CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Al promulgar ayer la ley SB4, que castiga a las “ciudades santuario” y faculta a los todos los policías a realizar controles y detenciones migratorios, el estado de Texas se alineó ayer con las políticas antimigrantes de Donald Trump, y prendió las alarmas de la Cancillería mexicana. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su “preocupación” ya que esta ley “contiene elementos que podrían ser lesivos para los derechos de las personas mexicanas y de origen mexicano que viven en ese estado, y que representan cerca de una tercera parte de su población total”. De acuerdo con el Pew Research Center, alrededor de cuatro millones de latinos viven en Texas, de los cuales nueve de cada diez son de origen mexicano. Las disposiciones de la nueva ley obligan a todos los gobiernos locales y entidades públicas –entre ellas las universidades-- a aplicar estrictamente las leyes migratorias y a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los procesos de detención de migrantes indocumentados. “Este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales”, sostuvo la Cancillería. La ley SB4 fue votada en la Cámara texana el pasado 27 de abril, confirmada en el Senado el 3 de mayo y promulgada ayer por el gobernador Greg Abbott. Entrará en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, y plantea una serie de sanciones muy severas para los municipios y funcionarios recalcitrantes en aplicar sus disposiciones. Así, los municipios pagarán hasta 25 mil 500 dólares por cada día de incumplimiento, mientras los jefes de policía o “sheriffs” recibirán castigos mayores de negarse a arrestar a los migrantes con órdenes de detención por parte de las autoridades migratorias. Además, la ley plantea que cualquier funcionario --designado o electo-- que se negara a aplicar las disposiciones será removido. “Hay consecuencias mortales de no aplicar la ley, y Texas se convirtió en un estado donde estas prácticas ya no están toleradas”, declaró Abbott quien difundió en vivo el momento en el que promulgó la ley. Al asumir la presidencia, el pasado 20 de enero, Trump anunció el endurecimiento de la política antimigrante en Estados Unidos, y amenazó con eliminar los fondos federales a las “ciudades santuario”, las cuales se niegan a que sus policías participen a operativos migratorios. La diplomacia mexicana no pudo cabildear para suavizar la ley, la Cancillería aseveró que “dará seguimiento puntual” a su implementación, y que “mantendrá informada a la comunidad sobre sus alcances” mediante los once consulados en Texas.