CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el “problema crónico” del agua en México, la nueva Ley General de Aguas deberá priorizar el consumo humano de ese recurso por encima de cualquier otro uso –ya sea industrial, minero o energético-- y garantizar su asequibilidad, calidad y disponibilidad, asevera Leo Heller, relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua, el Saneamiento y el Alcantarillado. Al concluir su visita de 10 días en México, en entrevista con Apro, el experto de origen brasileño deplora que aún no se haya adoptado una “ley de aguas actualizada” para resolver los “problemas graves” en materia de disponibilidad y calidad que persisten en el país. Estos problemas quedaron plasmados en un informe preliminar que Heller presentó hoy al público, ante quien recordó con pésame las palabras que escuchó de un experto mexicano, según el cual el sector del agua del país “subsiste con vida artificial”. Durante su estancia en el país, el relator de la ONU observó el agua insalubre de Iztapalapa en la Ciudad de México, constató que siete de cada 10 capitalinos reciben el recurso natural durante menos de 12 horas al día y que una comunidad en Veracruz la tiene apenas tres horas al mes. También vio cómo comunidades indígenas en Chiapas recolectan el líquido de fuentes contaminadas; visitó plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan, escuelas sin baños ni bebederos, y se enteró del costo inmenso que representa la compra de manera embotellada o en pipas para los hogares más humildes. Aun así, el gobierno mexicano presume que la infraestructura permite acceso al agua y al saneamiento a más de 90% de la población. Estas cifras “pueden reflejar una parte de la realidad”, sostiene el experto, pero responden a una lógica “tecnocrática” que corresponde a la medición del cumplimiento de los Objetivos Del Milenio. En esta medición, precisa, “lo importante es tener una red de agua en la calle, sin importar la calidad del agua”, ni que corra las 24 horas del día, ni tampoco que sea tratada de manera adecuada. Recorte “inaceptable” “Lo preocupante es utilizar estas cifras para decir que ‘el sector está muy bien, estamos cuasi universalizados, no es necesario más inversión pública’ y justificar recortes presupuestarios. Las cifras no deberían utilizarse así”, dice con alarma. El experto se refiere a la reducción brutal de 37% al presupuesto de los servicios esenciales del agua que el gobierno federal realizó en 2017. Un “recorte injustificable” que, según el informe preliminar del experto, tiene un “potencial efecto dramático en la progresiva realización de los derechos humanos al agua”. -¿Este recorte implica que los derechos humanos al agua no son una prioridad para el gobierno mexicano? -Podría decir que sí. Fue un recorte muy significativo y hay necesidades muy importantes de inversión, sobre todo para apoyar los municipios. De acuerdo con el análisis de Heller, el andamiaje legal mexicano pone la carga de los sistemas del agua potable en los municipios, los cuales carecen de recursos para ofrecer servicios de calidad, lo que podría acelerar los procesos de privatización del agua. “Hay un cierto abandono de las administraciones municipales que se ve en el deterioro de la prestación de los servicios. Esto pasa en sistemas frágiles y puede llevar una tendencia a concesionar a actores privados. Lo que me preocupa sobre todo son las concesiones a actores privados con regulaciones muy débiles”, plantea. La privatización de los servicios de agua, en un marco regulatorio casi inexistente como el mexicano, afectaría en primer lugar a los más pobres, según el experto. Las empresas, guiadas por la búsqueda de ganancias, elevarían las tarifas sin necesariamente extender el servicio a las zonas marginadas, dice. Y advierte que, en un sistema de agua operado por el sector privado, la corrupción de los funcionarios municipales puede entorpecer aún más el camino hacia el acceso universal a los derechos humanos vinculados con el líquido. Segundo plano “Hay que enfatizar en que México tiene obligaciones internacionales y constitucionales de garantizar el derecho humano al agua a su población”, asevera el relator de la ONU, al recordar que el “problema crónico” del acceso y el saneamiento en México “no es compatible” con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) “elevado” del país. Durante su visita al país, el experto recibió mucha información sobre los efectos negativos de ciertas actividades económicas sobre los derechos humanos al agua, entre ellos los proyectos hidroeléctricos, la extracción de hidrocarburos, el “cracking”, o el uso descontrolado de pesticidas. “Llama la atención que muchos proyectos de desarrollo y económicos están comprometiendo el agua de dos maneras: Una, porque priorizan otros usos que no es el doméstico, y otra porque la contaminan”, advierte. “El problema de la contaminación del agua natural, de los ríos, los acuíferos y las aguas subterráneas puede tener un impacto a los derechos humanos al agua cuando este río está contaminado tiene una función de abasto de agua, y esto es muy frecuente en México, sobre todo porque muchas veces los sistemas colectivos de agua son precarios y la gente tiene que recurrir a las fuentes naturales para abastecerse”, observa. El relator narra que, según legisladores y funcionarios, los derechos civiles y políticos tienen prioridad para el gobierno mexicano --en medio de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país-- y los derechos sociales y culturales permanecen en segundo plano. “Esto no es aceptable”, sostiene Heller. “Hay que colocar los derechos humanos en el mismo pantanal de prioridades”. Y es que, de acuerdo con el especialista, “el principio fundamental de los derechos humanos del agua es su uso prioritario para el consumo humano. Cuando hay más prioridad a otros sectores, hay una violación de estos principios. Esta prioridad “debería ser una parte muy esencial de la estructura legal mexicana”. -¿Siente que existe esta voluntad? -Debo confesar que no me concentré en este punto. Muchas organizaciones presentaron casos al respecto, muy preocupantes. Heller dice que conversó con actores involucrados con las iniciativas de Ley General del Agua que elaboró el Ejecutivo federal y sostiene que estaban “bastante lejos de los principios de los derechos humanos”. CDMX, “sin programa” En la Ciudad de México, el relator de la ONU, Leo Heller, visitó barrios de Iztapalapa, donde constató la pésima calidad del agua y recibió testimonios de hogares donde ésta corre durante escasas horas al día. También dimensionó el problema de la sobreexplotación del líquido en el Valle de México y escuchó quejas de que el gobierno capitalino extrae el recurso de manantiales para abastecer zonas hoteleras o comerciales, en detrimento de la población local. “Hay una tendencia de cuanto más pobre, menos horas por semana recibe de agua. Esto acontece cuando los sistemas no funcionan bien. Además, hay comunidades que no están conectadas con los sistemas (por ejemplo), en Xochimilco e Iztapalapa. Hay un padrón de exclusión y puede ser de discriminación, porque muchos de los excluidos son indígenas”, lamenta. Al reunirse con funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el experto percibió dos tendencias en los discursos de las autoridades: una pesimista, que señala la falta de recursos, la mala recaudación y el mal diseño institucional; y otra optimista, marcada por un ánimo de mejorar la situación. Sin embargo, cuestionado si el gobierno capitalino le presentó un programa para resolver los múltiples problemas que aquejan los habitantes de la zona más poblada del país, Heller contestó: “No, no me informaron sobre la existencia de un programa”. Durante su visita en Chiapas, el relator de la ONU quedó impactado por la situación de San Cristóbal de las Casas, donde las aguas residuales fluyen sin tratamiento hacia los canales de irrigación que abastecen de agua a los cultivos de hortalizas y frutas, las cuales se venden en los mercados de la ciudad. “Es muy impresionante. Fui a visitar las descargas finales de las aguas residuales y es muy preocupante, (…) la población consume los contaminantes que la ciudad ha generado”, deplora. Otro tema “inaceptable” que observó en el estado sureño fue que apenas 12 de 194 plantas de tratamiento se encuentran en operación, ya sea por falta de recursos o de operadores capaces de utilizarlas.