Por fin el Congreso aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a dos días de concluir el periodo legislativo, cuando “debió hacerse un trabajo de sensibilización con mucho tiempo” entre los diputados. Especialistas en la materia consultados por este semanario, analizan el proceso de creación de la misma y puntos vertebrales: mal manejo de la participación de la iniciativa privada, omisión del derecho a la educación, ausencia de una consulta a los pueblos indígenas. Incluso, la ambigua definición de “cultura”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Casi treinta años, desde la creación en 1988 del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), hubo de aguardar para que las cámaras de Senadores y Diputados sacaran adelante la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, aprobada por los diputados el pasado 28 de abril, apenas a dos días de concluir el periodo legislativo. Y a pesar de la larga espera, el instrumento jurídico no cumple con las expectativas: denota prisas, omisiones, ha dejado fuera temas como las telecomunicaciones, el de los medios públicos (particularmente los culturales), o el presupuestal. En cambio, ha incluido otros como el patrimonio cultural y las culturas de los pueblos indígenas que podrían crear controversia. Enojo, frustración, oposición, rechazo y más cuestionamientos, es el saldo que deja entre trabajadores de la cultura, académicos e incluso miembros del Consejo Redactor que participó en el proceso de creación de esta ley, la cual llegó a contar con cinco diferentes iniciativas, que derivaron en un documento de 42 artículos separados en cinco títulos: Disposiciones generales. Derechos culturales y mecanismos para su ejercicio. Bases de coordinación. Participación social y privada. Vinculación internacional. Doctorante en Derecho a la Cultura, y miembro del Consejo Redactor, Carlos Alberto Lara siguió de cerca la etapa de la aprobación y admite que la reglamentación ni siquiera era indispensable: “No nos va a dar más presupuesto, ni a solucionar problemas, no vamos a tener mejores funcionarios, eso sería mentira. Lo que hace es transitar de la obligación del Estado a garantizar ciertos bienes y servicios culturales, al derecho ciudadano de acceder a ellos, es decir, ahora sí estamos completos.” Vale recordar que cuando en 1988 se creó el Conaculta por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari, se planteó la necesidad de resolver sus irregularidades jurídicas mediante una ley general de cultura. En 2004 la entonces presidenta del organismo, Sari Bermúdez, impulsó una iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, conocida como Ley Sari. De entonces hubo varios proyectos, ninguno prosperó. En 2009 se estableció el Derecho a la Cultura, mediante la reforma al artículo 4º constitucional. Se dijo entonces que, ahora sí, el paso siguiente, obligado, sería una ley, ya fuese reglamentaria, federal o general. Años y legislaturas pasaron sin resolver ese punto. Luego de las llamadas reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto (energética, fiscal, educativa, entre otras), especialistas de la cultura demandaron como necesaria una reforma cultural. En ese marco, se aprobó en diciembre de 2015 la creación de la Secretaría de Cultura (SC) y a fínales de 2016 se emitió su Reglamento Interno. Ninguno de los dos satisfizo, pero se argumentó: “Es preferible que ya se tenga, aunque sea mal, lo importante es robustecer el sector cultural”. Bajo los mismos términos pasó esta nueva ley. El martes 25 de abril la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, compareció ante el Senado de la República. Tras el acto, los senadores se comprometieron a sacarla. La aprobaron el jueves 27 y se turnó de inmediato a la Cámara baja. Lara afirma que luego de la reforma de 2009 y la creación de la SC, y dado que el acceso a la cultura se materializa en bienes y servicios brindados por el Estado, la ley “debía tener un tratamiento jurídico más que antropológico y en eso insistí mucho”. Relata que el proyecto de los diputados se orientaba más a los derechos culturales, pero el contenido se modificó pues, según él, “falta mucha reflexión académica al respecto”. Le pareció lógico entonces ceñirse al derecho positivo mexicano vigente y hacer una ley general de cultura con un capítulo de derechos culturales (incluidos en el título segundo). No era necesario, continúa, hacer un catálogo de 39 o 40 derechos, sino apegarse a la técnica jurídica (interpretación y aplicación de la ley) y al modelo mexicano. Entraron también los puntos de vista de la Secretaría de Cultura y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, lo cual es “normal” pues son las instancias que operarán la ley: “Ellos querían una ley pequeña, lo más liviana posible. Una ley reglamentaria de los artículos 4º y 73 constitucionales, como lo pidió en su momento Rafael Tovar y de Teresa (primer secretario de Cultura). Al final quedó una ley general, que parece