CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Senado, Pablo Escudero, desestimó que la autonomía de la nueva Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular no ha sido electo, esté en riesgo con la publicación de un acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Diario Oficial de la Federación, hecho que generó una airada reacción de senadores del PAN, del PRD y del llamado bloque de legisladores del PT-Morena. “Estos comentarios se hacen por ignorancia o mala fe”, atajó Pablo Escudero. “Lo que hay es un acuerdo promulgado por la PGR que tenía la obligación de publicarlo. Hay que recordar que ese mismo acuerdo de la creación de la Fiscalía Anticorrupción se hizo en 2014. Hicimos la reforma constitucional y se emitió ese acuerdo con el entonces procurador (Jesús) Murillo Karam”, argumentó. Escudero, del Partido Verde, admitió que la aprobación del fiscal Anticorrupción se ha atorado en el Senado por la condición de modificar primero el artículo 102 constitucional para eliminar el “pase automático” del actual titular de la PGR para ser fiscal general por nueve años. Consideró que en los ocho o nueve días siguientes definirán al nuevo fiscal anticorrupción, cargo para el que hay anotados 23 candidatos, y en un periodo extraordinario se definirá la reforma constitucional del 102 constitucional. La coordinadora perredista Dolores Padierna afirmó que el procurador evadió un diálogo con el Senado para tener un fiscal anticorrupción “completamente dependiente”, y al mismo tiempo la panista Marcela Torres Peimbert indicó que el acuerdo fue publicado en el contexto de las presiones del PRI para nombrar “un fiscal anticorrupción débil y sin autonomía”. Otros especialistas consideraron que el acuerdo publicado ayer por la PGR es una legislación interna y administrativa que permitirá que la fiscalía funcione en cualquier momento. En ese acuerdo, la fiscalía es descrita como un “órgano con autonomía técnica y operativa”, pero aún dependerá de áreas centrales de la PGR, como la Coordinación General de Servicios Periciales, subordinada a la Agencia de Investigación Criminal, y los agentes del Ministerio Público que contrate dependerán del visto bueno del procurador. Nombramiento de magistrados del TFJA Por otro lado, los senadores Miguel Barbosa, Benjamín Robles y Zoé Robledo destacaron la “enorme preocupación” ante el retraso del nombramiento de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también son pieza clave en el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que son los responsables de juzgar los temas de responsabilidades administrativas y de corrupción. Barbosa explicó que ese tribunal está conformado por un pleno de 16 integrantes, pero tres de ellos forman la tercera sección, que será dedicada a los temas de combate a la corrupción. Deben estar electos antes del 19 de julio, pero el Ejecutivo federal aún no ha enviado las propuestas, para lo cual tiene como plazo límite el próximo domingo 30. “Nosotros le expresamos nuestra preocupación al Estado mexicano y exigimos al gobierno federal el envío al Senado de las propuestas. No estaríamos a favor, inclusive, que en una semana se desahogaran las comparecencias, como es el método tradicional y fast track del Senado”, argumentó Barbosa.