CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina interfirió en la libre determinación de la personalidad de Lesby Osorio, aún después de su muerte el pasado 3 de mayo en Ciudad Universitaria, y actuó con la “intención ilegal flagrante” de denigrarla buscando atenuar sus responsabilidades, consideraron asociaciones civiles de mujeres y de promoción de justicia y democracia. En un comunicado conjunto, las agrupaciones Instituto de Justicia Procesal Penal, Académicas en Acción Crítica y Mujeres, Democracia y Ciudadanía aseguraron que con la difusión de “información falsa y denigrante” contra la joven de 22 años –un día después del hallazgo de su cadáver --, la dependencia capitalina puso en riesgo no sólo a la familia de la víctima, sino que su “feminicidio” evidenció “crudamente el problema de la crisis de violencia e impunidad que padecemos”, sumados a la violencia machista sistémica y las reacciones deshumanizadas ante ella. Las organizaciones se refirieron a los mensajes publicados en la cuenta de Twitter de la PGJ en los que se dio información del expediente del caso sobre la situación personal de la joven, hecho que generó una oleada de mensajes en contra de la dependencia por revictimizar a la chica. Por esos hechos, el pasado lunes 5, Elena Cárdenas, directora general de Comunicación Social de la Procuraduría, presentó su renuncia. Ante ese escenario, las agrupaciones denunciantes exigieron cuatro puntos: justicia plena para Lesby y su familia como víctimas, “en la acepción estricta del marco legal, con diligencia y rendición de cuentas”; responsabilidad administrativa, civil y penal para los servidores públicos de la PGJ por la violación de derechos humanos y el daño moral producidos contra la víctima y sus familiares “al difundir información privada, falsa, devaluatoria, sexista y estigmatizante, revictimizándola”. El tercero se refiere al reconocimiento expreso, por parte los medios (de comunicación) y periodistas, “de su responsabilidad ética por replicar informaciones oficiales que revictimizaron” a la joven fallecida; y la acción ciudadana “para contener y eliminar la diseminación de información que dañe la dignidad y la memoria” de la víctima. Los denunciantes reivindicaron los derechos a la dignidad humana y la justicia y se dijeron acompañantes del movimiento social “que exige a las instituciones del Estado justicia para ella (Lesby) y garantías para las mujeres”.