por momentos reglamentaria.” Se critica que la ley invade facultades de los Estados, Lara responde que hay un nuevo paradigma constitucional y son normales los acuerdos y desacuerdos. Se tiene la opción de ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que decida la inconstitucionalidad, o no, en los desacuerdos. De hecho, involucrar a la Corte contribuirá a “desarrollar la cultura en su vertiente jurídica y no en la sobada y resobada vertiente antropológica”, el problema “es que hay pocos abogados dedicados al tema”. –Es la antropología la que ha tenido el conocimiento de las culturas, ha estado cerca de los pueblos, las comunidades, las culturas rurales, urbanas indígenas, afromestizas, ¿por qué cambiar a un modelo jurídico, sobre todo cuando una de las críticas es que México está lejos de ser un Estado de Derecho? –Sí, no digo alejar a la cultura de la antropología, sino verla no solamente a través de la antropología; tiene una vertiente jurídica, no es sólo un fenómeno sino un derecho y está en la Constitución, en los tratados internacionales. ¿Qué nos ha ayudado a evolucionar los conceptos? Pues el análisis antropológico. Lamenta que en el ámbito legislativo y aun de la propia SC y Consejería Jurídica de la Presidencia no se comprenda. Hubo quien partía, dice, de la idea de que los derechos culturales no existen, y es que “debió hacerse un trabajo de sensibilización con mucho tiempo, no al final del periodo legislativo”. Finalmente salió la ley, “no como queríamos, pero es una base para desarrollar la legislación cultural y yo la suscribo, no voy a decir que no, suscribo el documento”. Es un error, precisa, que muchos se consideren los destinatarios, pues no es para libreros, cineastas, creadores, sino para garantizar derechos culturales a los ciudadanos. En ese sentido no todo tiene que estar plasmado ahí, pueden darse casos como el del cineasta Víctor Ugalde que, sin ley, acudió a la Corte a denunciar la mutilación de dos de sus películas por parte de TV Azteca y ganó. –Pero si alguien como Víctor Ugalde debe seguir recurriendo a la Corte de manera individual, ¿para que una ley?, ¿no se pudieron dejar consignados ciertos temas? –¡Claro! ¡La ley no era necesaria!, lo dije desde el principio en los foros, en las cámaras, se puede acudir a la Corte, yo fui a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin ley, existe un bloque constitucional. –¿Entonces fue un cuento la necesidad de la ley? –No, es mejor tenerla, robustece el desarrollo de la legislación cultural en México, pero hay que ponerla en su justa dimensión. Defensa antropológica El pasado jueves 4 de mayo, el abogado y antropólogo Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural, presentó un análisis de la nueva ley en el Museo Nacional de Arte, centrado en tres ejes: Su proceso de creación, que abarcó distintas etapas; contenido y estructura; y repercusiones en el sector cultural una vez que sea publicada por el Ejecutivo. Momentos antes de ese hecho, describió a Proceso las diferentes etapas: La primera está relacionada con el proyecto presentado por la senadora del PAN, Blanca Alcalá, en su opinión el más aproximado a la seriedad, pero “bloqueado y rechazado por distintos sectores”. Luego, una de disputas entre las dos cámaras, en la cual cada una organizó sus propios foros de consulta. Una más en la de Diputados, “muy suspicaz y poco entendible, de la cual tendrán que rendir cuentas tarde o temprano”, en la que se conformó el llamado Consejo Redactor, que ante la imposibilidad legal de redactar una iniciativa elaboró un Documento Orientador, que a los pocos días formó parte de la iniciativa de ley de esta cámara. Los senadores, a su vez, contrataron a una asesora que elaboró el proyecto presentado por el senador del PRD Gerardo Sánchez. A partir de ahí derivó la negociación política tras la cual se aprobó la ley. En opinión del antropólogo, contempla el 50% de lo propuesto por Alcalá, y el resto proviene de la iniciativa de Sánchez y la senadora Angélica de la Peña, y del Documento Orientador. Si bien Cottom reconoce una parte “noble” en la ley, como la idea de los derechos culturales, señala que quedaron truncos; no se quiso reconocer, por ejemplo, el derecho a la educación. Pero confía en que se establezca en un catálogo de derechos culturales. Igualmente le parece útil lo relativo al Sistema de Información Cultural o la Reunión Nacional de Cultura, que ya existen hace años, pero se formalizaron en el documento como una política y no podrá venir un secretario de Cultura a modificarlos por capricho. En cambio, le parece lamentable cómo se manejó el tema de la participación del sector privado, pues si bien hay personas y experiencias muy generosas, advierte que vincularlos obligatoriamente con el ejercicio de la política cultural del Estado mexicano puede traer incertidumbre y conflictos. Por ejemplo, en temas como la conservación, investigación, restauración de los monumentos y el patrimonio cultural, “es una