CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los gobiernos de México y otros siete países latinoamericanos condenaron hoy el “uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas” contra las manifestaciones convocadas por la oposición y urgieron al gobierno de Nicolás Maduro a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. En un comunicado conjunto, las cancillerías de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay reiteraron su llamado al gobierno venezolano de “cumplir el calendario electoral, liberar a los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes”. El comunicado conjunto se publicó un día después de que el gobierno mexicano repudiara, con voz propia, la decisión de Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, la cual “profundiza el clima de desconfianza y la crisis política que prevalece en el país”. De acuerdo con las cifras que dio a conocer hoy la Fiscalía General de Venezuela, el balance humano de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el último mes resultó grave: 35 personas fallecieron –entre ellas cuatro adolescentes y dos policías–, 717 resultaron heridas y 152 fueron detenidas –18 con órdenes de aprehensión–. Las fuerzas de oposición, que controlan la mayoría de asientos en el Parlamento venezolano, organizan protestas prácticamente todos los días en distintos estados del país para obligar al gobierno a organizar elecciones anticipadas y derrocar a Maduro antes que termine su mandato, en 2018. El diálogo entre gobierno y oposición, que se deterioró durante el pasado abril, se encuentra roto y los esfuerzos de mediación internacional desplegados por El Vaticano y los expresidentes Marín Torrijos, de Panamá, Leonel Fernández, de República Dominicana, Ernesto Samper, de Colombia; y José Luis Rodríguez, de España, parecen vanos. Después de la manifestación de ayer, en la que falleció el estudiante Armando Cañizales, de 17 años, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –la coalición de partidos opositores al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)– denunció la “salvaje represión” del gobierno y señaló la presencia de elementos de la Fuerza Aérea en los operativos de disipación de la muchedumbre. El gobierno de Maduro, por su parte, calificó los desbordamientos de violencia como acciones de “insurgencia armada”, fomentadas desde la “derecha terrorista” con el objetivo de “culpar al gobierno” de los muertos y heridos.