GUATEMALA (apro).- Dos aspectos destacan de la audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en el Tribunal Quinto de Sentencia de la ciudad de Guatemala este 19 de abril: admitió que tenía seis meses de vivir en este país –casi todo el tiempo que permaneció prófugo–, y se abstuvo temporalmente de aceptar la solicitud del gobierno de México de extraditarlo por ser sospechoso de participar en hechos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita. Detenido el pasado 15 de abril en Panajachel, Sololá, a 140 kilómetros de la capital de Guatemala, el exmandatario estatal escuchó durante casi dos horas y media los delitos que se le imputan y un detalle de las declaraciones que respaldan los cargos en voz del presidente del Tribunal, Adán García. El magistrado le explicó que no enfrenta ningún cargo en Guatemala y que la audiencia sólo tenía el propósito de notificarle el motivo del pedido de extradición de México. “Usted no está obligado a responder ninguna pregunta respecto al caso en esta audiencia; puede permanecer callado si así lo desea”, le dijo García. Luego, le pidió que se identificara por su nombre, que proporcionara los de su esposa (Karime Macías Tubilla) y padres (María Cecilia de Ochoa Guasti  y Javier Duarte Franco), así como su domicilio en México. Cuando García le preguntó cuánto tiempo tenía de estar en Guatemala, Javier Duarte respondió: “seis meses”. El dato confirma lo pronunciado por Omar García Harfuch, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), 24 horas después de la captura: que la incautación de pasaportes falsos con la foto de Duarte y su esposa Karime Macías, el 10 de noviembre de 2016, fue el indicio de que el exgobernador estaba en Guatemala desde entonces. El testimonio clave presentado en la audiencia y que justifica los cargos contra Duarte de Ochoa es el de José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado fiscalista y supuesto cómplice del exfuncionario, quien ofreció a la PGR detalles de algunas de las propiedades que Duarte posee y que están valoradas en millones de pesos. El documento que leyó el magistrado destaca una delación en particular: cómo Janeiro advirtió a Duarte, en septiembre de 2016, que había gastos personales del expriista y Moisés Mansur Cysneiros (amigo cercano y prestanombres de Duarte) por 350 millones de pesos que la Secretaría de Gobierno de Veracruz no tenía cómo justificar. El testimonio delata cómo Duarte le propuso borrar las operaciones del registro electrónico financiero, a lo cual Janeiro Rodríguez respondió que desde hacía cuatro años había evidencia en el sistema bancario de esas transacciones. Un mes después, Duarte renunció de su cargo y poco después se convirtió en prófugo, una vez que la PGR formuló cargos en su contra. [caption id="attachment_482978" align="aligncenter" width="702"] Duarte llega a su audiencia en Guatemala. Foto: AP / Moises Castillo[/caption] “Me reservo el derecho” Durante la audiencia en Guatemala, Javier Duarte apareció con un chaleco blindado, parte del protocolo de seguridad para procesados de alto perfil. Acompañaron al exgobernador los abogados guatemaltecos Óscar Patzán y Amarilis Navas Portillo. Patzán dijo que representa al exgobernador veracruzano desde el 17 de abril, dos días después de su captura, pero que hasta un día antes de la audiencia recibió copia de la solicitud de extradición. Asimismo, pidió autorización para que Pablo Campuzano de la Mora, un abogado de Duarte que llegó desde México para la audiencia, pudiera acompañarles en calidad de asesor. Después de que el magistrado le pidió al Ministerio Público que se pronunciara, el fiscal José Antonio Galdámez, de la Unidad Especial de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, dijo que no objetaba que Campuzano permaneciera en la sala, pero aclaró que sólo podía ser observador  “sin (entablar) comunicación con los abogados titulares” ni con el detenido. El Tribunal autorizó un receso de casi 15 minutos para que el exgobernador y sus abogados discutieran la postura que plantearían en la audiencia. Así, la única vez que Duarte habló fue cuando respondió al magistrado García cómo se pronunciaba respecto al pedido de extradición. “No allanaré (aceptaré) la extradición hasta que recibamos la solicitud formal”, dijo. “No quiere decir que no la voy a aceptar, pero por ahora me reservo el derecho de hacerlo”. Según la ley guatemalteca, el gobierno de México tiene 60 días para presentar una solicitud formal a Guatemala, pues lo presentado hasta ahora es preliminar. El plazo comienza a correr desde que un memorial planteando las actuaciones en esta audiencia llegue a manos de la PGR. Ésta debe enviar la solicitud a Guatemala por medio de la Cancillería, quien la entregará a su contraparte y ésta a las autoridades judiciales. Éstas, a su vez, la facilitarán a la defensa de Duarte. Alrededor de 70 periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios locales e internacionales atendieron la audiencia. Durante una pausa en los procedimientos, algunos periodistas le decían: “Unas palabras Javier”, pero Duarte guardó silencio. Un periodista mexicano le preguntó, “¿(Es) inocente?”. El exgobernador de Veracruz tampoco respondió. Al final de la audiencia, el magistrado García anunció que se formalizaba la detención de Duarte en el Centro de Detención de Matamoros. Hasta este día su captura era provisional.