PANAMA PAPERS GANA PULITZER

ONG denuncian “propuesta regresiva” de Peña Nieto para legislar desaparición de personas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México denunció la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de enviar al Senado de la República “una propuesta regresiva” para legislar sobre la desaparición de personas que no toma en cuenta los acuerdos con las familias de víctimas ni se apega a los estándares internacionales de derechos humanos, además de que perpetúa la impunidad en caos de desaparición forzada.

En un comunicado firmado por decenas de colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país y de Centroamérica, desmenuza la propuesta que presentó el gobierno de Peña Nieto para modificar el dictamen elaborado con anterioridad en el Senado. Y concluye: “todos estos cambios rompen con el modelo de contrapesos para abatir la impunidad y la aquiescencia del Estado en las desapariciones”.

Según su pronunciamiento, los familiares de víctimas ven “con mucha preocupación” que la del poder ejecutivo es una “propuesta regresiva que está por debajo de la construcción colectiva trabajada con familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia, desde hace casi dos años”.

El Movimiento denuncia que en el proceso de interlocución y elaboración del dictamen original participaron representantes del Ejecutivo Federal, pero que “no se cumplió con la ruta de trabajo acordada, específicamente con los tiempos planteados en la reunión del 31 de marzo de 2017 con el secretario de Gobernación”, Miguel Ángel Osorio Chong.

Además, reprueba que las observaciones al proyecto de dictamen se recibieron a seis días de que concluyera el periodo de sesiones del Congreso federal, “disminuyendo cualquier posibilidad de cumplir con el compromiso de que en el presente periodo se cuente con una Ley sobre Desaparición de personas”.

De acuerdo con la revisión de las familias, el Ejecutivo no hace distinciones entre víctimas de desaparición forzada o de desaparición por particulares con personas “no localizadas”, cuando los primeras son en esencia víctimas de violaciones a derechos humanos y un delito, y la otra puede ser producto de una decisión personal.

Para los colectivos, no hacer distinciones “es grave, a tal grado que incluso en lo que atañe a la declaración de ausencia, se extiende a ambas categorías, sin reconocer la naturaleza de la figura jurídica”.

Destacan que en la propuesta de Peña Nieto “se vuelve a condicionar y subordinar las acciones de búsqueda a la calificación jurídica”, lo que traería como consecuencias que las fiscalías especializadas se saturen y, con ello, la “ineficacia en la localización de personas dentro de las primeras 72 horas”.

Además, dicen que las búsquedas de campo “dependen de las facultades de las autoridades, sus límites y de su voluntad” y siguen la “suerte de la investigación”, en tanto que la “Comisión Nacional de Búsqueda termina siendo auxiliar de la fiscalía, perdiendo su capacidad operativa y eficacia”.

Sin lógica institucional

En cuanto a la propuesta del Sistema Nacional de Búsqueda, el

Movimiento asegura que “no atiende una estructura de un sistema en relación a las funciones y las instituciones. No responde a una lógica institucional”.

Explican que el Sistema “no atiende a una lógica de coordinación entre las labores de búsqueda e investigación, prevención y distribución de competencias y responsabilidades”.

Tampoco se le encarga operar las herramientas previstas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Banco Nacional de Datos Forenses, Registro Nacional de Datos Forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, Registro Nacional de Fosas, Registro Administrativo de Detenciones, Alerta Ámber, entre otros.

“La fragmentación de las herramientas, dejando su administración a distintas dependencias, imposibilita contra con un sistema único de información que permita cruzar los diferentes registros para la localización de las personas desaparecidas”, alertan los colectivos.

Otra desventaja del Sistema que se pretende imponer, dicen, es que “no establece facultades de coordinación para vincular las acciones” entre entidades federativas, dejando a la “potestad de los estados el coordinarse para efectos de búsqueda y para la generación política pública sobre el tema”.

No respetan acuerdos

En la propuesta del Ejecutivo se menciona la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero ajena a la considerada por las familias, “acordado con el Senado y comprometido por el gobierno federal”.

La Comisión planteada por Peña Nieto, aseguran, está desprovista de las atribuciones para “diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y el Programa Nacional de Exhumaciones, recibir denuncias sobre desaparición de personas, con una Unidad de Búsqueda y con Fuerza de Búsqueda (policías capacitados y certificados), un área de Análisis de Contexto y un Área de Gestión y Procesamiento de Información para la realización de sus actividades”.

Los colectivos que contribuyeron en el diseño original de la Comisión Nacional de Búsqueda advierten que la de Peña Nieto no tiene facultades para “preservar la corresponsabilidad de la Federación y las entidades federativas, en la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el liderazgo de la Federación”.

Siguen: “No es claro a qué personas busca, además de que propone la creación de Comisión Nacional (federal) y locales de búsqueda, cuyo modelo se ha probado que no es eficiente para la coordinación y para la creación de políticas públicas”.

Mucho menos, continúan, se le encomienda “coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda y administración de la información para la búsqueda de personas”, como lo diseñaron las familias.

Los colectivos advierten que tanto en el Sistema como en la Comisión Nacional de Búsqueda propuestos por el Ejecutivo “se diluyen mecanismos de participación de las familias y organizaciones de la sociedad civil además de los mecanismos de rendición de cuentas”.

Carencia de bases científicas

En materia de investigación, según las organizaciones, en el proyecto presidencial no se establecen las bases para una investigación efectiva, no contempla medios tecnológicos, mecanismos especiales de investigación y estructura orgánica mínima; no cumple con los estándares convencionales de la responsabilidad del superior jerárquico”, de acuerdo a las convenciones internacionales.

Por si fuera poco, la posición del Ejecutivo es eliminar “los supuestos de atracción que perseguían el principio de máxima protección y se imponen obstáculos para el enjuiciamiento y la búsqueda, favoreciendo la impunidad”, ignorando “la naturaleza permanente y continuada del delito”.

En cuanto a la atención a casos de desaparición de migrantes, dicen, “se propone una definición de Mecanismo de Apoyo Exterior que desconoce y baja el estándar de la actual reglamentación”.

Entre los colectivos que firman el comunicado están la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos; Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León; Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California; Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa y Colectivo por la Paz (Xalapa).

También participan Colectivo Colibrí (Estado de México); el Solecito de Veracruz; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México Alzando Voces (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Comité de Familias Migrantes Desaparecidas de El Salvador; Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontil”; Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa; Desaparecidos Justicia A.C. (Querétaro), entre otros.

 

Comentarios