COLIMA, Col. (apro).- Los periodistas mexicanos y los brasileños enfrentan un panorama común: el incremento de la violencia en su contra y la falta de garantías para la protección de su integridad personal, su seguridad jurídica y su estabilidad laboral. Esto se desprende de los resultados del estudio “Entre el peligro y el deber: Los riesgos de ejercer el periodismo en México y Brasil”, presentado por Juan Carlos Flores Carrillo, de la Universidad de Colima, y João Paulo Soares da Silva, de la Universidad Municipal de São Caetano do Sul, en el II Simposio Internacional Comunicación y Cultura, realizado en la institución educativa colimense. Según una serie de entrevistas realizadas por los autores a periodistas de ambos países, los mexicanos indicaron que los temas de cobertura e investigación más delicados son los relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción en la política y asuntos que incomodan a grupos fácticos. Por su parte, los brasileños señalaron que en su país existe una gran dificultad para reportar las manifestaciones callejeras, conflictos urbanos o cualquier tema que involucra a las fuerzas policiacas, por lo que la cobertura de estos temas es uno de los aspectos más peligrosos. En su estudio, Flores Carrillo y Soares da Silva citaron datos comparativos de las agresiones sufridas por los periodistas de ambos países, de acuerdo con informes de organizaciones independientes protectoras del sector. En el caso de México, de acuerdo con el registro anual de Artículo 19, en 2016 fueron asesinados 11 periodistas, además de que se documentaron 426 agresiones en toda la República. “Lo más preocupante es el hecho de que 99.7% de los casos aún no han sido investigados. En la lista, 81 periodistas han sido víctimas de ataques físicos y materiales, 79 sufrieron intimidaciones, 76 recibieron amenazas, 27 medios de comunicación fueron atacados y 11 periodistas fueron asesinados”. Artículo 19 exigió que sean creados mecanismos sólidos de protección y acusó que los funcionarios del gobierno mexicano están entre la mayoría de los agresores de la libertad de prensa. “Hay evidencias de que estos instrumentos fueron usados sin orden judicial y en situaciones sospechosas para detener informaciones privilegiadas y de campo privado sobre periodistas y activistas políticos”. En tanto, los casos de violencia contra los periodistas de Brasil crecieron 17.52% en 2016, en comparación con el año anterior. En su Relatoría de Violencia Contra Periodistas y Libertad de Prensa en Brasil durante 2016, la Federación Nacional de Periodistas reportó que fueron registradas 161 situaciones en las que 222 profesionales de todo el país fueron sometidos a agresiones físicas o verbales, amenazas, intimidaciones, así como limitar por medio de acciones judiciales el ejercicio profesional y la actividad sindical, prisión, censura, atentados y asesinato. La agresión física fue la forma más frecuente de violencia (36.03%), agresiones verbales (16.15%), amenazas (14.91%) y limitación de la libertad de expresión por medio de acciones judiciales (11.18%). Los agresores en general son policías militares y guardias civiles, responsables de 25.47% de los acontecimientos relatados. El estudio hace notar que en su ranking de la libertad de prensa en 180 países, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) al evaluar criterios como pluralismo, independencia del medio, ambiente laboral, autocensura y legislación, coloca a México en el lugar 149 y a Brasil en el 104. Aunque según RSF México continúa siendo el país más mortífero de Latinoamérica para los periodistas, Flores y Soarez consideran que Brasil no se encuentra en una realidad tan distinta y es también uno de los peores países para el ejercicio del periodismo. “La República —explican— se encuentra en un periodo de crisis institucional, agravando los casos de violencia a profesionales durante la cobertura de protestas y manifestaciones políticas. No hay un plan de democratización de los medios y los grandes vehículos de comunicación son controlados por pocas familias que utilizan su influencia para intereses propios y apoyos políticos. Estos problemas colocan al país atrás de naciones como Nicaragua (75), Mozambique (87) y Líbano (98)”. Los periodistas mexicanos y brasileños entrevistados para la investigación coincidieron en que los temas más delicados son conducidos y deben ser asignados a los reporteros expertos, pues una de las cualidades que debe tener un buen comunicador es su percepción, combinada con su experiencia y cierta medida de coraje, pero “todos entienden que aunque la noticia sea demasiado importante, la seguridad del profesional debe estar en primer lugar”. En relación con los mecanismos de protección, el estudio toma como ejemplo el caso del estado de Colima, donde los profesionales cuentan con la Ley de Protección para el Ejercicio Periodístico, que prevé la creación de la Comisión de Protección del Periodista para garantizar la libertad e independencia de criterio puesta al servicio del derecho fundamental a la información, así como el de emitir opinión e informar. Aunque el mecanismo de protección establece y reconoce como derechos a la naturaleza de la actividad periodística el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre y preferente acceso a las fuentes de información y los derechos de autor y de firmas, después de varios años ni siquiera se ha integrado la comisión. “En relación con los mecanismos de protección ofrecidos por el propio medio de comunicación, los periodistas mexicanos entrevistados no señalaron ningún tipo de apoyo jurídico, sin embargo, mencionaron que algunos medios autorizan que el profesional no incluya firma en su nota o cuando su seguridad corre peligro los envían a otra ciudad a fin de salvaguardar la integridad del reportero”. Los periodistas brasileños indicaron que en su país hace falta un mecanismo de protección. Uno de ellos afirmó que la legislación protege al periodista en lo que refiere al sigilo de su fuente, con prerrogativa constitucional, pero no se sabe hasta qué punto el Estado puede proteger su integridad física. Sobre el apoyo en la protección por parte de los medios de comunicación, los entrevistados brasileños mencionaron que algunos medios permiten que los reporteros no firmen sus notas y dan algún tipo de auxilio jurídico. “En general los medios ponen a disposición su departamento jurídico para auxiliar al periodista en casos de procesos. Es correcto que tal defensa prosiga aunque el periodista deje el órgano en que trabaja”. Sin embargo, un comunicador narró su caso: “Yo trabajé con periodismo político y, cuando sufrí un proceso judicial, el medio de comunicación no me ayudó en nada. Yo tuve que buscar el abogado, el periódico no me apoyó”. Ninguno de los entrevistados mencionó que los trabajadores de los medios cuenten con algún tipo de apoyo psicológico. Sea en México o en Brasil, añade el estudio, el salario del periodista es muy variado, dependiendo de su perfil, la zona urbana en que trabaja, el medio de comunicación y su función. Sin embargo, además de un ambiente profesional hostil, muchas veces el periodista no recibe el equivalente a su mano de obra y especialización. En sus conclusiones, Flores y Soares refieren que una de las diferencias entre ambos países, en materia de ejercicio periodístico, se observa que es la remuneración: en México un periodista promedio gana 530 dólares al mes (Inegi, 2016) mientras que en Brasil, el salario más bajo es de 440 dólares (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sao Paulo, 2017). Lo anterior, expresan, conlleva a inferir que los periodistas mexicanos corren riesgos incluso con salarios menores, lo que podría ocasionar una merma en la calidad de su trabajo o la situación de inseguridad puede llegar a provocar dejar de informar. “Aunque en México se cuenta con legislaciones para la protección de periodistas, las leyes no están funcionando como se pensaron y se infiere que los profesionales de la comunicación no están recibiendo la protección adecuada del Estado para salvaguardar el ejercicio periodístico”. En Brasil no hay leyes específicas sobre la protección al ejercicio periodístico, a pesar de la situación de violencia, por lo que es necesario que también en ese país se delineen políticas públicas efectivas para que los comunicadores realicen el trabajo en las mejores condiciones, concluyen los especialistas en su estudio.