CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Bajo la lógica de que ellos son los buenos y el resto del mundo “es un desastre”, el presidente estadunidense Donald Trump pretende impedir el ingreso de más inmigrantes a su país, sea por la vía de sus decretos administrativos (que afortunadamente fueron suspendidos –en los dos intentos– por jueces de su país), la construcción del muro en la frontera con México o la criminalización de los migrantes. La semana pasada el presidente y miembros de su gabinete anunciaron varias medidas para impedir la inmigración. El Departamento de Seguridad Interior anunció, por su parte, que agilizará la contratación de 5 mil agentes migratorios para detener más inmigrantes y acelerar su deportación. Para lograrlo planea disminuir los requisitos de contratación: pretende eliminar los exámenes de polígrafo y de español, por ejemplo. De acuerdo con información de The New York Times, James Tomsheck, excomisionado asistente de asuntos internos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, la medida incrementará los riesgos de que se incorporen a la agencia agentes corruptos: “No puedo ver cómo esto hace la frontera más segura”, aseguró, tras considerar que cancelar la prueba del polígrafo es ridículo. Mientras tanto, el procurador general –Jeff Sessions– en su visita a Nogales, Arizona, anunció el despliegue de 25 nuevos jueces en los centros de detención de la frontera y la contratación de 50 jueces adicionales en este año y 75 más en el siguiente. Pero lo más significativo fue la firma del memorándum a todos los fiscales federales de “Renovar el compromiso para la persecución criminal de la inmigración”, en el que señala con claridad que se considerará delito grave el intentar reingresar al país después de haber sido deportado. El memorándum específica que “cada distrito deberá perseguir como delito grave cualquier caso en el que el detenido tiene dos o más detenciones por intentar ingresar ilegalmente”; posteriormente, aclara: “Cada distrito deberá consignar todas los reingresos ilegales. Deberá priorizar aquellos que tengan antecedentes criminales”. En estas condiciones en todos los casos en los que haya dos intentos previos se considerará un delito grave, pero los fiscales podrán catalogarlo así incluso aunque sólo haya habido un intento previo. Solamente los que no tengan ningún antecedente estarán seguros de que su acción será considerada una falta administrativa y serán deportados a su lugar de origen; todos los que tengan algún antecedente corren el riesgo de ser tratados como delincuentes; y con dos intentos, ya es un hecho que los consignarán como tales. En su discurso, el procurador hizo referencia a los traficantes de drogas y de inmigrantes, que sin duda incurren en delitos que deben ser perseguidos. Sin embargo, equiparó la reincidencia de faltas administrativas migratorias a los delitos antes señalados y, por lo tanto, les dará el tratamiento de delincuentes. Mientras tanto, el mismo Trump señaló en una entrevista con la cadena Fox Business Network: “Hay gente que dice ‘Trump no va a construir el muro’. Por supuesto, cien por ciento seguro que vamos a construir el muro”. Y presumió que tuvieron cientos de diseños y que muy pronto decidirán cuál adoptarán. En la misma entrevista presumió que registraron un descenso de 68% en la inmigración indocumentada al país, por la frontera sur, pero a pesar de ello mantuvo su promesa de construir el muro. Mantiene el discurso de que todos los inmigrantes son delincuentes, narcotraficantes, polleros, pandilleros y que generan violencia en sus ciudades y hoy repiten esa idea varios integrantes de su gabinete. En sus discursos, entrevistas y propuestas no cabe la referencia de que un porcentaje muy alto de los migrantes deja su lugar de origen como la única alternativa para salvar sus vidas y la de sus familias. Muchos de ellos huyen literalmente de sus países porque sus vidas corren peligro, por encontrarse inmersos en un conflicto bélico; en otros casos, como el de muchos mexicanos, para escapar de la delincuencia organizada que los obliga a sumarse a sus filas, bajo la amenaza de dañar a sus familiares o asesinarlos. En otras ocasiones las condiciones de sus países de origen les impiden encontrar trabajo, como pasa con los haitianos, o encontrar un trabajo que les permita simplemente la sobrevivencia de ellos y sus familias (basta referir que en México el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de pobreza y casi 8 millones de mexicanos –que equivale a 15% de los trabajadores mexicanos– lo ganan). Es decir, la decisión de emigrar hacia el vecino país no es por encontrar un mejor trabajo, sino por la necesidad de sobrevivir. Precisamente por ello, aceptar a los migrantes forzados es una acción humanitaria, pues de otra manera muchos de ellos literalmente fallecerían, como se ha documentado puntualmente en diversos casos. Y optar por la alternativa contraria (procesar como autores de un delito grave a los migrantes reincidentes, cuya única falta es intentar ingresar a un país sin los documentos migratorios en orden) sí es un verdadero crimen. Las migraciones forzadas deben tratarse como crisis humanitarias, que como todas las emergencias requieren de una acción internacional concertada de ayuda para atacar las causas estructurales que las ocasionan; pero nunca deben enfrentarse sus manifestaciones como actos delictivos, pues aunque eventualmente detengan temporalmente los flujos migratorios hacia algún país en particular, agravan el problema y cobran vidas humanas. Pero es una pérdida de tiempo pedirle a Trump y su gabinete que siquiera intenten entenderlo así. En poco más de dos meses de gobierno ya dejaron constancia –basta el bombardeo a Siria y derogación de las medidas para conservar el medio ambiente– de su desprecio por la vida humana. Este análisis se publicó en la edición 2111 de la revista Proceso del 16 de abril de 2017.