“Padece México una crisis de libertad de expresión”: Carlos Lauría

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Considerado como “uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”, México está sumido en una “en una profunda crisis de libertad de expresión que está impidiendo a los mexicanos tener un debate abierto, agresivo sobre los temas que más afectan a la población, lo que está dañando la salud de la democracia”, sostiene Carlos Lauría, coordinador para América del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En entrevista con Apro, previa a la presentación del último informe de CPJ sobre México, titulado “Sin excusas”, a efectuarse en el puerto de Veracruz, Lauría detalla que el problema va más allá de la libertad de prensa, rebasa una situación gremial que afecta derechos humanos de un país, los derechos a la libertad de expresión y al acceso información, consagrados en la Constitución y ratificados por el país en tratados internacionales.

Al destacar que en la última década el CPJ ha visto deteriorarse las condiciones de los periodistas que laboran en medio de la “la violencia endémica que afecta a México”, obligando a muchos de ellos a exiliarse, Lauría advierte que “la impunidad es el común denominador en 86% de los casos de periodistas asesinados”, y que “del total de asesinatos de comunicadores en México, 95% son reporteros locales, son ellos los que sufren la parte más brutal de este ciclo de violencia y de impunidad endémica”.

Con un recuento de 50 casos de periodistas asesinados desde 2010, la organización con sede en Nueva York decidió en esta ocasión basar su reporte en las historias de Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz y Marcos Hernández Bautista, los dos primeros fallecidos en Veracruz, durante la gestión de Javier Duarte, y el tercero victimado en Oaxaca durante el mandato de Gabino Cué. La documentación de los casos estuvo a cargo de colegas de las víctimas.

Los tres casos resultan fuera de lo común porque hay personas procesadas e identificadas por los homicidios, en tanto que en el de Hernández hay incluso un exjefe de policía municipal sentenciado a 30 años de cárcel.

Pese a los avances que tienen estos casos con respecto a muchos más, el documento de CPJ destaca que “se limitan al autor material y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen”.

Apunta la organización: “Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad. Esta ausencia de rendición de cuentas perpetúa el clima de impunidad que deja a los periodistas en una situación de vulnerabilidad ante los ataques”.

Añade Lauría: “Lo que queremos demostrar es que el problema de la impartición de justicia es un problema grave, que evidentemente está llevando a México a una situación de impunidad muy pero muy grave, y creo que justamente los tres casos son representativos de lo que preocupa no sólo a nivel de México sino a nivel internacional”.

El defensor sostiene que una de las principales preocupaciones de las organizaciones de defensa de libertad de expresión, es que en las investigaciones sobre homicidios de periodistas, prácticamente no se aborda la labor periodística como posible causa del crimen.

Lauría cuenta que esa omisión es muy frecuente en los casos de periodistas locales, debido a que “en muchos casos la profesión está precarizada, y los periodistas tienen que cumplir otras funciones para poder subsistir”.

Con ese pretexto, apunta, es que las autoridades ministeriales suelen descartar la labor periodística como móvil,” sin siquiera investigar y eso es muy mal precedente”.

A nivel federal, Lauría descarta que los órganos de Estado creados para investigar los crímenes contra la libertad de expresión y proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos “no están funcionando”

De la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la PGR, el directivo de CPJ dice que ante sus “magros resultados”, tres condenas en diez años, y “con tantas investigaciones abiertas”, urge una rendición de cuentas.

“Es importante que los responsables de la FEADLE rindan cuentas en materia de investigación y la función para la que fue creada, poder procesar ante la justicia a aquellos responsables de violentar la libertad de expresión, porque el rezago es importante”, resalta.

En cuando al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Lauría reconoce avances en comparación a sus primeros años de funciones, y por ello urge a atender el problema financiero por el que atraviesa el órgano de la Secretaría de Gobernación.

No obstante, el directivo de CPJ advierte que la mayor falla del Mecanismo es que no ha generado las condiciones de confianza necesaria entre los periodistas, debido precisamente a sus fallas sobre todo en materia de análisis de riesgo.

Al sostener que Veracruz es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo, Lauría señala a la administración de Javier Duarte como “un periodo brutal, lúgubre, oscuro y plagado de violencia, donde no se resolvió ninguno de los casos”.

Añade: “Peor aún, desde el gobernador pasando por altos funcionarios del estado, acusaron a los periodistas de estar vinculados al crimen sin ningún tipo de evidencia, algo que nosotros en su momento rechazamos enérgicamente porque eran acusaciones infundadas que no hacían más que generar miedo, temor intimidación, generar un clima que prevaleció en Veracruz, de terror de 2010 a 2016”.

A unas horas de presentar el informe de CPJ en el puerto de Veracruz, Lauría espera que los gobernadores Miguel Angel Yunes y Alejandro Murat “puedan redimir el contexto de los gobiernos anteriores que han consagrado la impunidad, a partir de su falta total del cumplimiento de las obligaciones de impartir justicia”.

Se refiere de manera particular al caso del Veracruz de Yunes Linares, en cuyo mandato “ya un periodista fue asesinado y otro seriamente herido, en el sentido de que dé señales claras de que esta es una etapa distinta para crear condiciones a los periodistas”, aunque alerta que ha recibido información de periodistas locales de que Yunes “no les está prestando demasiada atención, que es reacio para darles información, y justamente es importante que el gobierno dé señales de transparencia y resuelva los casos, cumpla con sus obligaciones que emanan de las leyes para dar resolución a estos casos de asesinatos”.

En espera de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, Carlos Lauría insiste en la urgencia de colocar el tema de la libertad de expresión en la agenda nacional.

“Lo que queremos fundamentar es que este no es un problema de periodistas o de gremio, obviamente que la violencia endémica está afectando principalmente a los periodistas, pero es un problema que va mucho más allá de la prensa, a comunidades enteras que no están recibiendo información que necesitan para tomar decisiones, y una sociedad menos informada es una sociedad no democrática, pero además representa un desafío para los encargados de formular políticas públicas”, concluye.

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