 14, sólo cinco exgobernadores fueron encarcelados, uno se encontraba en funciones, otro fue incorporado al Servicio Exterior Mexicano y los siete restantes están libres, ya sea porque fueron absueltos o porque evadieron la justicia.

Para el académico Miguel Sarre, no se explica la pasividad de la justicia mexicana: “No se trata de sorpresas o de un criminal que cometió un homicidio y se va al extranjero; lo más grave es que cuando estaban aquí no se les persiguió”.

–¿Es encubrimiento? –se le pregunta.

–Sí, porque hay actos que tienen la obligación de perseguir, de investigar ciertas conductas tanto por la vía administrativa como la penal, pero no se hace, a pesar de que sectores de la población saben que hay ilícitos que involucran a estos personajes.

–¿Cuál es el interés de Gobernación o de la PGR en encubrirlos?

–Creo que hay espíritu de cuerpo, ese espíritu de protegerse unos a otros.

–¿Son parte de la red?

–No puedo decirlo, pero sí que existe un espíritu de solidaridad entre ellos.

–¿Es obvio que Gobernación y la PGR están enteradas de los ilícitos de los gobernadores?­

–Claro, si no, sería demasiado grave.

–¿Cómo nos vemos en el exterior con esta falta de acciones de justicia?

–Afuera se relacionan los problemas de México con el narcotráfico, pero cada vez más se ve que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad son problemas políticos. Todo esto no es un desastre natural, es una calamidad política. Creo que hay un giro en la opinión pública, de visualizar más la responsabilidad política de estos actos y no verlos como un problema de delincuencia organizada.

–¿Hay una forma de solucionar esta falta de actuación?

–Una forma inmediata e instantánea, no creo. La solución está a partir de la participación política, este es el problema de fondo, un problema de deterioro político de México, y la solución tendrá que venir en este ámbito. Si lo político no está resuelto, aunque tengamos autoridades eficaces en la procuración de justicia o comprometidas, no podremos ver resultados.

Urge una reforma institucional

Al pedirle al exlegislador y excónsul general de México en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, su opinión sobre la actuación de la PGR hacia los servidores públicos que cometen delitos, responde:

–No voy a usar adjetivos, prefiero proponer sustantivos que nos permitan superar el déficit que está mostrando el sistema legal mexicano y que se ha vuelto un asunto de seguridad nacional para el país. Son asuntos que requieren, primero, recuperar la fortaleza del sistema de procuración de justicia y alinearlo con los organismos de seguridad nacional, porque el alcance criminológico que se ve con estos acontecimientos es de carácter internacional, no están confinados a un solo país.

Haddad, autor del libro El eslabón perdido. Historia secreta de los asesinatos que cambiaron la historia de México, de reciente publicación, explica que delitos como los que se atribuyen a los exgobernadores mencionados tienen una connotación internacional que requiere alinear la política interior con la exterior, a fin de contar con esquemas de cooperación internacional en materia de persecución de los delitos, seguridad de Estado y protección a los mercados.

Además considera que esta circunstancia es propicia para transformar instituciones:

“Hay que reformar el trabajo de la Secretaría de Gobernación en tres áreas: todo lo relacionado con migración, con las fronteras y la actuación de las agencias de seguridad nacional. E inmediatamente, en congruencia, hay que reformar la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior Mexicano, que requiere ser nutrido con internacionalistas de alta calificación técnica y con conocimientos jurídicos avanzados.”

También, señala, es necesario dotar a esas instituciones con nuevas tecnologías que permitan una diplomacia robusta, eficiente y sujeta a verificación, con estándares de conducta ética, exámenes periódicamente administrados con evaluaciones de órganos internos de control “para asegurarnos de que entre política interior y política exterior no tengamos incongruencias”.

Aclara que “allí juega un papel muy importante revisar cómo está nuestro sistema de procuración de justicia ante los acontecimientos que se han visto recientemente”, en referencia a las detenciones de Veytia y Yarrington.

–¿Usted cómo ve dicho sistema?

–Lleno de retos. Y no es privativo de México: en el mundo hay una renovación institucional en materia de justicia, seguridad pública, seguridad nacional y cooperación internacional.

Sobre los cambios que a su juicio requiere Gobernación, dice:

“El órgano federal que debe saber lo que está pasando es la Segob. Tiene facultades exclusivas que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y todos los instrumentos legales, policiales y de investigación, para contestar rápidamente a la pregunta de qué está pasando en el país, con información actualizada.

–¿De verdad no sabe lo que pasa en el país o no quiere actuar?

–No sabría decirle, habrá que oír su versión, si es que hay una falla institucional que no permite tener a tiempo la información.

–Hay denuncias de los habitantes de Nayarit contra Édgar Veytia ante la PGR, Gobernación y Presidencia, y aun así se tuvo que llegar a su detención en Estados Unidos. ¿Qué opina?

–Esto nos habla de la acumulación de casos que rebasan el ámbito de jurisdicción mexicana y se van a la de Estados Unidos, en donde en cortes federales de Texas, California, Chicago y Nueva York se acumula una lista grande de asuntos con peso político y que plantean un reto para la diplomacia mexicana en cuanto a la manera de desahogar esos expedientes y los contenidos de información estratégica que seguramente tendrán.

–¿Por qué aquí no hay una investigación, cuando hay tantas denuncias en contra de muchos funcionarios ante Gobernación y la PGR?

–Se requiere una reforma dentro de las instituciones que tienen los recursos para actuar y la obligación de proteger el interés de la sociedad. Es el momento de hacer una revisión del funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano, tanto las de política interior como las de política exterior.

–¿Las revisiones son suficientes o es cuestión de voluntad?

–Es lo que nos ha hecho falta en México para tener un buen funcionamiento de las instituciones: una decisión interna, de voluntad nacional. Yo sugeriría respetuosamente que las instituciones que tienen la responsabilidad de actuar realicen una valoración interna de la situación en que se encuentran para que los casos que se han acumulado comiencen a ser procesados, desahogados, antes de que lleguen a un volumen que ya no permita un manejo a tiempo.

–Son 16 gobernadores, más tantos fiscales…

– Esa lista de gobernadores en fuga es una descripción muy triste del momento que vive la política mexicana.

Este reportaje se publicó en la edición 2111 de la revista Proceso del 16 de abril de 2017.

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