CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) criticaron el reporte publicado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) porque, subrayaron, utiliza cifras cuyo origen se desconoce, refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas y aplica términos jurídicos de manera equivocada. En el caso de México, las conclusiones del documento “Armed Conflict Survey 2017” (ACS) no tienen sustento, aseguraron en un comunicado conjunto. Ambas dependencias destacaron que IISS señala “de manera irresponsable la existencia de un ‘conflicto armado (no internacional)’ en México”. Eso –apuntaron– es incorrecto porque la existencia de grupos criminales no es un criterio suficiente para hablar de un conflicto armado no internacional. Tampoco lo es el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden al interior del país. En este sentido, precisaron, el reporte buscar dar un tratamiento similar a naciones con fenómenos completamente diferentes, que no son comparables ni medibles entre sí. “La violencia relacionada con el crimen organizado es un fenómeno regional, que va más allá de las fronteras que México comparte con Estados Unidos, Guatemala y Belice, entre muchos otros países. Los retos que México enfrenta en este rubro no pueden aislarse de fenómenos relacionados en otras jurisdicciones, como el tráfico de armas y la demanda de drogas. El combate al crimen organizado transnacional debe analizarse de manera integral”, puntualiza el comunicado de la Segob y la SRE. Destaca, asimismo, que la estimación total de homicidios dolosos a nivel nacional en 2016 aún no ha sido publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que se desconoce el origen de la cifra utilizada en el reporte de IISS. “También es inverosímil la suposición que hace el estudio al considerar que todos los homicidios que tuvieron lugar en México están ‘relacionados con el combate a las organizaciones criminales’. Ello debido a que las estadísticas de homicidio doloso, como la del Inegi, incluyen casos de muertes por riñas, muertes por armas blancas, muertes asociadas a la comisión de delitos del fuero común, así como aquellas producto de conflictos vecinales o comunitarios, entre otras. En este sentido, el reporte parte de una base errónea y carente de rigor técnico”. Según el comunicado conjunto, el ranking de países que realizan los autores con base en sus estimaciones de homicidios carece de cualquier rigor metodológico. Partiendo de cifras correctas, sería viable hacer comparativos por tasas para así tomar en cuenta las diferencias en el número de habitantes de los países, apunta. Y precisa que de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2014 (el reporte más reciente a nivel internacional), México está lejos de ser uno de los países más violentos del mundo. Remata: “Tan solo en América Latina países como Honduras, Venezuela, Belice, Colombia o Brasil registran tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8, y 25.2 respectivamente, mientras que México registró una tasa de 16.4, cifra muy por debajo de muchos países de la región”. El reporte de IISS publicado la víspera sostiene que la violencia derivada de la militarización de la lucha contra el narcotráfico en México alcanzó los niveles de un país en guerra abierta: en 2016, los 23 mil homicidios dolosos registrados convirtieron el país en el segundo lugar con el mayor número de asesinatos en el planeta, después de Siria, apuntó. El IISS observó que en México ocurren regularmente enfrentamientos frontales entre grupos criminales y fuerzas de seguridad mexicanas. Ciertos cárteles, entre ellos los Zetas y más recientemente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), adoptaron estrategias de “criminalidad militarizada” para controlar los territorios. El número de asesinatos se disparó en un 22.8% entre 2015 y 2016, y la violencia generó por lo menos 35 mil 433 desplazados internos desde el año 2007. Estos fenómenos, abundó el organismo, crecieron en un contexto de debilidad institucional y de corrupción “generalizada” que “plagaron” al Estado mexicano, pero también derivaron de la actitud renuente del presidente Enrique Peña Nieto a reformar el sistema de justicia mexicano. “Es muy inusual que la violencia criminal alcance un nivel similar a un conflicto armado. Pero ocurrió en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) y especialmente en México”, advirtió el organismo en el reporte que publicó de manera paralela al Informe sobre Conflictos Armados 2017. Sin embargo, subrayó que a diferencia de los centroamericanos, cuyos gobiernos desplegaron también al ejército para combatir la delincuencia organizada, en México no hubo “mejoras modestas” en las cifras de homicidios. Al contrario: los primeros meses de 2017 fueron los más violentos registrados durante la administración de Peña Nieto y alcanzaron niveles que el país no había sufrido desde 2011, uno de los peores de la “guerra contra el narcotráfico” que declaró Felipe Calderón al iniciar su mandato.