CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) deberá transparentar información sobre el contrato con Jones Day LLP, una firma extranjera de abogados para la defensa de intereses de México ante tribunales estadounidenses. Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular quien solicitó a la SCT conocer el estado que guardan las pláticas con el despacho Jones Day LLP o cualquier otra firma que preste servicios legales para interponer una demanda ante tribunales extranjeros. La dependencia proporcionó al requirente una versión pública del contrato pero testó información que consideró contenía datos correspondientes a secreto comercial o cuentan con carácter confidencial. Inconforme, el solicitante interpuso un recurso de revisión por la clasificación de la información como confidencial. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez determinó parcialmente fundado el agravio, pues, aunque no todos los datos testados en el contrato son confidenciales, tampoco toda la información está ligada al ejercicio de recursos públicos. También resolvió que la SCT debe dar a conocer las fechas límites de los reportes periódicos entregables y el nombre de la persona física que trabaja para Jones Day LLP porque aparece como representante de la firma ante la Secretaría y “esto no constituye ningún aspecto de su vida privada”. Salas Suárez destacó la importancia del recurso interpuesto por referirse a la Red Compartida, uno de los proyectos más destacados de la reforma en telecomunicaciones. “La información pública puede ser un insumo para que las autoridades competentes, de los poderes ejecutivo y legislativo federales, demuestren que actuaron y actúan para garantizar a los mexicanos servicios de telecomunicaciones en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad”, subrayó el comisionado. La Red Compartida, explicó, consiste en crear una red pública mayorista que permita aumentar la cobertura de los servicios de telefonía e internet móvil a casi el 92.2 % de la población. El comisionado recordó que en febrero de 2016, la SCT dio a conocer que la empresa Altán resultó ganadora del contrato para construir, operar y actualizar la Red, mientras que Rivada Networks fue descalificada por no entregar la garantía de seriedad respectiva, según versiones periodísticas. En su defensa, Rivada acusó a la SCT de permitir que Altán utilizara información confidencial para la elaboración de su propuesta; lo que provocó que la SCT solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción sobre el caso. “Las acusaciones hechas por Rivada Networks implican una seria afectación a la imagen de las instituciones mexicanas tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo porque desde antes de iniciar el proceso licitatorio de la Red, el gobierno federal y la SCT indicaron que, para evitar suspicacias, se adoptaría el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas que hemos venido promoviendo tanto el Banco Mundial, Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública y Transparencia Mexicana, que en este caso iba a actuar como testigo social”, mencionó el comisionado. A finales del año pasado, la SCT anunció la contratación de los servicios legales del despacho Jones Day LLP. Con los antecedentes mencionados, el pleno del INAI modificó la respuesta de la SCT y le ordenó poner a disposición del particular una nueva versión pública del contrato donde los datos de clientes de la firma Jones Day LLP, el contenido y el tipo de los reportes serán confidenciales, pero deberá hacer público el nombre de la persona física que trabaja para Jones Day LLP y que aparece como representante legal de la firma ante la Secretaría y los pagos que recibirá el despacho.