CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional cruzaron acusaciones e interpusieron sendas denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por la presunta comisión de delitos electorales. En un comunicado, la dirección nacional el PAN acusó al candidato priista Miguel Ángel Riquelme Solís por el uso de recursos públicos del gobierno estatal para promoverse. Con lideresas como intermediarias, dijo, el gobierno de Coahuila entregó tinacos rotulados con el logotipo de su administración en plena veda electoral. A los beneficiarios, añade el boletín, se les dijo que los tinacos eran regalos del PRI y de Riquelme, y les pidieron su credencial de elector. Según la querella interpuesta por el coordinador general Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Eduardo Aguilar Sierra, y el asesor jurídico Sergio Sigüenza, cada tinaco tiene un valor comercial de mil 400 pesos, aproximadamente, cuyo reparto se realizó pese a la prohibición del Instituto Nacional Electoral de entregar beneficios de programas sociales de forma masiva, máxime cuando no se cuenta con reglas de operación claras ni un padrón de beneficiaros establecido. Las conductas denunciadas, explicó Aguilar Sierra, se encuadran en la compra de votos y en la utilización de recursos públicos con fines electorales, los cuales se consideran delitos graves y pueden alcanzar hasta nueve años de prisión. Esta denuncia se suma a otras cuatro presentadas en contra de funcionarios estatales y municipales coahuilense por conductas similares. De su lado, el presidente de la Fundación Colosio Filial Coahuila, David Aguillón Rosales, dio a conocer un presunto fraude electoral y financiero cometido por el candidato panista a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, a través del denominado “Lavadero con Tarjetas”. Dicha estrategia, dijo, constituye la compra de votos más grande de la historia que se tenga registrada en el país, estimada en 70 millones de pesos. En conferencia de prensa, Aguillón Rosales detalló que desde inicios de este año se formaron “Consejos Ciudadanos”, mismos que, en realidad, son un ejército electoral de 6 mil activistas a sueldo y dedicados a comprar votos para el PAN. Aguiilón Rosales señaló que a través de un informante del “War Room”, así como de testimonios de miembros de estos Consejos, Guiilermo Anaya, reclutó a más de seis mil personas en todo el estado para realizar reuniones vecinales en donde mediante loterías, venta de leche, entrega de despensas y pláticas, se promueve la imagen del candidato del PAN. Puntualizó que a estas personas, organizadas bajo diferentes figuras, se les realizan pagos en tarjetas de nómina de Banorte -con el conocimiento de altos funcionarios bancarios mediante cuentas supuestas de nómina- a nombre del Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana; sindicato que sirve de fachada para esta operación. Detalló que los pagos que reciben estos activistas del PAN van de 350 hasta los 2 mil 500 pesos semanales, de acuerdo a la categoría que ocupan las diferentes figuras, y suman 69 millones 890 mil pesos, de acuerdo a la planeación de 16 semanas que tienen contemplada en esta operación. Las cuentas bancarias, dijo, son alimentadas con depósitos millonarios que se originan en ciudades como: Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa. “El hecho revela que Guillermo Anaya y el PAN están incurriendo en delitos como: coacción del voto; lavado de dinero; uso de recursos ilícitos en campañas electorales; violación de los topes de campaña y peculado, entre otros”, sentenció David Aguillón. El dirigente de la Fundación Colosio Filial Coahuila anticipó que se interpondrán las denuncias correspondientes antes las distintas autoridades electorales, judiciales, bancarias y hacendarias para que se investigue hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los responsables de este gran fraude electoral y financiero. Por lo pronto, la tarde de este martes el PRI presentó una denuncia penal ante la Fepade en contra de José Guillermo Anaya Llamas, Luis Fernando Salazar Fernández, José Miguel Batarse Silva, Alma Rosa Huitrón Landeros, Carlos Ulises Orta Canales, Alejandro Gamez Handal, Eduardo Sierra, Aldo Minjares Ortiz, Jorge Garza Aburto y contra quien o quienes resulten responsables por estos hechos.