CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 8 de febrero, mientras Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, se escondía de las autoridades estadunidenses y mexicanas en Italia, bajo una identidad falsa, una corte de Texas emitió una nueva orden de detención en contra del priista Eugenio Javier Hernández-Flores, quien gobernó la misma entidad entre 2005 y 2010. La Corte de Distrito Sur de Texas, división Corpus Christi, reiteró en el auto de acusación formal que entre 2008 y 2015, Hernández Flores y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra lavaron cerca de 30 millones de dólares mediante la compra de bienes inmobiliarios en Mc Allen y Austin, Texas. La acusación es idéntica a un auto de encauzamiento judicial anterior, que emitió la misma corte el 27 de mayo de 2015, por la cual ambos enfrentarían sentencias de hasta 25 años de cárcel y 750 mil dólares de multa.

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En los dos autos, el gobierno de Estados Unidos imputa tres delitos a los tamaulipecos, todos relacionados con maniobras fraudulentas para lavar dinero de origen ilícito. Según las autoridades de ese país, el exgobernador y su cuñado armaron un esquema de defraudación bancaria –engañaron a la Inter National Bank, la Lone Star National Bank y la International Bank of Comerse–, sobornaron funcionarios en “una nación extranjera” (no menciona directamente a México), movieron “fondos robados” y manejaron “negocios de transferencia de dinero sin licencia”. En verano de 2015, cuando la corte de Corpus Christi emitió la primera orden de detención en su contra, Hernández Flores aseveró que su patrimonio en Estados Unidos era “legítimo”.

La orden de detención de Hernández by Revista Proceso on Scribd

Ahora se encuentra “prófugo” de la justicia estadunidense, pero no de la mexicana. El pasado 5 de junio votó sin problemas a favor de Baltasar Hinojosa Ochoa –entonces candidato priista a la gubernatura del estado– en la sección electoral 1569 ubicada en Ciudad Victoria. El pasado 16 de marzo, las autoridades estadunidenses detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a Mónica Andrea Roca Pérez, presunta blanqueadora de dinero de Hernández Flores y sobrina del exgobernador Egidio Torre Cantú. Los cargos que la justicia estadunidense imputa a Hernández Flores son menores a los que enfrenta su predecesor en el gobierno de Tamaulipas: además de operaciones de lavado de dinero y defraudación bancaria, Yarrington está señalado de haber traficado grandes cantidades de droga proveniente de Veracruz –entidad entonces gobernada por Fidel Herrera Beltrán– hacia Estados Unidos. El gobierno estadunidense también afirma que Yarrington dejó operar con impunidad a grupos criminales –el Cártel del Golfo y los Zetas– en el estado a cambio de sobornos, y desvió dinero público para comprar propiedades en Estados Unidos. Sin embargo, el juicio de Hernández Flores podría ampliarse, ya que en julio de 2014 la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseveró ante la misma corte de Corpus Christi que el exgobernador recibió dinero de los Zetas “a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”. Durante su carrera en el PRI tamaulipeco, Hernández Flores coordinó el Comité de Financiamiento de la campaña del entonces candidato a gobernador, Tomás Yarrington.