CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Un grupo de policías comunitarios surgió en el poblado de Tlacotepec, considerado como el corazón del narcotráfico de la Sierra de Guerrero, donde habitantes de 80 comunidades exigieron al gobierno federal y estatal un alto a la política de erradicación de cultivos de mariguana y amapola. Los campesinos inconformes argumentaron que las autoridades de los tres niveles no han ofrecido otra fuente de ingresos para alcanzar el desarrollo integral de los pobladores de la Sierra y reprocharon la actitud del Ejército y corporaciones policiacas, a quienes acusaron de dedicarse a "robar, extorsionar y secuestrar" a productores de enervantes, así como personas que indirectamente se benefician de la actividad del narco. También, anunciaron que la conformación del grupo de autodefensa denominado Policía Comunitaria de Tlacotepec (PCT), se enfocará en blindar el corredor de drogas que conecta con los municipios de Apaxtla y Teloloapan, para garantizar la seguridad de habitantes de esta zona donde se ha registrado desde hace un lustro el desplazamiento masivo de personas, ante la brutal confrontación de grupos armados por el control de la ruta de la heroína. El movimiento armado en la Sierra, lugar catalogado por el Ejército como la principal zona productora de heroína a escala nacional, recibió el respaldado de las guardias comunitarias denominadas Movimiento Adrián Castrejón de Apaxtla y La Tecampanera de Teloloapan. Ambas autodefensas han sido vinculadas con el grupo delictivo Guerreros Unidos y mantienen una lucha con La Familia, banda afincada en Arcelia y Acapetlahuya, por imponer su hegemonía en la Zona Norte de Guerrero y el sur del Estado de México. Ayer se realizó una multitudinaria marcha en el poblado de Tlacotepec, cabecera municipal de Heliodoro Castillo, en la que participaron mujeres, niños y hombres, en su mayoría campesinos, y en la que exigieron seguridad, justicia y paz en la Sierra. La movilización culminó con un mitin en el centro de este poblado considerado como el corazón del narcotráfico de la Sierra y los discursos de los inconformes se enfocaron en exigir al presidente, Enrique Peña Nieto, un alto a la política de erradicación de plantíos de amapola y marihuana vía aérea, porque de esta manera -indicaron- el Ejército destruye cultivos de alimento básico como maíz, frijol y calabaza. Un campesino proveniente de la comunidad de El Ahuejote consideró que la siembra de enervantes “es un trabajo honrado para llevar el sustento familiar”, por lo que demandó al Ejército y las corporaciones policíacas que se enfoquen en detener a los delincuentes para bajar la incidencia delictiva porque hasta el momento se han dedicado a extorsionar y secuestrar a productores de enervantes. Los manifestantes denunciaron que en el municipio de Heliodoro Castillo, que administra el alcalde priista Juan Pedro Salgado Guzmán, habitan al menos 40 mil pobladores y solo existen ocho policías municipales, destacamentados en la cabecera. Por ello, justificaron la conformación de la guardia comunitaria para garantizar la seguridad de los habitantes de los poblados de la Sierra. “Llegó la hora de ver las cosas como son y la realizad es que queremos a la Policía Comunitaria y estamos concretando este proyecto de seguridad para beneficiar a nuestros hijos y no que haya hechos de violencia como los que hoy en día ocurren en todo el estado”, expresó un habitante identificado como Adrián Vergara. Otro habitante exigió: “Queremos paz y la paz de todos los pueblos se consigue luchando y no saqueando. Para poder alcanzar la paz necesitamos libertad, igualdad y fraternidad para que este proyecto de seguridad continúe para que vivan bien los niños, los jóvenes y los ancianos”. Hasta el momento, el gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien envió una iniciativa al Congreso para tratar de frenar la expansión de los grupos de policías comunitarias y autodefensas en la entidad, no ha fijado una postura sobre este hecho que exhibe el vacío de autoridad que existe en la entidad. Desde hace cuatro años, Proceso ha documentado la violencia y el desplazamiento masivo de personas en la Sierra generado por la batalla que libran grupos armados para controlar las zonas de producción y rutas de trasiego de drogas que conecta esta franja de la entidad con el centro del país. Hasta 2014, los registros oficiales indicaban que esta barbarie había dejado al menos dos mil desplazados en municipios como Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala y Teloloapan, donde existen decenas de pueblos fantasma. El tema de los desplazados por la narcoviolencia ha sido minimizado por los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y el interino Rogelio Ortega, mientras que el actual gobernador Astudillo se ha mostrado indiferente ante la situación de violencia, marginación y pobreza que persiste en la entidad. En contraste, Astudillo se ha enfocado en promover el turismo y la inversión extranjera en zonas controladas por el narcotráfico.