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CNDH propone que Ley de Seguridad Interior se someta a una discusión amplia y con expertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, celebró que en la Cámara de Diputados se haya complicado la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que deja en manos de la fuerzas armadas la seguridad pública del país, y exhortó a que se someta a “una discusión lo más amplia posible” en la que participen “todos los actores” y se tome en cuenta a expertos.

Sin embargo, entrevistado al término de su participación de la Mesa Nacional de Armonización Legislativa sobre la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, el ombudsman reconoció que mientras no haya policías profesionalizadas, “sería insensato que las fuerzas militares regresaran en estos momentos a los cuarteles”.

Apenas ayer el corodinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiróz, aceptó que la aprobación de dicha ley se está “dificultando” en el actual periodo de sesiones, que finaliza este 30 de abril.

Al señalar que “la gran mayoría” de las corporaciones policiales estatales y municipales “fueron rebasadas en sus capacidades y, en algunos casos, contaminadas por el crimen organizado”, González Pérez reprochó a los gobiernos locales por no haber profesionalizado a sus policías en los últimos 10 años, y peor aún que “tampoco ha habido consecuencias por la falta de ese cumplimiento de los gobiernos estatales”.

El presidente de la CNDH insistió en que los mandatarios estatales están obligados a capacitar a sus policías y que “los recursos correspondientes se apliquen debidamente”.

Ante cuestionamientos sobre los riesgos para la seguridad del país si la Ley de Seguridad Interior no es aprobada, González Pérez recordó que la posición de la CNDH al respecto de esa legislación es que “haya una amplia discusión del tema (…), pero eso no cancela precisamente que las fuerzas armadas puedan continuar con esta tarea, desde luego, de manera transitoria”.

El ombudsman alertó que a más de cinco años de la reforma al artículo primero Constitucional, sólo el 87.4% de las cartas magnas estatales han avanzado en la armonización, lo que dificulta e inclusive inhibe el ejercicio y vigencia de los derechos humanos.

Tras recordar que desde el año pasado la CNDH participó en el diseño de la “Plataforma Nacional de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos”, González Pérez puntualizó que “el reconocimiento normativo de los derechos resulta de poca relevancia si los mimos no adquieren vigencia y no se cuenta con las vías o medios para hacerlos efectivos, para reclamar su cumplimiento o resarcirlos si fueron violentados”.

El ombudsman recordó que “el reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos, son cuestiones que implican un compromiso y responsabilidad compartida de los poderes y autoridades de los distintos órdenes y niveles de gobierno”.

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