WASHINGTON (apro) – La Casa Blanca criticó al juez William H. Orrik, de la Corte federal de San Francisco, California, quien ordenó congelar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, enfocada a retener fondos federales a las ciudades santuario que están en contra de aplicar las políticas antiinmigrantes del gobierno federal. “La aplicación de la ley sufrió otro golpe cuando un juez que no fue electo, de manera unilateral reescribió la política migratoria de nuestra nación”, sentencio Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, en una declaración por escrito divulgada casi a la medianoche de este martes. “Este juez de San Francisco erróneamente con su fallo otorgó un premio a las pandillas criminales y elementos de los carteles (del narcotráfico) en nuestro país, empoderando al peor tipo de tráfico humano y sexual y poniendo en riesgo la vida de miles de inocentes”, subrayó el vocero de la Casa Blanca. Orrik emitió un fallo con el cual paralizó la orden ejecutiva que firmó Trump el pasado 25 de enero, que pide a las poblaciones y ciudades de Estados Unidos utilizar a sus fuerzas policiales como agentes migratorios para ubicar, detener y entregar al gobierno federal a los inmigrantes indocumentados para su eventual deportación a sus países de origen. A través del Departamento de Justicia y de Seguridad Interior, Trump advirtió a las autoridades locales y estatales de su país, que serán castigadas con la retención de fondos federales si no cumplen con su mandato de usar a sus policías como agentes migratorios. “La decisión (del juez) socava la fe de nuestro sistema legal y genera preguntas serias sobre los intereses de la Corte. Pero tenemos confianza que al final prevaleceremos en la Corte Suprema de Justicia, así como triunfaremos en nuestros esfuerzos legales de imponer restricciones necesarias para mantener fuera de Estados Unidos al terrorismo”, acotó Spicer. El fallo del juez Orrik, descrito en 29 cuartillas, consideró ambigua e inconstitucional la orden ejecutiva de Trump al intentar castigar a las ciudades santuario con la retención de fondos para programas y servicios a favor de sus poblaciones, por no asumir una tarea migratoria que no les corresponde. El mandato de Trump es que en todas las poblaciones y ciudades de su país, cuando los policías detengan a cualquier persona con rasgos de inmigrante por cometer la más mínima violación de las leyes, le pregunten su estatus migratorio. De tratarse de un inmigrante indocumentado, los oficiales de la ley deben informar al Departamento de Seguridad Interior del caso y retener en prisión a la persona hasta concretar su deportación. “De acuerdo al Congreso federal, una ciudad que prohíba a sus oficiales proveer información a las autoridades federales de inmigración, se considera como una ciudad santuario que viola la ley”, enfatizó el portavoz de la Casa Blanca. Al reiterar que el juez Orrik no fue electo para la Corte federal, Spicer responsabilizó al magistrado y a las ciudades de San Francisco y Santa Clara que impusieron la demanda contra la orden ejecutiva de Trump, de poner en riesgo a la seguridad de los ciudadanos estadunidenses.