CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Armenta Mier, diputado federal del PRI por el estado de Puebla, anunció que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar su expulsión de ese partido. El pasado domingo 9, el legislador firmó el Acuerdo de Unidad Nacional al que convocó Andrés Manuel López Obrador, y al día siguiente el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, le exigió se deslindara de Morena, retirara su firma del pacto y reconociera públicamente su militancia priista. Este martes, horas después de que Camacho anunció su inminente expulsión del PRI, el legislador por Puebla dio a conocer en conferencia de prensa un oficio de dos cuartillas y media, donde explica al coordinador de su bancada la razón por la que firmó el documento. El sustento es lapidario: “La transparencia y la rendición de cuentas, más que un reclamo social creciente, es una obligación de todos los que somos servidores públicos. Así lo he señalado con frecuencia en diferentes oportunidades, como militante, sin embargo, no he encontrado eco en mi partido, razón por la cual tomé la determinación de suscribir dicho acuerdo”. Añade: “La firma obedece a la convocatoria que se hace a líderes de todos los partidos y de la sociedad civil que estamos en contra de la corrupción, el abuso de poder, el uso indebido de recursos públicos, la opacidad y el saqueo que tanto daño han hecho a nuestro instituto político y a nuestro país”. Casos como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, “son vergonzosos y lastiman a nuestra militancia, y de no actuar a tiempo, las consecuencias serían fatales. Tal es el caso del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que a pesar de la denuncia pública que el suscrito ha hecho a nuestro partido en diversas ocasiones, no he recibido respuesta y continúa la impunidad”, subraya. Ochoa Reza, el taxista El diputado federal del PRI inicia la misiva diciendo que Camacho Quiroz lo conminó a retirar la firma del Acuerdo de Unidad Nacional “por considerar que apoyé a un partido antagónico al PRI”. Y destaca que en el propio partido ha denunciado la corrupción, pero no lo han tomado en cuenta. Sobre la “amenaza” de César Camacho, quien le advirtió que se atuviera a las consecuencias si no retiraba su firma, dice que revisó los documentos básicos del PRI y el contenido del Acuerdo Nacional “sin encontrar en ello disonancia alguna”. Después narra hechos ocurridos de posible corrupción en su estado y pide al coordinador de diputados priistas que le diga “cuál es la postura de nuestro grupo parlamentario” en esos casos, pues “una posible omisión de nuestra parte nos haría cómplices”. En su alegato y denuncia de hechos ocurridos en Puebla, Armenta Mier revela beneficios obtenidos por el actual dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Entre los diez casos de posible corrupción, el noveno hace referencia a las concesiones de taxi otorgadas a Ochoa Reza en el gobierno de Rafael Moreno Valle. Y aclara al final: “Estos son algunos de los temas que lastiman a nuestra militancia de Puebla, mismos que considero debemos atender con prontitud, antes de que sea demasiado tarde”. Como actos de posible corrupción, el diputado por Puebla incluye “el sobre costo en las obras de infraestructura del estado, por ejemplo, el caso del Museo Internacional Barroco, que tuvo un costo final de 7 mil millones de pesos”. Esta obra fue adjudicada al constructor favorito de Enrique Peña Nieto y quien entregó al Ejecutivo federal y a su esposa Angélica Rivera la mitad del terreno de la llamada Casa Blanca en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec: Juan Armando Hinojosa. También resalta la “privatización del agua en Puebla y el fideicomiso Evercore (empresa propiedad de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari), que condena a los poblanos a pagar diferentes obras de infraestructura por más de 50 años”. Además, “la ciudad modelo AUDI que desaparece materialmente a cinco municipios del estado, eliminando sus facultades constitucionales hacendarias, jurídicas y de prestación de servicios; los más de 130 presos políticos en Puebla, cifra que pone a la entidad en el primer lugar del país; la escandalosa deuda de Puebla derivada de la contratación de proyectos de prestación de servicios (PPS); la persecución y hostigamiento a los presidentes municipales de todas las fuerzas políticas por parte de la Auditoria superior del estado; la opacidad en el uso de los recursos públicos, y la campaña del exgobernador Rafael Moreno Valle en todo el país con recursos públicos”. A consideración del diputado federal por el PRI, se trata de actos de corrupción que deben ser investigados, y así lo expresa en el documento. Durante la conferencia de prensa, Armenta Mier adelantó que se defenderá de las “amenazas” de expulsión, porque –enfatizó– no ha cometido ningún delito contra su partido, ni ha faltado a sus derechos y obligaciones políticas o de la Constitución.