CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El gobernador Javier Corral Jurado sostuvo que su posición respecto de la creación de una ley de seguridad interior, difiere de la de los gobernadores de Acción Nacional, porque tiene una visión más amplia de lo que es la seguridad interior, como es la seguridad humana. Al ser cuestionado sobre los temas que abordaron en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario dijo que antes de tener una ley de seguridad interior, lo deseable es tener una ley de seguridad humana, porque aunque el país no puede prescindir de la colaboración de las fuerzas armadas, dejar en sus manos toda la seguridad, sería un colapso institucional frente al nivel de control que la delincuencia organizada tiene en zonas de país. Coral indicó que se agradece la colaboración "infinitamente" de las fuerzas armadas, pero deben ser cuidadosos para no institucionalizar un modelo que sustitya a las autoridades civiles, de lo que es su primera y más importante función que es la seguridad pública. "Las fuerzas armadas han sido reconocidas en su labor, y su participación es constitucional, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando sea en auxilio de las autoridades civiles. Una legislación en seguridad interior tiene esa franja muy delgada y hay que cuidarla. Merece una regulación sí, pero tenemos que ver cuál iniciativa es la que se va a discutir, qué funciones se les atribuirán (a las fuerzas armadas), cuáles serán los procedimientos para declarar la existencia de un riesgo en seguridad interior y quiénes son quienes detonan la participación de las fuerzas armadas y lo más importante, es de carácter temporal en cualquier esquema. "No concibo una ley de seguridad que perpetúe la participación de fuerzas armadas en materia de seguridad pública, sería lo peor porque se dejarían de fortalecer las capacidades locales, se va a abandonar el esfuerzo de tener policías confiables, seguras, profesionales, porque para siempre en la ley, el Ejército resolvería el problema. Tendría que ser una legislación muy temporal, con disposiciones muy claras en materia de derechos humanos", especificó. Y agregó que su posición difiere de los gobernadores de su partido, Acción Nacional, porque se requiere primero una ley de seguridad humana que se centre en el riesgo de seguridad de las personas y no en el riesgo de la seguridad del Estado. El pasado 21 de febrero, diez gobernadores panistas del país, excepto Javier Corral, firmaron un desplegado pagado en medios nacionales, para urgir a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Entre otros argumentos, los gobernadores dicen: "Hoy por hoy, no podemos prescindir de la ayuda que brindan los militares desplegados en el territorio nacional, pero también es impensable continuar bajo las condiciones actuales. Los gobernadores debemos seguir trabajando para que cada militar desplegado pueda ser sustituido en el corto plazo por un policía confiable, honesto y profesional. "Refrendamos nuestro interés para que dicha ley sea resuelta por el Congreso de la Unión a la brevedad. Con esta y otras herramientas legales que se están discutiendo hoy en el Congreso, podemos fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mexicano frente a la delincuencia y el crimen organizado, y encontrar mejores caminos para que la paz y la tranquilidad regresen a las familias mexicanas". Propone ajuste al Sistema Penal Acusatorio En otro tema, Javier Corral dio a conocer hoy en Ciudad Juárez, que él propuso en la reunión privada con el gabinete de seguridad, tres o cuatro cambios a la legislación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, para evitar "la puerta giratoria" y como encargado de realizar un "memorándum Chihuahua" de observaciones al respecto, para que lo impulsen desde la Conago, quedó el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel. "Es para pedir que se ajuste el sistema para que no haya criterio de oportunidad a los delincuentes cuando son culpables, sobre todo en casos de reincidencia, la puerta giratoria es uno de los criterios a combatir". Corral aseveró que en ese tema, sí estuvieron de acuerdo todos los gobernadores, porque es un problema común que se tiene principalmente en delitos federales como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo, con los que el código nuevo es muy garantista, por lo que enfrentan graves problemas con las liberaciones de quienes cometen esas faltas penales. "Discutimos la necesidad de reformas a la normatividad del Sistema Penal Acusatorio, para atajar la puerta giratoria, que son disposiciones interpretadas por los jueces con mucho garantismo hacia los presuntos delincuentes, y han generado oportunidades de impunidad para quienes realmente han cometido delitos, principalmente la portación de armas y narcomenudeo. Abordé el tema de la efectiva coordinación entre los niveles de gobierno, que cada quien asuma su responsabilidad en los niveles de gobierno, que haya recursos de prevención, que se clasifiquen debidamente los delitos, propuse un grupo de trabajo y se aceptó (...) Miguel Ángel Mancera, ofreció que la reunión sea en Chihuahua o en la Ciudad de México", dijo. Detalló que el problema de la puerta giratoria, tiene que ver con la interpretación que algunos juzgadores les están dando a la ley. "Necesitamos que la ley considere con toda claridad el fenómeno de la reincidencia, hay un artículo que da pie a esa posibilidad de dejarlos salir. Todos los gobernadores opinaron lo mismo, es el gran problema que se tiene. Vamos a aprovechar nuestros buenos oficios con los senadores y diputados para convencerlos de ese modelo. “Hay otra corriente en el país, de garantismo en ese tema, porque hubo muchos abusos, excesos, formas de cargar a mucha gente, ponerles armas, hacerlos víctima de una injusticia y estamos pagando las consecuencias de esa gran distorsión, pero toda ley tiene que ser un equilibrio entre los objetivos del ideal y de la realidad", subrayó Corral.