desmesura”. Se está analizando “muy cuidadosamente” el contenido de la ley en materia de monumentos, pues en su opinión no era necesario incluirlo en esta legislación. Ya está en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigente. Y en el caso del patrimonio intangible podrían estarse invadiendo funciones de las entidades. A diferencia de Lara, considera que la política del gobierno federal no debe invadir las facultades de las entidades federativas, le parece una falta de respeto a sus atribuciones. En lo relativo a las culturas indígenas, aclara que debió consultarse a los pueblos indígenas, pues así lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De otra parte, el especialista responde a lo señalado por Lara en el sentido de que se quiso priorizar en este nuevo ordenamiento la parte jurídica de la cultura y no la antropológica: “Me parece que plantear esto sí es una imprudencia, una falta de respeto no sólo a las instituciones que, durante prácticamente toda la existencia del Estado mexicano a partir del siglo XIX, han aportado mucho a la construcción de la política pública.” Enfatiza que nadie, por ignorancia o desconocimiento, podría tratar de priorizar lo antropológico por encima de lo jurídico, o lo jurídico por encima de lo histórico o lo arquitectónico, sería “una falta de respeto y una ignorancia de lo que ha sido la historia de las políticas públicas de este país”. Este tipo de posturas “peligrosas”, sigue, sólo confrontan a la comunidad: “No sé qué tienen en contra de los antropólogos y los sindicatos, eso de entrada daría materia para interponer una denuncia por discriminación, por exclusión. Estas cosas no abonan, lo único que demuestran es que deliberadamente excluyeron a estos sectores, demuestra que hubo un interés muy particular, de un sector centrado en la parte económica, para tratar de darle un trato distinto a lo que ha sido un modelo educativo y de servicio público a la cultura. “Agregaría que se pusieran a estudiar la historia de la construcción de las políticas públicas. Para empezar en la historia del pensamiento, el origen del concepto de cultura lo defendió durante muchísimo tiempo la filosofía, y la antropología lo heredó precisamente de todo este mundo de conocimiento filosófico, y es la antropología la que llevó a crear una diversidad de instituciones que jurídicamente han formado parte de la estructura orgánica de este país. Que alguien me venga a decir ahorita priorizar lo jurídico por encima de la antropología es hacer gala de su ignorancia.” Las prisas Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Yucatán, Esteban Krotz, cuyos estudios han abarcado la relación entre el campo jurídico y la antropología, expuso hace unas semanas –luego de revisar las diferentes iniciativas de ley– que se puso el acento en el acceso a los bienes y servicios culturales del Estado, por la gran desigualdad social del país. Aparecen términos como el “uso” (en las iniciativas anteriores el de “consumo”) pero no se habla de los aportes de los grupos humanos a la cultura nacional y universal. Resaltó también la carencia de una perspectiva latinoamericana de la cultura, esto es la participación y pertenencia a un bloque de sociedades y culturas que han tenido una historia común, lo cual reitera el título de la famosa obra de Guillermo Bonfil Batalla México profundo: Una civilización negada. En su opinión debió ser un tema, especialmente en estos momentos, por la actitud que ha tomado el gobierno de Donald Trump hacia México. Se habla también, agregó, de la creación de bienes culturales a través de la digitalización y la omnipresencia de los dispositivos móviles conectados a internet (tecnologías de acceso a la información), pero si se piensa en “políticas culturales, significa la necesidad ineludible de manejar las técnicas y las tecnologías… y en seguida, no en algo etéreo ni simbólico, sino en el derecho humano a la electricidad, al derecho humano al internet”. Ya aprobada la ley, el investigador encuentra desde “una primera lectura”, que el texto se elaboró muy rápidamente, sin cuidado, y “el problema es que tiene una definición bastante ambigua de lo que significa cultura, lo mismo la define como las expresiones de la vida de la comunidad que como las bellas artes o las acciones que promueve el Estado, no hay cohesión”. Coincide también en que, hasta donde tiene conocimiento (y trabaja con varias comunidades mayas en Yucatán), no hubo ninguna consulta a los pueblos indígenas. Y es que, añade, hay una tendencia a cierta comercialización del patrimonio, no sólo arquitectónico, a través de empresas turísticas, hay un interés cada vez mayor en la espectacularización de las culturas indígenas. Habrá que ver, concluye, cómo viene el reglamento de la ley, que se supone deberá expedir el ejecutivo federal a los 180 días naturales, contados a partir del día de entrada en vigor de la ley. Este reportaje se publicó en la edición 2114 de la revista Proceso del 7 de mayo de 2017.