LERMA, Edomex. (apro).- Comuneros de San Francisco Xochicuautla denunciaron que el gobierno del Estado de México impuso, con apoyo de cientos de granaderos estatales, una nueva mesa directiva vinculada al PRI, con el propósito de garantizar a Grupo Higa la conclusión de la Autopista Toluca-Naucalpan. Desde esta mañana, alrededor de 800 elementos de la Policía Estatal fueron desplazados a la comunidad, que al menos durante una década se ha opuesto a la obra en virtud de que afectará los mantos acuíferos de su bosque de agua. Los uniformados se apostaron en las inmediaciones y resguardaron el salón de usos múltiples donde se desarrolló la asamblea comunal. Los campesinos acusaron que la asamblea general fue convocada irregularmente por el actual comisario, Ángel Valdés Ramírez, en acuerdo con el gobierno de Eruviel Ávila y Grupo Higa, concesionario de la vialidad, cuyo principal socio es Juan Armando Hinojosa, compadre del presidente Enrique Peña y constructor de la llamada “Casa Blanca” de la primera dama Angélica Rivera. Integrantes de la asamblea, como el Nicolás Ramírez, señalaron que les fue impedido el acceso para designar al nuevo Comisariado de Bienes Comunales, pese a contar con toda la documentación que los acreditaba como interesados. En contraste, afirmaron, durante el encuentro estuvieron presentes autoridades estatales y empleados de la empresa. Por la tarde, pese a la inconformidad de unos 75 asambleístas, fue designado Francisco Alfaro Petra como nuevo presidente. Guadalupe García será el secretario y Francisco Morales Arroyo se desempeñará como tesorero. Los inconformes advirtieron la existencia de vínculos de la nueva directiva con el PRI, el gobierno estatal y los comisarios que han facilitado el despojo de sus tierras para la conclusión de la carretera. Los habitantes que se oponen a la edificación de la vía advirtieron que la asamblea y la nueva intromisión de las fuerzas armadas violentan la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos 1117/2015 y 1123/2015 y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Apenas hace un año, el 11 de abril de 2016, alrededor de 700 elementos de la policía estatal sitiaron la comunidad y derribaron la vivienda del doctor Armando García, ubicada sobre el trazo de la autopista. A la fecha, el propietario no ha sido indemnizado ni su casa reconstruida.