MADRID (apro).- El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves una iniciativa para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, recinto que es sostenido con 750 mil euros anuales de fondos públicos. La iniciativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió el apoyo de otras fuerzas políticas para alcanzar 198 votos a favor; sólo el gobernante Partido Popular (PP) y Esquerra Republicana per Catalunya (ERC) se abstuvieron. Uno de los diputados populares votó en contra de la propuesta. Por ser una proposición no de ley, así definida por el reglamento del parlamento español, el gobierno no está obligado legalmente a cumplirla. Hasta ahora, el PP es el único partido en España que no condena al franquismo, un régimen que se estima provocó la desaparición de 114 mil personas, que la justicia de este país se negó a enjuiciar. El fundador del PP, Manuel Fraga, fue uno de los ministros de los gobiernos del dictador Franco. Además, la iniciativa también reclama que los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, la organización que aglutinó al fascismo español, sean reubicados en un lugar no preeminente del Valle de los Caídos. La propuesta del PSOE busca dar un nuevo impulso a la Ley de la Memoria Histórica, a la que el PP no ha destinado ni un euro de presupuesto. La iniciativa pide elaborar un censo completo de la infraestructura realizada con trabajos forzados de los presos republicanos para colocar placas en memoria de los reprimidos. Y se propuso crear un banco de ADN para identificar a los desaparecidos por la dictadura. También se aprobó suprimir cualquier subvención a entidades que ensalcen o defiendan a la dictadura y estudiar la nulidad de condenas dictadas por los tribunales penales del franquismo contra quienes defendieron la causa republicana. Hoy mismo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, integrada por familiares de reprimidos, reclamó que el Estado español “deje de maltratar a las víctimas de la dictadura franquista obligándolas a pagar con sus impuestos un mausoleo que homenajea al dictador”. Consideran que es “una anomalía” que los restos de Franco permanezcan en ese mausoleo sostenido con fondos públicos, “lo que demuestra la débil cultura de los derechos humanos de los gobiernos españoles posteriores al franquismo”. “Tener un presidente del gobierno que permanece impasible mientras miles de ciudadanos buscan con terrible angustia a miles de desaparecidos es una muestra de una incomprensible falta de humanidad”, concluyen.