CIDH demanda esclarecer asesinato del periodista Maximino Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a la exigencia internacional por el pronto esclarecimiento del asesinato del periodista Maximino Rodríguez Palacios, ocurrido el pasado viernes 14 en La Paz, Baja California, así como de los otros tres homicidios de comunicadores ocurridos en lo que va de 2017.

A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión para condenar el homicidio, el organismo de la OEA urgió “a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen, tanto materiales como intelectuales”.

En un comunicado, la CIDH resaltó que dado que el periodista había sido víctima de amenazas, tras publicar en el portal Colectivo Pericú tres días antes de su muerte información sobre una supuesta célula criminal llamada “Los Colores”,  sería pertinente evaluar la posible atracción del caso por parte de la federación.

“La Relatoría Especial estima necesario evaluar de manera urgente si deben activarse mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales”, indicó el organismo.

Recomendó fortalecer “los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar el ejercicio periodístico”.

Sin inscripción en el Mecanismo

Por lo pronto, el organismo reconoció el hecho de que, según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR) signado también por la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), tanto la delegación en Baja California Sur como la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) iniciaron una investigación por el homicidio del periodista.

De acuerdo con el comunicado, al solicitar información al Estado, se le notificó a la CIDH que Rodríguez Palacios “no era beneficiario del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Además, se le adjuntó un pronunciamiento de la Junta de Gobierno del Mecanismo condenando el asesinato y exhortando a las autoridades a “investigar el crimen y sancionar a los responsables”; incluso, se dijo que el Estado reportó que “el Mecanismo se encuentra evaluando la situación de riesgo en que se encontrarían otros comunicadores que publican en el mismo blog”.

El organismo hizo un recuento de los periodistas asesinados en lo que va de 2017: Cecilio Pineda, fallecido en Guerrero el 2 de marzo; el 19 de marzo, Ricardo Monlui Cabrera fue ejecutado en Veracruz;  Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo en Chihuahua, y ahora Rodríguez Palacios.

Ante esta serie de homicidios, la Relatoría Especial exhortó “a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos crímenes estarían asociados con el ejercicio de la libertad de expresión y poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.

Al reiterar la urgencia de evaluar la posibilidad de la atracción federal de las investigaciones, consideró “fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas”.

La Relatoría Especial de la CIDH recordó la obligación de los Estados de “proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial respecto de sus derechos fundamentales”, así como a “adoptar medidas concretas de protección” empezando por el reconocimiento de que “existe una situación de riesgo real e inminente para un individuo o grupo de individuos determinado y la posibilidad razonable de prevenir o evitar este daño”.

Asimismo, apuntó que en el punto número nueve de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, se asienta que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a los autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Incluso, resaltó que “cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras”.

Jacobson pide justicia EU

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, lamentó el homicidio del periodista y colaborador del Colectivo Pericú, Maximino Rodríguez, registrado el 14 de abril en La Paz, Baja California Sur, y consideró imprescindible llevar ante la justicia a los responsables de este asesinato y de otros perpetrados contra periodistas.

“Todos coincidimos en opinar que la labor de un periodista en México es cada día más peligrosa. Cuatro comunicadores han sido asesinados en menos de dos meses”, subrayó la diplomática.

En un comunicado, Jacobson se unió a los familiares, amigos y colegas de Max en su sufrimiento por esta pérdida y reiteró su convicción de que “una prensa libre y segura es el cimiento de una democracia sólida”.

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