CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea Constituyente será quien defienda la Constitución de la Ciudad de México de las impugnaciones interpuestas en su contra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la sesión de este miércoles, la Segunda Sala de la Corte discutió el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y  resolvió por unanimidad que la Constituyente es “la parte demandada” en las controversias constitucionales y, por ello, “debe comparecer a expresar las razones o fundamentos jurídicos para sostener su validez”. Tras el fallo, el senador Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, aclaró que la decisión de la Sala reconoció a este órgano como la autoridad responsable para responder no sólo a las controversias constitucionales –interpuestas por la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia capitalino–, sino también a las acciones de inconstitucionalidad –promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los partidos Morena y Nueva Alianza–. De acuerdo con un comunicado de la SCJN, los ministros destacaron que la propia Asamblea Constituyente reconoció, en su escrito de reclamación, que “por virtud del último párrafo del Artículo Sexto Transitorio de la reforma constitucional que la estableció, cesó su actividad legislativa, por lo cual ya no podría convocarse para crear norma alguna”. Sin embargo, aclararon que, “ante la ausencia de disposición expresa que defina al sujeto legitimado para comparecer en una controversia constitucional, durante el proceso de transición relativo a la integración de la Ciudad de México como entidad política de la Federación, es la Asamblea Constituyente la que debe comparecer en juicio”. Al resolver los recursos de reclamación, por unanimidad de votos, la Sala los declaró parcialmente fundados y ordenó emplazar a la Asamblea Constituyente como demandada en las controversias de origen. Los ministros consideraron que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sólo tiene el carácter de tercero interesado. Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobierno de ese órgano legislativo, Leonel Luna, dijo que seguirán defendiendo el texto y “cada que sea requerida coadyuvará en los trabajos”, además de continuar con la elaboración de las leyes secundarias que ordenó el texto. Además, los ministros resolvieron confirmar como autoridad demandada al jefe de gobierno capitalino por ser quien tuvo la atribución de elaborar y remitir a la Asamblea Constituyente el Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Con esta decisión, los acuerdos dictados por el ministro instructor Javier Laynez –en los que designó como autoridades competentes para responder a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno, pues la Constituyente dejó de existir– quedaron sin efecto. Y es que, el pasado 7 de abril, a casi un mes de que se presentaron las primeras impugnaciones contra la Constitución capitalina, exdiputados de la Asamblea Constituyente,  encabezados por Encinas Rodríguez, interpusieron un recurso de reclamación en la Corte dirigido al ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, para que ese cuerpo originario fuera reconocido en la defensa de la primera carta magna capitalina. “Buena señal” Luego de escuchar en directo el fallo de la Segunda Sala de la SCJN, el senador Alejandro Encinas aclaró en entrevista que la decisión de los ministros avala a la Asamblea Constituyente para contestar, tanto las controversias constitucionales, como las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diferentes actores. “El pleno hace un reconocimiento (a la Constituyente) como autoridad responsable y, por lo tanto, ésta debe dar respuesta, tanto a las acciones como a las controversias. Somos la autoridad responsable de haber emitido y enviado (la Constitución) para su publicación”, enfatizó. Además, calificó la determinación de los ministros como una “buena señal” en el sentido de que los ministros determinaron que la Asamblea Constituyente no ha cesado sus responsabilidades legales y jurídicas, pese a que sus funciones legislativas cesaron el pasado 5 de febrero, cuando se publicó la primer Carta Magna capitalina en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el Diario Oficial de la Federación. El exjefe de gobierno consideró que la decisión de los ministros es “un primer paso” y dijo que la ven “con optimismo”, aunque aclaró que deben esperar a ser notificados oficialmente. A partir de entonces, tendrán 30 días hábiles para responder las controversias constitucionales y 15 para las acciones de inconstitucionalidad. Encinas Rodríguez comentó que esperan que ese ánimo “se mantenga también en el análisis del fondo y contenido de la Constitución”. Por lo pronto, adelantó que retomarán el trabajo con las comisiones de dictamen de la Constituyente y los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios que participaron.