CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi un año de su instauración en esta capital, el nuevo modelo de impartición de justicia opera con serias deficiencias, según se desprende de un reporte de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). De acuerdo con un monitoreo de 640 audiencias celebradas de agosto de 2016 a enero último, el organismo que preside María Elena Morera refiere que jueces, ministerios públicos, defensores públicos y asesores jurídicos –las figuras jurídicas que componen el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio–, no están lo suficientemente capacitadas. Alfredo Peña López, director de Cultura de la Legalidad del organismo, quien presentó los resultados del “Primer Informe  de Salas de Oralidad Penal” en la capital del país, aseguró que dichas figuras incurren en prácticas inadecuadas en las audiencias de juicio oral, lo que repercute en la operación del nuevo modelo de impartición de justicia. La asociación civil encontró que de manera general no se privilegia el principio de oralidad; los jueces son parciales y no garantizan el cumplimiento del principio de presunción de inocencia; los ministerios públicos no tienen capacidad técnica; y las víctimas e imputados no cuentan con una representación activa. Específicamente, los  asesores jurídicos, la nueva figura que convierte a las víctimas en partes activas del proceso penal, tienen el peor desempeño. Según los resultados, en 71% de las audiencias los asesores no subsanaron las deficiencias de las fiscalías, argumentaron inadecuadamente, aportaron medios de prueba deficientes y en general mantuvieron una actitud pasiva, en su deber de salvaguardar los derechos de las víctimas. Además, en 40% de las audiencias monitoreadas, el Ministerio Público no presentó medios de prueba suficientes, tampoco acreditó la detención en flagrancia e incurrió en la clasificación incorrecta del tipo penal. En cuanto a la actuación de los impartidores de justicia, 20% de los jueces fueron parciales en favor del Ministerio público al subsanar las deficiencias de la Fiscalía; además, en la misma proporción impidieron  la  intervención de los asesores jurídicos faltando al principio de igualdad entre las partes y al de presunción de inocencia. Finalmente en el caso de los defensores públicos, en 227 casos presentaron problemas para aportar, contradecir y confrontar los medios de prueba al no tener acceso completo a la carpeta de investigación del imputado. Ante estos resultados, Peña López indicó que se vulneran los derechos tanto de las víctimas a un acceso adecuado a la justicia, y se pierden los derechos de presunción de inocencia, centrales en el nuevo sistema de justicia penal. Por ello el MUCD hizo una serie de exigencias a cada uno de los organismos que intervienen en la impartición de justicia. Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México pidió imparcialidad en el actuar de los jueces, así como la creación de una plataforma nacional en la que se registre información sobre las medidas cautelares impuestas a las personas sujetas a investigación. A la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México exigió evitar la intervención de diferentes agentes del Ministerio Público en una misma carpeta de investigación, la independencia de la figura del asesor jurídico y la inmediata actualización de la normatividad procesal de la capital. A la Defensoría Pública de la Ciudad pidió someter a los defensores públicos, y evitar la rotación constante del personal asignado a la defensa en cada carpeta de investigación. Por último, a la Secretaria de Seguridad Pública sugirió la capacitación en la actualización de los policías como primeros respondientes. De la asociación civil se declaró en favor de mayor capacitación para cada uno de estos actores. Al respecto, Verónica Baz, presidenta ejecutiva de MUCD, dijo que el nuevo sistema es un trabajo que requiere de años, por lo que es un tema de requiere mayor capacitación y voluntad política. “Estamos frente a un nuevo sistema penal, que presenta viejos vicios”,  subrayó. El estudio, cuya finalidad fue verificar la operación del nuevo sistema de justicia penal, inició en la capital debido a que la cifra de delitos no denunciados en la entidad es superior  a la media nacional: el porcentaje de la ciudad alcanza 94.7%  mientras que a escala federal es de 93.7%.