CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la acusación del supuesto cobro por “derecho de piso” en la taquería “El Borrego Viudo” –una de las más conocidas de la capital– a manos de la organización criminal La Unión de Tepito, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) aseguró que hasta ahora no tiene “indicios” del hecho, pero dijo que la Fiscalía Antisecuestro ya inició una averiguación sobre el caso. Guillermo Terán Pulido, titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro (FAS), informó que según las primeras investigaciones del caso, el origen del problema de dicho establecimiento –clausurado y reabierto recientemente– es la pugna familiar por “una herencia”. Según el funcionario, de los avances en la indagatoria no se ha encontrado ningún dato de prueba que permita establecer la operación de “la Unión de Tepito” en el conocido negocio. “Hasta el momento no, pero reitero, la instrucción del señor procurador (Rodolfo Ríos) es establecer la verdad histórica de los hechos”. Terán Pulido detalló que Verónica Villagrana, quien dice ser propietaria del negocio, interpuso una denuncia el pasado 12 de marzo. En ella acusó el despojo del inmueble y que éste operaba bajo la extorsión de la mencionada organización delictiva, por orden de Conrado Villagrana Martínez. El mismo día, un coheredero del negocio denunció la presunta administración fraudulenta de diversos albaceas. El problema reventó el pasado viernes 21, cuando personal del Invea llegó al lugar acompañado de policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y puso sellos de clausura con el argumento de que ahí se vendían bebidas alcohólicas, sin autorización. Un apoderado del establecimiento acusó que dos verificadores del Invea les exigieron un pago de 100 mil pesos para evitar la clausura. Videos difundidos en las redes sociales mostraron a trabajadores y meseros del negocio cuando agredían físicamente a verificadores del Instituto. Del hecho surgió una denuncia por lesiones, daño a la propiedad y ultrajes a la autoridad. Además, el Invea argumentó que el establecimiento no tenía el Uso de Suelo actualizado. No obstante, la jefa delegacional, Xóchitl Gálvez, salió en defensa del negocio al decir que en la demarcación que encabeza, todos sus permisos estaban en regla. Fotografías difundidas en distintos medios de comunicación dejaron ver que en la taquería había sujetos armados. Por este hecho, la Fiscalía también inició una indagatoria por separado. Sin embargo, según el fiscal, derivado del “rastreo institucional” hecho hasta ahora, se infiere que el conflicto “tiene su origen en la administración de la masa hereditaria, cuyo asunto está radicado en el estado de Jalisco”. El funcionario agregó que el agente del Ministerio Público de la Fuerza Antisecuestro citó a Verónica Villagrana copropietaria del establecimiento; Maviel León, apoderado legal del actual poseedor del negocio, así como a trabajadores, al titular de la Dirección Jurídica de la delegación Miguel Hidalgo y a autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para hacer su declaración ministerial.