CAMPECHE, Camp. (apro).- La Policía Federal, División Gendarmería, interpuso formal denuncia ante el MP Federal contra quien o quienes resulten responsables por la privación ilegal de cinco de sus agentes en el conflicto que se suscitó el martes con pobladores del ejido Benito Juárez III, en el municipio de Escárcega. El problema estalló ayer en la mañana cuando los gendarmes intentaron verificar la legal procedencia de un cargamento de carbón vegetal en el ejido Benito Juárez, perteneciente a la junta municipal de Centenario, del sureño municipio. Azuzados por el comisario ejidal, los lugareños rodearon a los uniformados, quienes al verse superados en número dispararon al aire en un intento por replegar a los agresores, pero sólo consiguieron irritarlos más. Luego los habitantes pidieron apoyo de las comunidades vecinas, golpearon, desarmaron, esposaron, amarraron y retuvieron más de seis horas a dos de los uniformados, a quienes acusaron de haber pretendido extorsionarlos exigiendo un pago de 50 mil pesos para liberar el camión. A los otros tres los liberaron y fueron quienes pidieron auxilio. La Gendarmería envió antimotines a cercar el lugar, pero luego de la intervención de la Subsecretaría de Gobierno los ejidatarios accedieron a liberar a los policías y acordaron con la autoridad una reunión para hoy, en la que solicitarían el retiro, una vez más, de la corporación federal de la entidad. A la reunión, que se prolongó varias horas, tuvo lugar en la sede de la Asociación Ganadera de Escárcega, asistieron el subsecretario de Gobierno en la Zona Sur, Carlos Collí Cuevas, así como representantes de la Gendarmería, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y líderes de los ejidos de la región. También asistieron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Vicefiscalía Regional. Al final, se acordó que la Gendarmería continuará patrullando el sur de la entidad, pero se les dio a los ejidatarios un número telefónico y se les explicó el procedimiento para reportar cualquier eventual intento de extorsión en el que pudieran verse implicados sus elementos. Se acordó también capacitar a los carboneros y madereros de la región sobre la documentación reglamentaria que deben llenar para poder trasladar sin problemas legales carbón y madera y se calendarizaron las acciones que se seguirán al respecto. Mientras tanto, en Campeche tres de los gendarmes implicados en el caso rindieron su declaración ante el MP Federal en torno a lo acontecido ayer. El caso generó una nueva campaña mediática de linchamiento contra la Gendarmería, corporación que el año pasado fue retirada del estado luego de una petición que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas hizo al presidente Enrique Peña Nieto por su evidente animadversión al comisario nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Sin embargo, rebasado el gobierno estatal por la ola de crímenes atribuidos al crimen organizado que se desataron en el sur de la entidad, se pidió el regreso de la Gendarmería, la cual fue distribuida exclusivamente en los municipios de Escárcega, El Carmen y Candelaria, esta última municipalidad limítrofe con Guatemala.