CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la llegada del PAN al gobierno federal, las tomas clandestinas de hidrocarburos pasaron de 400 a seis mil 200, de las cuales, 60% –tres mil 720– se ubica en el llamado “triángulo rojo de Puebla”, denunció el diputado federal por ese estado, Rodrigo Abdalá. El legislador de Morena recordó que en 2005, cuando Vicente Fox era el presidente de México, se detectaron 400 tomas clandestinas. Entonces, el Congreso de la Unión aprobó en la Ley de Ingresos de ese año un rubro para que se realizaran inversiones en tecnología de punta orientada a detectar y prevenir el robo de combustible. No obstante, “Fox no cumplió”. Por su parte, agregó, “Felipe Calderón fue advertido por el Grupo Directivo del Sistema de Gestión por Procesos de Pemex de la necesidad de programar inversiones específicas en tecnología para inhibir y prevenir el robo de combustible, justo en el momento en que el país contaba con el mayor monto de ingresos petroleros de su historia y cuando las tomas clandestinas no eran más de 400 en todo el país”. Según el diputado federal, hoy el número de tomas asciende a seis mil 200 en país, pero Puebla concentra 60%. El legislador dijo que de haber atendido las demandas del Grupo Directivo del Sistema de Gestión por Procesos de Pemex, hubiera disminuido esa cifra. Agregó que el gobierno, en lugar de invertir en tecnología para atacar parte del problema, recurrió a la intervención de dos mil 500 efectivos militares adicionales. Y consideró que “permitir su irrupción al interior de las comunidades es un acto de enorme gravedad y torpeza que responde a la desesperación, pero no a una estrategia planificada de combate al crimen”. De acuerdo con Rodrigo Abdalá, en caso de ser real el video difundido por el diario Cambio de la entidad, en el que se observa que un soldado da el “tiro de gracia” a un presunto delincuente huachicolero, muestra que los casos de Tlataya en el Estado de México o de Tanhuato en Michoacán, “se están replicando por la presencia del Ejército”. Añadió: “De manera irresponsable se determina arriesgar la vida de soldados y civiles inocentes. Los lamentables hechos ocurridos en Palmarito Tochapan nos advierten que el Ejército tiene la instrucción de intimidar y avasallar a las comunidades y ésa, de ningún modo, puede ser una solución. “Los efectivos militares deben estar allí para resguardar y vigilar los ductos, inhibir las extracciones clandestinas y detener en flagrancia a los delincuentes, pero no para irrumpir violentamente en nuestros pueblos. Se deben efectuar labores de inteligencia que desmantelen la red de información y protección con la que cuentan los huachicoleros por parte de la policía estatal y federal y también al interior de Pemex”, sostuvo el diputado por Puebla. Luego, demandó al gobierno hacer prevalecer el Estado de Derecho, “por ejemplo, en el caso del monstruoso y brutal asalto y ataque a la familia Vázquez en la autopista México Puebla, lejos de brindarle la atención y apoyos institucionales y económicos a los que le obliga la Ley General de Víctimas, optó por criminalizar a la víctima induciendo la percepción de que se trató de una venganza entre huachicoleros, lo cual resulta igual de monstruoso e inadmisible”. Si el gobierno de Puebla ha solicitado los operativos del Ejército, debe ofrecer apoyo económico a las familias de los militares fallecidos, igual que a los deudos de los civiles inocentes que no tienen relación con los delitos relacionados con el Huachicol, dijo el diputado de Morena. Sostuvo que la corrupción durante el gobierno del panista Rafael  Moreno Valle se estima en 25 mil millones de pesos, es decir, “cuatro mil 166 millones por año”. Esos recursos, añadió Abdalá, pudieron ser destinados al desarrollo económico, al fomento y creación de cadenas productivas que generen los empleos dignos y bien remunerados que se necesitan en los 31 municipios que comprenden la región de Ciudad Serdán, donde se encuentra la franja del Huachicol. “En lugar de ello, parte de ese dinero fue a parar a la propaganda proselitista de Moreno Valle”, sentenció.