CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que el problema de inseguridad y violencia que se vive en la entidad, “es más complejo” de lo que imaginó al principio de su administración en octubre de 2015. El mandatario justificó la incapacidad de su administración al afirmar que la brutal ola de violencia que azota a Guerrero, no comenzó en su gobierno, “viene de años atrás”, dijo, y responsabilizó a sus antecesores postulados por el PRD, Ángel Aguirre Rivero y el interino Rogelio Ortega Martínez. A pesar de ello, hasta la fecha no ha actuado contra ellos, quienes fueron acusados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de desviar millonarios recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para realizar una compra irregular de armamento que involucra al Ejército en la adquisición de un sistema de espionaje telefónico y de contratos millonarios a empresas particulares sin licitar durante 2014 y 2015. En noviembre de 2015, la ASF emitió un dictamen en el que asegura que los presuntos actos de corrupción, así como el manejo deficiente y sin transparencia de los recursos públicos del fondo federal, provocaron “el incumplimiento de las metas” de la estrategia contra el combate a la delincuencia en Guerrero. A pesar de que la ASF ordenó al gobierno de Astudillo investigar y sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos que administraron de forma irregular los recursos del FASP, los colaboradores de Aguirre y Ortega siguen impunes. El gobernador Astudillo canceló este jueves su gira por Miami, a donde viajó para tratar de convencer a empresarios de navieras que Guerrero es un estado seguro. Por la tarde, ya de regresó en el país, el mandatario emitió un mensaje en la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de esta capital, para hablar sobre la ejecución del secretario general del PRD en la entidad, Demetrio Saldívar Gómez. Deslinde de la violencia La línea discursiva de Astudillo se enfocó en deslindar a su gabinete de la ola de masacres, desaparición de personas y terror que se vive en la entidad, que ocupa los primeros lugares en homicidios dolosos a escala nacional, y que ahora alcanzó a la clase política que se mantiene indiferente ante el drama social. Al respecto, dijo que “desafortunadamente Guerrero vive una etapa de violencia que no nació hoy, viene de años atrás”, y enseguida presentó las cifras oficiales sobre homicidios dolosos registrados en los últimos siete años. En este periodo que abarca los gobiernos de Aguirre, Ortega y Astudillo, se han acumulado 13 mil 29 homicidios dolosos. De esos, en 2011 se reportaron dos mil 158 asesinatos; en 2012 fueron dos mil 310; el año 2013 cerró con dos mil 87; en 2014 se documentaron mil 514; en 2015 sumaron dos mil 16; en 2016 dos mil 280 y durante los primeros tres meses de 2017 van 664 crímenes. Es decir, el promedio anual de 2011 a la fecha ha sido de dos mil ejecuciones en la entidad, indicó Astudillo. Enseguida, expresó: “Es evidente que la violencia homicida no ha sido causada por mi gobierno” y destacó que el año más violento fue 2012 con dos mil 310 homicidios dolosos durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. No obstante, Astudillo omitió decir que el año pasado durante su gobierno se registró la cifra más elevada en los últimos cinco años con dos mil 280 homicidios dolosos, es decir, 30 asesinatos menos que en 2012, de acuerdo con las cifras oficiales que expuso el mandatario. Luego, dijo que a diferencia de las administraciones de sus antecesores, el actual gobierno está acotado en cuanto a recursos presupuestales. Admitió que la policía estatal es insuficiente para tratar de prevenir los delitos y que no cuentan con recursos económicos para contratar y equipar a las corporaciones policiacas. Fue entonces cuando soltó: “Vamos en la cuarta parte del periodo sexenal, reconozco que el tema de la inseguridad y la violencia es más complejo de lo que creíamos al inicio del gobierno”. También justificó las críticas lanzadas por su secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame contra la dirigencia perredista a la que descalificó a través de su cuenta de Twitter, al afirmar que el PRD no tiene moral para reclamar la incapacidad del gobierno de Astudillo porque la violencia se generó en administraciones pasadas. “Si hoy hacemos comentarios de las condiciones en las que se recibió el estado y la administración es para reafirmar el compromiso con los ciudadanos y que este gobierno no ha sido omiso, recibimos grandes problemas”, expresó Astudillo. Luego, condenó el hecho de que el crimen de Demetrio Saldívar pretenda ser politizado por la dirigencia nacional y estatal del PRDy afirmó que resulta indeseable que “actores que miran más hacia  el interés político y no hacia la corresponsabilidad de gobernar” asuman esta postura. “Está claro que estoy obligado a ofrecer resultados y no rehuimos al compromiso”, indicó Astudillo pero no se fijó un plazo como en 2015 cuando afirmó que en un año se verían los efectos de la estrategia de seguridad que dirige el Ejército en Guerrero desde 2104. Finalmente, Astudillo remató: “No estamos para confrontarnos, ni para descalificar las legítimas posiciones de quienes cuestionan mi gobierno. Aspiramos a la responsabilidad política la diversidad, no es lucha de enemigos sino la confrontación civilizada de adversarios”.