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Alerta Limeddh por traslado de activista mexiquense a penal de máxima seguridad

ECATEPEC, Edomex. (apro).- La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos AC (Limeddh) emitió una alerta temprana para denunciar la intención de trasladar la madrugada de este miércoles 26 al activista José Humbertus Pérez Espinoza del penal de Chiconautla a uno de máxima seguridad.

“Manifestamos preocupación y solicitamos su respuesta inmediata ante la orden de traslado del Centro de Prevención y Readaptación Social Dr. Sergio García Ramírez en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a los Ceferesos de alta seguridad ubicados en los estados de Tamaulipas y Nayarit”, plantean las ONG en una misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y a autoridades de seguridad, justicia, penitenciarias y de derechos humanos del país, la entidad e internacionales.

Como presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna AC, Pérez Espinoza denunció diversos fraudes inmobiliarios en los que se encontraban involucrados políticos vinculados al PRI, como el alcalde con licencia de Tecámac, Aarón Urbina.

El activista se encuentra recluido desde el 4 de noviembre de 2015 en el penal estatal de Chiconautla, acusado en tres carpetas distintas de robo con violencia que no se ha podido comprobar.

“El jueves 20 de abril del presente año nos mandaron llamar a varios internos para tomarnos fotografías y actualizar nuestra información para poder trasladarnos. Este hecho se producirá el próximo miércoles en la madrugada, que es cuando van a realizar el traslado masivo involuntario de 131 internos”, adelantó José Humbertus.

El autodenominado preso de conciencia tiene en proceso el recurso de garantías 444/2017-VI radicado en el Juzgado Tercero de Distrito, y una suspensión de plano otorgada el 27 de marzo de 2017 para no ser reubicado.

No obstante, refirió, “el comandante Ezequiel Núñez y el director de Traslados no respetarán la decisión de las autoridades judiciales por la molestia de Luis Arias González, director de Prevención y Readaptación Social estatal”, tras denunciar que los 2 mil 198 millones de pesos destinados en el Presupuesto 2017 a “Prevención y reinserción social” (entre 230 y 250 millones corresponden al penal de Chiconautla) no se usan en los servicios básicos penitenciarios y, por el contrario, podrían utilizarse para financiar la campaña del PRI a la gubernatura.

“El gobernador Eruviel Ávila; el secretario de Gobierno, José Manzur, y el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México están muy molestos por haber denunciado corrupción; por el amparo 797/2016-V para investigar tortura y fabricación de carpetas por delitos falsos, y por organizar y promover el amparo colectivo 1595/2016, radicado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, por tortura y fabricación de carpetas en el penal de Chiconautla”, expuso Pérez Espinoza.

La Red de Alerta Temprana destaca que el trasladado involuntario de sentenciados y procesados requiere, conforme a los artículos 51 y 52 de la norma correspondiente, autorización previa en audiencia pública por el juez de control o de ejecución.

Además, sólo procede en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; por riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, lo que no ocurre en la situación señalada.

La emisión de la alerta temprana es también respaldada por la Fundación Diego Lucero AC, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem Fedefam), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México).

Asimismo, por la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (Rumodh), Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo AC, Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos Cholollan, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV).

 

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