BOGOTÁ (apro).- Las protestas sociales en Venezuela, que este lunes cumplen un mes ininterrumpido, tienen a esa nación sudamericana en la ruta de una confrontación violenta. En medio de las marchas de la oposición y de la represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la policía y grupos de choque chavistas, han muerto 29 manifestantes, 17 de ellos por impactos de armas de fuego. Además, 400 personas han resultado heridas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sostiene que el régimen chavista es víctima de un “complot del imperio y de la derecha nacional e internacional”, pero, más allá de la retórica, lo que los venezolanos observan en las calles es la represión oficial de la protesta. En especial, la que proviene de las células paramilitares del chavismo, conocidas como “colectivos”. Son grupos que suelen desplazarse por las áreas urbanas de todo el país en caravanas de motocicletas, armados y, con frecuencia, con los rostros cubiertos. Ellos actúan con total impunidad en los barrios, donde imponen el orden y en ocasiones controlan la actividad criminal, y en el marco de las protestas contra Maduro, respaldan la labor represiva de la fuerza pública. Los “colectivos” se presentan como “revolucionarios”, pero oficiales del Ejército como el general chavista Miguel Rodríguez Torres los consideran “delincuentes” y pistoleros al margen de la ley a los que es necesario controlar. Bien podrían ser lo que Carlos Marx definió como el “lumpemproletariado”, un sector sin conciencia de clase y sin ética revolucionaria. Pero en esta coyuntura crítica para el gobierno de Maduro, las fuerzas del orden tienen que apoyarse en los “colectivos” para hacer el trabajo sucio. Son los que disparan agazapados o en forma artera contra manifestantes indefensos, los que intimidan a la gente que acude a las protestas, los que patrullan por las noches los sectores de Caracas donde se concentra la oposición. Hace unos días, en San Cristóbal, ciudad fronteriza con Colombia, la joven manifestante Paola Ramírez llamó por su celular a su madre, Darcy Gómez, para decirle que le estaban disparando los “colectivos”. Minutos después fue asesinada a balazos. Es un hecho que, entre más masivas y combativas son las protestas opositoras, mayor es la intensidad de la represión desatada por el régimen, cuyo aceitado aparato de propaganda cada vez tiene más problemas para satanizar a los manifestantes y a la oposición política como peones de un complot “del imperialismo” y como punta de lanza de un golpe de Estado “contra la revolución”. Es muy difícil hacer que prosperen ese tipo de teorías del complot cuando las imágenes captadas por miles de teléfonos celulares muestran de dónde proviene la violencia. Incluso, cuando el propio alcalde chavista de Caracas, Jorge Rodríguez, hermano de la canciller Delcy Rodríguez, hizo poner en el centro de la ciudad carteles que muestran la silueta de un hombre disparando un fusil AK-47 con la leyenda: “Los colectivos toman Caracas en defensa de la ¡revolución!”. El punto de quiebre Desde hace años, académicos con una formación marxista, como el economista Manuel Sutherland y el exministro de Educación Héctor Navarro, vienen advirtiendo que el chavismo falló en la construcción de un Estado social de economía centralizada y que, en cambio, afianzó el modelo rentista petrolero que hoy tiene al país sumido en la peor crisis económica de su historia moderna. Al desplomarse en 2014 los precios internacionales del petróleo, el chavismo desnudó su ineficacia como gestor de gobierno y su alta dependencia del crudo para hacer política social. También fueron más ostensibles los casos y los montos de la corrupción enquistada en el régimen. Héctor Navarro calcula el desfalco a las arcas públicas en 300,000 millones de dólares. La derrota que sufrió el chavismo en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, cuando el control de la Asamblea Nacional pasó a manos de a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dejó en claro que Maduro y el régimen habían perdido el voto popular. El politólogo Tomás Straka considera que las protestas “no son sólo contra un gobierno muy malo, sino contra un sistema con una intrincada red de intereses que no tiene cómo sostenerse por la vía electoral y que, ante esa realidad, ha decidido sostenerse de cualquier manera”. Por ello la represión, la propaganda negra contra la oposición, la retórica pseudorevolucionaria y las artimañas para postergar las elecciones regionales, que debieron realizarse en diciembre pasado. Pero a diferencia de otras oleadas de protestas, como las de 2014, en esta ocasión la movilización social tiene demandas bien definidas. Las demandas centrales son cinco: convocar de inmediato a elecciones; liberar a los más de 100 presos políticos; respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional, que ha sido virtualmente desconocida por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia; aceptar la ayuda humanitaria internacional para aliviar el desabasto de alimentos y medicinas, y remover a los magistrados judiciales –todos ellos leales a Maduro-- que tienen en jaque al Poder Legislativo. El gobierno de Maduro ha logrado desactivar protestas anteriores con anuncios de negociaciones que nunca han rendido frutos, a veces por la incapacidad de la oposición para articularse como una alternativa viable, pero esta coyuntura es diferente por el hartazgo con la crisis económica y social que acumula la sociedad venezolana y por la presión internacional al régimen, que nunca había sido tan fuerte. El miércoles pasado, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para convocar una reunión de cancilleres y debatir la situación de Venezuela y buscar salidas democráticas a la crisis. Venezuela reaccionó anunciado su retiro del organismo hemisférico y de inmediato inició el trámite para abandonarlo, aunque antes deberá pagar los 10.5 millones de dólares que le adeuda. En medio de la polémica en el seno de la OEA, la cancillería de Colombia informó que tres oficiales del Ejército venezolano pidieron asilo en el país. Se trata de los tenientes Alfredo Rodríguez, Ángel Mogollón y José Alejandro Méndez, quienes desconocieron en un video la autoridad de Maduro como presidente y dijeron que en Venezuela ya es imposible restituir la democracia y la institucionalidad por medios pacíficos. Los tenientes se sumaron a la cada vez más larga lista de militares disidentes. Sin duda son un síntoma del dilema que enfrentan las instituciones armadas, que hoy son el único soporte que le queda no solo a Maduro sino al régimen chavista. Y en medio de esa precaria estabilidad, la fiscal general Luisa Ortega, una chavista de cepa pura, ha afianzado una postura crítica e independiente frente a Maduro. Hace un mes, sorprendió al mundo a catalogar como “inconstitucional” el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que le había quitado facultades legislativas a la Asamblea Nacional. Y la semana anterior advirtió al gobierno que no se puede descalificar “a quienes piensen distinto a nosotros”. Es evidente que la crisis ya socavó la unidad del chavismo y que Maduro ya no tiene en sus manos todos los hilos del poder.