CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mediante empresas fantasma, Alberto Silva Ramos, exvocero de Javier Duarte desvió —sólo en diciembre de 2014— 245 millones de pesos del estado para la supuesta difusión de la actividad gubernamental. Pero Silva, uno de los brazos de Duarte en la red de funcionarios que autorizaron la entrega de contratos a empresas fantasma de Veracruz, no estuvo solo en esta operación: junto con Antonio Tarek Abdalá Saad, actualmente diputado federal, igual que Silva, facilitaron el mecanismo para defraudar la hacienda pública de Veracruz, pues pagaron a empresas fachada por difusión que nunca ocurrió. Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para desviar los recursos del erario Silva Ramos utilizó el presupuesto de 11 dependencias de la administración estatal en diciembre de 2014, y en algunos casos con apenas unas horas de diferencia. En total fueron 245 millones de pesos por la “difusión de las actividades del gobierno del estado”. Tarek Abdalá, entonces tesorero del gobierno de Javier Duarte, aprobó los pagos entre el 15 y 31 de diciembre a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, establece que la única dependencia facultada para realizar la difusión informativa del gobierno es la Coordinación General de Comunicación Social, que ese año dirigió Silva. Silva tuvo un apresurado ascenso en la función pública. En la segunda mitad del gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) fue subsecretario de Infraestructura Regional y Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Del 2010 al 2013 fue electo presidente municipal de Tuxpan y sin terminar ese período fue designado secretario de Desarrollo Social por el exgobernador Javier Duarte. A partir del 20 de febrero de 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social y vocero de Duarte hasta el 5 de enero de 2015. Ese año, el gobierno de Veracruz contrató dos mil 795 millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales al menos 245 millones fueron facturados por dependencias distintas a la Coordinación General de Comunicación Social para empresas fantasma. Documentos en poder de Mexicanos contra la Corrupción señalan que ese dinero fue enviado ese mes a ocho empresas declaradas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT): Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business. Según las facturas, 68 millones de pesos fueron para Mercacarrey, 37 millones a Marvercarr y otros 37 a Publicidad Akkira. También 35 millones para Mogarver, 33 millones a Anzara, 19 millones a Carrirey y ocho millones a Ravsan y Gman Business para cada una. Además, los pagos fueron realizados con diferencia de horas por transferencias autorizadas desde la oficina de Tarek Abdalá, a quien la sección instructora de la Cámara de Diputados decidió congelar la solicitud de desafuero pese a las acusaciones de complicidad en el desvío de recursos de Javier Duarte. En la sesión del jueves pasado, los diputados del PRI ni siquiera presentaron el dictamen de desafuero para que se votara. No es todo. Dos de las ocho empresas utilizadas en los desvíos ya habían sido beneficiadas por Silva un año atrás cuando les entregó contratos de la Sedesol, dependencia de la que era titular, según una investigación que Animal Político publicó en mayo de 2016. En aquella ocasión fueron Mercacarrey y Mogarver las que recibieron 243 millones de pesos en 2013 pero nunca entregaron los materiales de construcción de pisos y techos de vivienda en zonas marginadas para lo que fueron contratadas. Los desvíos de 2014 fueron documentados por el Servicio de Administración Tributaria en noviembre de 2016. Visitadores de esa dependencia verificaron todas aquellas operaciones de ese año entre la Coordinación General de Comunicación Social y las empresas, según un documento de la oficina de Administración Central de Fiscalización Estratégica, en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En junio de 2015 Silva ganó la diputación federal por el PRI pero en abril de 2016 solicitó licencia al Congreso para regresar a la vocería con Javier Duarte, cargo en el que permaneció hasta octubre cuando el exgobernador se dio a la fuga. A su regreso a Comunicación Social intentó pagar, vía la tesorería, 75 millones de pesos que habían quedado pendientes de cobro de los desvíos de 2014, aunque por las investigaciones periodísticas divulgadas se detuvo el trámite. Actualmente Silva es investigado también por la Fiscalía General de Veracruz por el presunto pago a empresas fantasma. El gobernador Miguel Ángel Yunes anunció que lo someterá al proceso de desafuero, aunque todavía no hay solicitud formal. En diciembre de 2016, al comparecer ante diputados locales, Yunes informó que en la administración de Duarte, entre 2011 y 2016, se facturaron a medios, algunos fantasma, un total de ocho mil 548 millones de pesos. “Vamos a investigar a dos excoordinadores de Comunicación Social, específicamente a la señora Georgina Domínguez y Alberto Silva Ramos, porque durante la etapa en que fueron coordinadores de Comunicación Social se hicieron pagos a empresas que no existen”, dijo entonces. El pasado 25 de abril, Animal Político publicó que la exvocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, utilizó su cargo para beneficiar con contratos y convenios a la empresa Servicios Especializados de Comunicación e Imagen SA de CV que pasó a su propiedad, y mediante la que controla editorialmente tres radiodifusoras. La empresa recibió 6.9 millones de pesos y uno de sus accionistas, Miguel Ángel Gutiérrez Garduza, 10.3 millones de pesos, entre 2012 y 2016. Tras la publicación, la Fiscalía de Veracruz confirmó que Domínguez y Silva son investigados por la comisión de presuntos actos de corrupción y por el presunto desvío de casi tres mil millones de pesos en agravio de la hacienda durante su gestión en la Coordinación General de Comunicación Social y en la Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador.