Vuelve la falacia: Latinoamérica, “culpable” del consumo de drogas

BOGOTÁ (Proceso).- Como en los viejos tiempos, Estados Unidos responsabiliza a América Latina del aumento en el consumo de drogas en su territorio. The Washington Post aseguró, en su edición del 5 de marzo y citando informes del Departamento de Estado y encuestas de salud, que el consumo de cocaína en Estados Unidos va en ascenso y que ello se debe al crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia.

Señaló que, según el Departamento de Estado, las plantaciones de hoja de coca en Colombia crecieron 97% entre 2013 y 2015, mientras que la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de ese país indicó que el número de jóvenes estadunidenses que usó cocaína por primera vez creció 61% en ese mismo periodo.

A partir de esos datos, The Washington Post concluye: “Este aumento en el consumo (de cocaína en Estados Unidos) se puede atribuir directamente a la abundante cosecha colombiana” de hoja de coca.

Para Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes de Colombia, esa conclusión es “una falacia que no tiene ningún sustento en la evidencia”. Se origina, dice, “en dos falsos supuestos”: que el consumo de cocaína ha registrado un repunte significativo en Estados Unidos –algo que ningún estudio de ese mismo país avala–, y que el aumento de cultivos de hoja de coca en Colombia automáticamente provoca un incremento en la llegada de cocaína al mercado estadunidense.

El reporte del Post –publicado en vísperas de que una misión de alto nivel del gobierno de Estados Unidos visitara Colombia para tratar el tema del crecimiento de los cultivos ilícitos–, “utiliza datos de manera amañada”, asegura Zuleta a Proceso.

Y lo hace, considera, “porque no supieron leer las estadísticas o porque su interés es argumentar que ‘como en Colombia aumentan los cultivos, por eso consumimos más cocaína nosotros’. Y es que esa es precisamente la conclusión de The Washington Post”.

Zuleta no sólo refuta ese planteamiento –que parece sacado de los años ochenta y noventa, cuando Estados Unidos “certificaba” si el resto de las naciones del mundo hacía bien o no la tarea en la lucha contra las drogas–, sino que lo desacredita con una medición que, además de tomar en cuenta las hectáreas de hoja de coca cultivadas en Colombia, incorpora, también, las toneladas de pasta base y cocaína incautadas en el país.

Con esta combinación de variables, el director del Cesed –un centro de estudios sobre drogas con prestigio internacional– determinó que la cantidad neta de cocaína colombiana en los mercados externos ha caído desde 2011, cuando se ubicó entre 290 y 350 toneladas, y en 2015 la oferta de esa droga habría llegado a un máximo de 170 toneladas.

Para obtener esas cifras, contabilizó la hoja de coca que producen los cultivos ilícitos y la pasta base y la cocaína que pueden producir. Y en cada fase de esa cadena restó las incautaciones hechas por las autoridades.

La “métrica” de Washington

El año pasado, por ejemplo, cuando según el Departamento de Estado estadunidense las plantaciones cocaleras en Colombia llegaron a 188 mil hectáreas y la producción potencial de cocaína se ubicó en 710 toneladas, las incautaciones de esa droga ascendieron a 378 toneladas, una cifra 2.2 veces superior a la de tres años antes.

Es decir, así como han aumentado los cultivos de hoja de coca en Colombia, han crecido las incautaciones de cocaína. Sólo entre 2014 y 2015 éstas se incrementaron 71%, al pasar de 148 toneladas a 253 toneladas.

“La métrica con la cual los medios y muchos analistas juzgan el éxito de la política contra las drogas está anclada en el pasado, porque se basa en el área de los cultivos de coca; pero la evolución de las incautaciones ilustra la inconveniencia de seguir utilizando ese referente como variable indicativa del éxito en esa lucha”, dice Zuleta.

Considera que cualquier diagnóstico “basado en estas falacias va a conducir a errores lamentables”.

Lo que el académico propone es utilizar la metodología que él ha desarrollado “y mostrar esos datos a Estados Unidos, porque el área de cultivos es un dato cada vez más irrelevante”.

Esa metodología, explica, “está a discusión, y lo que me interesa es que se debata, pero mi punto es que nadie puede asegurar que el aumento de hectáreas cocaleras en Colombia ha provocado un aumento del abasto de cocaína colombiana a Estados Unidos”.

La tesis del Washington Post coincide con la del Departamento de Estado, que en su informe mundial sobre narcóticos, divulgado el 2 de marzo, aseguró que hay “preocupantes indicios de que el consumo de cocaína y su disponibilidad van en aumento en Estados Unidos por primera vez en casi una década”.

Según Zuleta, si la entrada de cocaína colombiana a Estados Unidos registrara un auge, los precios de la droga habrían bajado, pero desde 2010 se mantienen estables, en alrededor de 150 dólares el gramo al menudeo.

El experto también refuta la afirmación del Post de que ha habido un incremento significativo en el consumo de cocaína en Estados Unidos ya que los estudios citados por ese diario –el National Institute on Drug Abuse y la National Survey on Drug Use and Health– no la sustentan.

La más reciente Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de Estados Unidos señala que 27.1 millones de estadunidenses mayores de 11 años son consumidores de estupefacientes. 7% de ellos usa cocaína, 82% mariguana –que se produce legalmente en varios estados de ese país–, 7.8% drogas que les prescriben los médicos y 0.3% heroína.

Son precisamente la heroína y opiáceos sintéticos, como el fentanilo, las que mayor riesgo a la salud representan en Estados Unidos, donde se registraron 52 mil muertes por sobredosis en 2015, 63% por derivados del opio ilegales o recetados por médicos.

Estados Unidos parece estar regresando a las viejas posturas de culpar a otros países de lo que ocurre en casa en materia de consumo de drogas. De hecho, las agencias antidrogas estadunidenses nunca estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó Colombia en 2015 de suspender la erradicación aérea con glifosato de las plantaciones de hoja de coca. Esa medida se adoptó luego de que la Organización Mundial de la Salud señaló que ese herbicida puede causar cáncer.

Pero los cultivos venían creciendo desde 2013. Según las mediciones del Departamento de Estado estadunidense ese año había en Colombia 80 mil 500 hectáreas de sembradíos de hoja de coca. En 2014 subieron 39% y llegaron a 112 mil hectáreas; y en 2016 llegaron a 188 mil hectáreas. Los cultivos tardan entre uno y dos años en llegar a los mercados en la modalidad de cocaína.

Además, estudios del Cesed indican que para destruir una hectárea de plantíos de hoja de coca es necesario fumigarla con glifosato 29 veces, lo que tiene un costo de 72 mil dólares, que es mucho más de lo que vale la cosecha de ese producto. De acuerdo con estas cifras, Colombia ha gastado en las últimas dos décadas 2 mil 975 millones de dólares en estas tareas, monto que duplica los aportes de Estados Unidos.

Desde 2006, el gobierno colombiano privilegió los golpes a los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico al reforzar el control de precursores químicos, la destrucción de laboratorios de producción de cocaína y la incautación de cargamentos del alcaloide. “Un análisis de la cadena de valor del negocio del narcotráfico permite afirmar que la efectividad de estas estrategias es mayor que la de la erradicación de cultivos. La participación de la hoja de coca en el valor total del negocio es pequeña, de 9%, mientras que la mayor parte del valor está concentrado en el tráfico de cocaína, con 71%”, explica Zuleta.

Con la suspensión de aspersiones con glifosato, el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos se enfocó en un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el cual están inscritas 72 mil familias de campesinos pobres. Cada una de ellas recibirá, si cumple con los compromisos, unos 14 mil dólares en un plazo de dos años para erradicar sus plantíos de hoja de coca y sembrar productos como cacao o pimienta.

Este reportaje se publicó en la edición 2114 de la revista Proceso del 7 de mayo de 2017.

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