Para combatir el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump regresa a la fallida estrategia del siglo pasado que privilegiaba las medidas represivas y enfocaba el fenómeno como un problema sólo policiaco y no de salud pública. Esta política de corte militarista, que incrementó la violencia y las violaciones a los derechos humanos, ya ha sido rebasada a tal punto que gobiernos de América Latina han aplicado acciones integrales más inteligentes. Pero el nuevo jefe de la Casa Blanca no parece entenderlas y quiere, como en el pasado, “narcotizar” las relaciones con la región. BOGOTÁ.-Colombia ya acusó recibo de lo que se anticipaba desde hace semanas en círculos políticos de América Latina: que la lucha contra el narcotráfico será el eje de la relación del presidente Donald Trump con la región. Y, además, que la nueva estrategia para combatir ese fenómeno privilegiará, como en el pasado, las medidas represivas y las operaciones de corte policiaco y militar. Funcionarios del gobierno colombiano consultados por Proceso dijeron que Washington ha hecho saber a Colombia que el crecimiento de cultivos de hoja de coca en el país es un asunto “demasiado serio” para Trump y que eso requiere “soluciones rápidas” y el empleo de “acciones de fuerza”. El sociólogo Ricardo Vargas, un experto en cultivos ilícitos y políticas antidrogas, señala que “hay una presión fuerte de Estados Unidos para que Colombia reduzca el área (de plantaciones cocaleras) con un enfoque cortoplacista y represivo”. Eso, indica, está “deslegitimando” la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos incluida en los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. En la práctica, ya hay comunidades campesinas colombianas que comienzan a sentir la “mano dura” que impulsa nuevamente Washington en el combate a las drogas. Hay datos que así lo corroboran: en los primeros tres meses de este año, el ejército y la policía han erradicado por la fuerza 8 mil 100 hectáreas de cultivos de hoja de coca, 56% más que en el mismo periodo de 2016. Sólo en marzo fueron erradicadas 3 mil 452 hectáreas, la cifra más alta para un mes desde hace nueve años, lo que ha provocado protestas y cierres de carreteras de campesinos cocaleros que acusan al gobierno de incumplir el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Y fue a principios de marzo, precisamente, cuando el secretario de Estado ajunto para Narcóticos y Asuntos de Seguridad de Estados Unidos, William Brownfield, visitó Colombia para advertir al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que es necesario reducir los plantíos de hoja de coca. Brownfield, diplomático de carrera que también defiende el uso del glifosato –un herbicida potencialmente cancerígeno– para erradicar los cultivos de hoja de coca, llegó a Colombia exhibiendo las cifras del Departamento de Estado que revelan que esos plantíos crecieron 68% entre 2014 y 2016. En las reuniones privadas con funcionarios del Ministerio de Defensa, Brownfield advirtió que se necesita “más erradicación” de plantaciones de hoja de coca, y no sólo voluntarias, como lo hace hoy el gobierno colombiano en concertación con los campesinos cocaleros, sino “disuasivas”; es decir, con el uso de la fuerza. El problema para Colombia es que los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC incluyen un ambicioso programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que requiere actuar en consenso con las comunidades de campesinos cocaleros y no contra ellas. “Esto implica definir con las comunidades las alternativas de sustitución que sean sostenibles desde el punto de vista económico y socioambiental, y adecuadas para fortalecer las economías familiares, garantizando condiciones de vida digna”, indica el capítulo de drogas ilícitas de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre. También precisa que la erradicación forzosa de plantaciones cocaleras –que ha sido motivo de conflicto social en este país desde hace dos décadas– se dejará como último recurso. Pero Ricardo Vargas, investigador sobre drogas del Transnational Institute, señala que el gobierno colombiano está jugando a dos bandas: por un lado, todos los días firma con campesinos acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y por otro, aplica la política del garrote que exige Washington. “Estamos viendo un caos en el que las comunidades firman acuerdos de sustitución de cultivos con el gobierno y a los pocos días les llegan tropas del ejército erradicando sin dar ninguna explicación. Eso se está repitiendo a lo largo y ancho del país”, sostiene el experto. Para Vargas, esta es una de las consecuencias del nuevo enfoque antidrogas de Estados Unidos en la era Trump. Y ese enfoque, dice, “lo van a padecer México, Centroamérica y Colombia, desde luego”, ya que “históricamente las drogas han sido una problemática que ha alimentado otras agendas, como la de seguridad, la del control de comportamiento de los Estados y la de control de fronteras”. Vargas considera que la administración Trump ubicará el tema de drogas como un problema de seguridad “y por esa vía va a presionar a Latinoamérica para que la política antidrogas se vuelva a radicalizar. Yo no hablaría de una nueva política, sino de un volver atrás en esa materia”. Para el autor del libro Narcotráfico, guerra y política antidrogas, es inevitable que la estrategia de combate al narcotráfico de la Casa Blanca se cruce con otro tema que obsesiona al presidente de Estados Unidos: la migración. “El fenómeno migratorio –explica– no tiene para Trump un origen económico o social, sino que lo mete en una compleja trama en donde incluye también lo criminal, y lo criminal son drogas, prostitución e inseguridad, y bajo esa narrativa el tema de las drogas se va a instrumentalizar para poder fortalecer más una política regresiva en materia de migraciones en Estados Unidos.” Como en los ochenta… La politóloga y especialista en temas de seguridad, drogas y crimen organizado María Victoria Llorente dice: “Es evidente que Estados Unidos está haciendo un replanteamiento de su política antidrogas y esto significa un retorno a ‘narcotizar’ la relación con América Latina, en general, y con Colombia, en particular”. El gobierno de Trump, agrega la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, se focaliza “mucho en el tema de las drogas y es claro que se inclina por una respuesta policiaca, punitiva, a ese problema; eso es lo que va a venir”. Esto será “un fardo muy grande para los acuerdos de paz con las FARC, que plantean exactamente lo contrario a la represión: una sustitución voluntaria de cultivos”, dice Llorente a este semanario. Antes de visitar Colombia, los pasados 7 y 8 de marzo, Brownfield presentó en Washington el informe anual del Departamento de Estado sobre narcotráfico en el mundo, el cual asegura que la oferta de cocaína colombiana ha alcanzado “niveles récord”; que por Guatemala pasan más de mil toneladas al año de esa droga y que de México proviene entre 90% y 94% de la heroína que se consume en Estados Unidos. El pasado 29 de marzo, Trump anunció la creación de una comisión para buscar soluciones al aumento de muertes por sobredosis de heroína y opiáceos, algo que catalogó como una “epidemia total” y uno de los “mayores problemas” de Estados Unidos. Según cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en 2015 murieron en Estados Unidos 52 mil personas por sobredosis de drogas y al menos una cuarta parte de esos casos fueron por consumo de heroína, el triple que cinco años antes. La mayoría de los muertos por sobredosis, en 2015, fueron adultos de raza blanca. El diario The Wall Street Journal comentó que la política contra las drogas de Trump está en conflicto al ofrecer al mismo tiempo rehabilitación y mano dura. Para ese diario, esa política tiene una traducción: “los blancos tendrán rehabilitación y los negros y los latinos obtendrán encarcelamiento”. Y en el frente externo, parece claro que la exigencia será “mano dura”. El informe anual del Departamento de Estado estadunidense sobre narcotráfico va en esa línea. Por ejemplo, cataloga a Bolivia como un “fracaso” en la lucha contra el narcotráfico y se queja de los “insuficientes esfuerzos gubernamentales para desmantelar a los cárteles de la droga”. Desde luego ese reporte no incluye al propio Estados Unidos, el país donde más circula y se consume droga y donde cada vez se producen más estupefacientes, desde mariguana de uso legal en varios estados, hasta metanfetaminas y analgésicos opioides que se venden en las farmacias. Para el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes de Colombia, Hernando Zuleta, el reporte del Departamento de Estado “no dice nada nuevo y lo único que tiene es un lenguaje y un discurso antidrogas de los años ochenta que indican que Estados Unidos está volviendo a la época de la visión criminal del problema”. De acuerdo con el especialista en mercados criminales, lo que en la práctica “ya está ocurriendo es un retorno del gobierno de Estados Unidos a las políticas antidrogas de hace 10 o 15 años, lo que es lamentable porque eso significa que vamos a tener una regresión a políticas que han demostrado su ineficacia”. En ese contexto se explican la supuesta oferta o amenaza de Trump para enviar tropas a México a combatir a los “bad hombres” –que en el lenguaje del mandatario pueden ser narcotraficantes, migrantes o ambos– y la propuesta del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, John Kelly, de implementar en México un modelo de cooperación antidrogas inspirado en el Plan Colombia. La estrategia antidrogas conocida como Plan Colombia se aplicó durante 16 años en este país sudamericano y consistió en ayudas de Estados Unidos por unos 10 mil millones de dólares para combatir el tráfico de estupefacientes, la producción y procesamiento de hoja de coca y a la guerrilla de las FARC. Las FARC fueron golpeadas con fuerza –pasaron de 24 mil a 8 mil hombres en armas en la última década– y los plantíos de hoja de coca pasaron de 165 mil hectáreas en 2000 a 112 mil hectáreas en 2015, pero la cocaína colombiana siguió fluyendo en cientos de toneladas al año hacia Estados Unidos porque los consumidores de ese país nunca dejaron de demandarla. Un paso adelante, dos pasos atrás Cuando los expertos en drogas hablan del regreso de Estados Unidos a una estrategia antidrogas que ha tenido nulos efectos en la reducción de la oferta y la demanda global de sustancias ilícitas, parten de los avances que hubo en los últimos años en el diálogo hemisférico sobre políticas para enfrentar este fenómeno. Y no es que el énfasis punitivo que impulsa Estados Unidos desde hace medio siglo, cuando declaró la guerra a las drogas, hubiera terminado por ceder su lugar a una visión más integral del problema del narcotráfico. Pero al menos durante los ocho años de gobierno de Barack Obama (2009-2017) se abrió un diálogo más constructivo entre ese país –el principal consumidor de drogas en el mundo– y las naciones latinoamericanas, que han pagado un alto costo en muertes y violencia por combatir al narcotráfico. Incluso Obama llegó a plantear en la VI Cumbre de las Américas, en Cartagena en 2012, que el pueblo estadunidense debía entender “el costo que le cobra el narcotráfico a América Latina y el Caribe, lo que socava la capacidad de esos países”. Y ese cónclave terminó con un mandato a la OEA para evaluar la efectividad de la estrategia antidrogas impulsada por Washington desde hace medio siglo y “explorar nuevos enfoques”, entre ellos el de abordar el fenómeno como un problema de salud pública, no policiaco, y la posibilidad de que los Estados asuman la regulación de drogas como la mariguana. De hecho, por decisión de los votantes el consumo recreativo de mariguana es legal en seis estados de Estados Unidos, así como en el Distrito de Columbia, sede de los poderes públicos de ese país. Y a partir del 1 de enero, tanto en California como en Nevada, cualquier mayor de 21 años puede poseer legalmente hasta 28.3 gramos de esa droga y fumarla en su casa o en espacios privados. Además, en 38 de los 50 estados de ese país es legal el uso medicinal de la ­mariguana. Este reportaje se publicó en la edición 2114 de la revista Proceso del 7 de mayo de 2017.