CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, reprochó al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haber abandonado a su suerte a la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada el pasado miércoles 10, así como por su “indiferencia y simulación” ante el clamor de las familias de desaparecidos por encontrar a sus seres queridos. En una carta dirigida al mandatario tamaulipeco y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, José Martín García Martínez, Ramos Vázquez exigió el esclarecimiento de la muerte de la activista, así como una investigación de la “irresponsabilidad, negligencia y abandono institucional” de que fue víctima la representante de familiares de desaparecidos de San Fernando, quien hizo pública su solicitud de protección desde el 11 de abril de este año. “Las investigaciones de este homicidio deben considerar y agotar las líneas de investigación que pudieran existir detrás del asesinato de nuestra compañera Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, incluyendo la posible advertencia a los colectivos y familiares para cesar las manifestaciones públicas y constantes que diferentes colectivos han realizado en fechas recientes, particularmente en el Día de las Madres”, asentó el presidente del CDHNL. [playlist type="video" ids="486318"] Ramos Vázquez recordó que la solicitud de apoyo institucional de Miriam Elizabeth se hizo después de la fuga de 29 internos del penal de Ciudad Victoria, entre ellos, uno de los secuestradores de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, a quien encontró sin vida. La activista, “con recursos propios hizo posible no solo una investigación para encontrar a los responsables, sino que participó activamente hasta llevarlos ante un juez y que finalmente fueran encarcelados”, recordó. De acuerdo con el defensor, Miriam Rodríguez solicitó el resguardo a su integridad, luego de que el 11 de abril se aprobó en el Congreso local una Ley de Atención a Víctimas para Tamaulipas, contra la que se pronunció por “marginar a los colectivos de toda consulta y participación de dicha iniciativa, además de nombrar al próximo comisionado de manera unilateral”. Fue en esa ocasión, apuntó, cuando Miriam “solicitó seguridad personal y medidas de protección a representantes del gobierno del estado ante una serie de amenazas que estaba recibiendo, pero las funcionarias que atendieron se limitaron a tomar apuntes solamente, tratando de minimizar la situación de vulnerabilidad”, explicó Ramos Vázquez. La ejecución de la activista es evidencia de “irresponsabilidad, negligencia y abandono institucional”, consideró Ramos Vázquez, quien también es blanco de amenazas de integrantes de fuerzas armadas desde hace siete años, por representar a decenas de víctimas de violaciones a derechos humanos. Gobernador hizo campaña con Miriam Al exigir protección para los integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos y acabar con la “simulación”, Ramos Vázquez exhortó al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad “abrir una queja de oficio e investigar esta omisión de las medidas de protección solicitadas personalmente” por Miriam Rodríguez. Para el defensor de derechos humanos, el abandono institucional del que fue víctima la activista, “implica la irresponsable participación” de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública, así como del Instituto de Atención a Víctimas, entre otros. El titular de la CDHNL recordó al gobernador García Cabeza de Vaca, que se valió de la demanda sentida de familiares de víctimas de desaparecidos para arrancar su campaña el 3 de abril del 2016, y se comprometió en San Fernando a la creación de un mecanismo de búsqueda de desaparecidos, que hizo un reconocimiento a los familiares de las víctimas, y entre quienes se encontraba Miriam Rodríguez. Ya en el poder, agregó Ramos Vázquez, el gobernador tuvo su primer acercamiento con familiares de personas desaparecidas el 11 de octubre del año pasado, en específico con los colectivos Ciencia Forense Ciudadana, Justicia Tamaulipas, Red de Desaparecidos de Tamaulipas, Buscando a Nuestros Hijos Ausentes de Tamaulipas y Colectivo de Familiares y Amigos de Desparecidos. Pese a las palabras de respaldo a las familias de víctimas de desaparición, reprochó que el mandatario: “turnó las audiencias a su secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, y este a su vez, a la subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Elena Garza Jiménez, y finalmente en Lorena Garrido Salazar, directora del Instituto de Atención a Víctimas, perdiéndose el interés y la solidaridad en los grandes pasillos de la burocracia institucional”. En este contexto, agregó: “el activismo de nuestra compañera Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez y de otros familiares integrados en diferentes colectivos buscaba precisamente que usted cumpliera su palabra y mantuviera un contacto directo, lamentablemente sus ‘asesores’, sus más cercanos colaboradores y funcionarios de gobierno de primer nivel lo han distanciado de las víctimas y de las familias que reclaman búsquedas físicas, detención de responsables y justicia”. Tras señalar que desde el gobierno de Egidio Torre Cantú, los funcionarios estatales responsables de la atención a víctima han “actuado en todo momento de manera insensible y dolosa”, Ramos Vázquez reprobó que ante los riesgos que corren los activistas, se haya mandado a comisiones una iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas para la entidad. “Solamente Dios sabe cuándo se discutirá y aprobará esa ley, pues nos queda claro que para usted y muchos funcionarios del actual gobierno, los asuntos de derechos humanos y justicia no representan ninguna prioridad”, recriminó Ramos Vázquez en su carta al mandatario tamaulipeco.