CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización México Unido contra la Delincuencia (MUD) exigió detener el proceso de “aprobación al vapor” de la Ley de Seguridad Interior, ya que de no hacerlo se estaría optando por una falsa salida a los problemas que padecen los mexicanos. En un comunicado, señaló que las múltiples y graves modificaciones propuestas a una serie de instrumentos corren el riesgo de revertir lo logrado con el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio y que en su conjunto se denominan la "Miscelánea Penal". Pese a las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho y el incremento sin control de la violencia en México”, subrayó. Las presiones para aprobar a la brevedad estas leyes –agregó– parecen, desde la sociedad civil, un juego de intercambios entre partidos que obedecen a la lógica de la temporada preelectoral. “Apresurar estos procesos no hace más que sembrar desconfianza entre la ciudadanía, lo que a su vez mina las posibilidades de encontrar soluciones de fondo y duraderas”, refiere el documento. De acuerdo con MUD, el más reciente dictamen de Ley de Seguridad Interior pretende dar a las fuerzas armadas un salvoconducto para permanecer en las calles en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que, según su propio dicho, no están capacitadas. Además, contiene cláusulas preocupantes por la amplitud de facultades concedidas y por la poca claridad de los límites que pretende establecer. Peor aún, sostuvo, la continuada participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en sí misma, con independencia de los problemas específicos de las iniciativas a discusión, implica un deterioro institucional –“desnaturalización” en palabras del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional– muy grave y preocupante. Según el comunicado, el cúmulo de evidencia apunta a que la militarización masiva de la seguridad pública desde hace diez años ha sido una medida contraproducente que ha exacerbado la violencia en vez de disminuirla. “Con la apurada aprobación de la Ley de Seguridad Interior se estaría optando por una falsa salida a nuestros problemas: en lugar de entrarle a los problemas de fondo de un enfermedad cada vez más grave en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se pretende administrar indefinidamente la ‘medicina’ que tantos daños ha causado y que ninguna mejoría ha ofrecido. La ruta actual es irresponsable y ligera”, subrayó MUD. El Congreso, resaltó, responde en este momento a iniciativas impulsadas por intereses y grupos aislados y trabaja en forma opaca y de espaldas a la ciudadanía. Asimismo, recordó que en los últimos tres meses la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados trabajó el dictamen de Ley de Seguridad Interior en total secreto y sin consultar a expertos en la materia. Estando casi al cierre del periodo legislativo, es simplemente imposible que el dictamen sea debidamente difundido y analizado antes de que se intente su aprobación al vapor, señaló. “Tenemos un enorme reto frente a nosotros en lo que bien puede denominarse la reconstrucción integral de los mecanismos y proceso para la seguridad y justicia en el país. No cedamos ante la premura por legislar a la ligera sin un diagnóstico de fondo que nos permita, ahora sí, reconstruir la paz y la seguridad en el país. No repitamos la improvisación perpetuando con ello la crisis nacional”. Añadió: “Ceder a la presión de apaciguar ánimos con leyes a contentillo es un despropósito y un error más del cual nos costará quizá generaciones recuperarnos. Decisiones así tomadas carecerán de la legitimidad y acompañamiento por parte de la ciudadanía que resultan indispensables para que cualquier sistema de seguridad y justicia sea exitoso”. Y destacó que el que en horas previas sean gobernadores los que exigen que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior sea aprobada, no es sino una señal más de la descomposición en que nos encontramos. Remató: “Los primeros responsables de la seguridad pública en sus demarcaciones rehuyen a sus responsabilidades y prefieren que alguien más se haga cargo de las tareas que son exclusivas de fuerzas civiles. Esa sola expresión debería alertarnos doblemente del serio error que se puede cometer”.